Política y Sociedad según datos de aspe

Los ingresos de la Sanidad Privada descienden un 85% desde el decreto de estado de alarma

— Madrid 13 Abr, 2020 - 7:00 pm

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal de la hospitalización privada en España, ha informado de que, según sus datos, “los ingresos del sector han descendido en promedio un 85 por ciento respecto a la situación previa a la publicación del decreto de alarma, mientras, al mismo tiempo, todos los centros sanitarios, con y sin internamiento, han mantenido sus infraestructuras y equipamientos en diverso grado según su tipología e involucración directa en la gestión de casos de contagio de coronavirus”.

Estos datos responden a la “desprogramación de toda actividad no urgente o preferente ordenada desde el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de promulgación del estado de alarma y, por efecto directo, por la brusca caída de ingresos ante la disminución de la demanda”, explican desde esta organización.

Faustino Blanco

“Mientras los hospitales privados siguen focalizados en la atención sanitaria de los afectados, ASPE, como patronal, considera la necesidad de articular estas medidas en el más corto plazo posible, por la imposibilidad de afrontarse pagos ya en abril”, declara el presidente de la Alianza, Carlos Rus. En este sentido, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, dio respuesta a estas peticiones de medidas económicas y de liquidez para la Sanidad Privada.

“El Ministerio de Sanidad expresa ser consciente de la situación de la Sanidad Privada, del difícil papel que está desempeñando, de su esfuerzo y responsabilidad” y “coincide con ASPE en la urgente necesidad de articular medidas que contribuyan a paliar la notable disminución de ingresos en el sector”. Además, “considera que es tarea prioritaria para el Gobierno estudiar soluciones ante la urgencia que la falta de liquidez pueda ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando”, asegura esta Alianza.

Protección de sanitarios

Tal y como informa la Organización Médica Colegial (OMC), las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y Amnistía Internacional (AI) enviaron una carta a las autoridades sanitarias “para pedir que se refuerce la protección al personal sanitario que atiende en España a pacientes infectados con el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid-19”.

Asimismo, la OMC declara que “la Asociación Médica Mundial (AMM) se ha sumado a otras profesiones de la salud en el llamado a los jefes de Estado del G20 y los Gobiernos a adoptar medidas coordinadas para asegurar la seguridad de la cadena de suministro de equipos de protección personal para todos los profesionales de la salud y sus colaboradores que están en la primera línea en el combate contra el Covid-19”.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería (SATSE) denunció, ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), “el incumplimiento manifiesto y reiterado de numerosas normativas y directivas europeas, así como legislación española, en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Estado español, al no evitar que los trabajadores sanitarios ejerzan su labor desprotegidos contra el Covid-19”.

Esta organización sindical reitera “que se han desoído todas las advertencias realizadas desde la Unión Europea (UE) y otras instancias internacionales, para evitar el contagio entre los trabajadores, lo que ha sido determinante para que seamos el primer país del mundo en profesionales sanitarios contagiados”. “La UE realizó un llamamiento a la compra de recursos y materiales sanitarios, de forma reiterada, y aun así el Estado español seguía manifestando el 13 de febrero de 2020, que España tenía suficiente suministro y equipos personales de emergencia”, apunta.

Test a profesionales

El Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia (CMB) manifiesta que “no le consta que se estén haciendo pruebas de diagnóstico del coronavirus a todas sus médicas y médicos” y considera “fundamental identificar fehacientemente a las y los profesionales que pudieran estar infectados para evitar convertirse en focos de contagio para las personas pacientes y para sus familias”.

Además, el CMB recuerda que, “el pasado 3 de abril, Osakidetza hizo pública una modificación del protocolo para las condiciones de alta de las y los trabajadores del Servicio Vasco de Salud afectados por el Covid-19 por medio de la cual se ha determinado que, a pesar de dar positivo en la segunda PCR, deben incorporarse a trabajar”. Por ello, solicita “que las y los profesiones sanitarios que han enfermado por Covid-19 no se incorporen al trabajo hasta que sus pruebas den un resultado negativo”.

Muerte por accidente laboral

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos del sindicato Unión general de Trabajadores (FESP-UGT) insta al Gobierno “a considerar como muerte por accidente laboral la de aquellos trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales que pierdan la vida por el Covid-19”.

Por su parte, el sindicato médico madrileño Amyts se hace eco de una iniciativa de desarrollo de una aplicación de seguimiento de profesionales sanitarios que, bajo el nombre Escudo Sanitario, se trata de una app de autodeclaración y visualización del estado de salud y protección de todos los profesionales sanitarios durante la pandemia. “Mediante esta herramienta de notificación voluntaria, los datos referidos al nivel de protección y contagio de los profesionales sanitarios quedan agrupados para poder construir un mapa de toda España en abierto y de manera actualizada”, explica.

La patente de la vacuna

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) insiste en que, “con motivo de esta crisis, conocemos cómo las empresas farmacéuticas están trabajando para descubrir una vacuna o medicamentos capaces de tratar la enfermedad y evitar su alta letalidad. Sin embargo, observamos que no surgen de forma natural iniciativas para compartir el conocimiento, la información y el desarrollo con otras empresas y grupos de investigación. La impresión es que en el objetivo añadido final de curar la enfermedad está muy presente la obtención de la patente”.

“Además, si al final y pese a la emergencia sanitaria mundial, la exclusividad de la patente permite que los precios fijados sean altos, millones de ciudadanos en el mundo y cientos de países no podrían pagar los tratamientos”, advierte esta organización, Por este motivo, recuerda que “el Estado está habilitado para obligar a las empresas farmacéuticas, en una situación como la actual, a suministrar el medicamento o vacuna a precios asequibles y en cantidad suficiente. Si no respondiera a estos requerimientos, se aplicaría de forma inmediata la licencia obligatoria”, lo cual ya se planea en “otros países”, como “Canadá y Chile”.

“Otra posibilidad de actuación del Gobierno es aún más radical y consiste en la expropiación de la patente que permite al Estado, por razones de necesidad social e interés público, convertirse en propietario de la misma con una compensación fijada”, destacan desde la AAJM.

Bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un grupo de especialistas trabaja en el desarrollo de vacunas contra el Covid-19, quienes hacen un llamamiento a todo el mundo “para que sigan las recomendaciones para prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de las personas” y aplauden “la implementación de medidas de intervención comunitaria que reducen la propagación del virus”.

Recursos para la ciencia

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) emitió un comunicado , firmado junto a otras organizaciones, en el que considera “imprescindible garantizar los recursos e instrumentos suficientes para que la ciencia pueda desempeñar con la solvencia necesaria los cometidos en la resolución de la epidemia actual”.

Así, FACME indica que es inaplazable “activar un sistema de información adecuado y dimensionado a las nuevas expectativas de flexibilidad e inmediatez que demanda la información científica, desplegar una red de asesoramiento científico a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, transparente e independiente, que debería estar cubriendo la totalidad de los niveles de la Administración, y que la Agencia Estatal de Investigación disponga de la autonomía necesaria para gestionar los recursos destinados a la ciencia con un presupuesto plurianual”, entre otros factores.

Entrega de medicamentos a domicilio

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la ONG Cáritas suscribieron un nuevo acuerdo para que su red de voluntariado colabore con las farmacias en la entrega domiciliaria de medicamentos, con y sin receta médica, productos sanitarios y productos de salud, para evitar desplazamientos y riesgo de contacto de la población más vulnerable. “Para ello, los farmacéuticos contarán con la red nacional de 84.551 voluntarios de Cáritas”, detalla la primera de las partes.

Este convenio se sumó al firmado también con Cruz Roja, con el fin de asegurar la continuidad y adherencia a los tratamientos y como medida excepcional ante la infección por el Covid-19. El presidente del Consejo, Jesús Aguilar, señala que, “de esta manera, las 22.00 farmacias y los casi 85.000 voluntarios de Cáritas podrán contribuir a solucionar una emergencia de los ciudadanos en estos momentos”.

Jesús Aguilar

Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) actualizó las medidas llevadas a cabo para aumentar la disponibilidad de geles y soluciones hidroalcohólicas y autorizó la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para manos a nueve empresas fabricantes de cosméticos y fármacos, un listado que se puede consultar en su web.

Papel de la Pediatría

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que se celebró el 12 de abril, la Asociación Española de Pediatría (AEP) subraya el papel fundamental que tienen los profesionales de este nivel asistencial en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en concreto, el de la Pediatría de Atención Primaria para mantener el modelo pediátrico español.

Así, el vicepresidente de Atención Primaria de la AEP, el doctor Juan Ruiz-Canela, destaca que “ante la situación especial en la que estamos de crisis sanitaria porel Covid-19, la Atención Primaria española es, y continuará siendo, crucial en la gestión de la pandemia, ya que está situada en la base asistencial de la curva epidemiológica, tanto en las primeras fases de transmisión comunitaria como en el seguimiento final de las altas hospitalarias”.

El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (CESM Granada) elaboró un informe, referente al 12 de abril, para valorar la evolución de los datos sobre coronavirus en cada comunidad autónoma, aportados por la cartera sanitaria del Ejecutivo, y calcular la tasa por 100.000 habitantes de confirmados. De esta manera, confirma que en España, la tasa de confirmados por cada 100.000 habitantes es de 352,5.