Política y Sociedad Examen Periódico Universal, de Naciones Unidas

La sanidad, en el análisis de la ONU sobre derechos humanos en España

— Madrid 20 Ene, 2015 - 7:32 pm

Mañana, miércoles 21 de enero, delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas someterán a escrutinio el comportamiento de España en materia de derechos humanos; el Gobierno español responderá por su actuación, “incluido el deterioro de derechos que está causando el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad generado por la imposición de las políticas de austeridad en el país”, como señalan Médicos del Mundo, Red ACOGE, Amnistía Internacional y el Center for Economic and Social Rights (CESR), en especial en lo referente al derecho humano a la salud.

Esta es la segunda comparecencia de España, bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), como recuerdan las organizaciones señaladas, ya que la primera fue en el año 2010. Este examen “se produce después de varios años de crisis económica y de implementación de medidas de austeridad que han afectado a los derechos sociales de las personas, en particular de aquellas más marginadas y en situación de exclusión social”, destacan desde estas entidades.

El especialmente afectado derecho humano a la salud

La austeridad española ha sido particularmente negativa para el derecho humano a la salud, como señalan en un comunicado las ONG mencionadas. “España exhibe una de las caídas más severas en el gasto en sanidad, que ya era bajo para el promedio de países europeos. La aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16), que buscaba una recuperación financiera de ese sector en el corto plazo por encima de las consideraciones de derechos humanos, ha quebrado el sistema público de cobertura universal en salud existente en España”, recuerdan .

Informes publicados por las organizaciones signatarias destacan “que después de dos años desde la aprobación de la reforma sanitaria, ésta ha puesto vidas humanas en riesgo”. Asimismo, han dado a conocer el hecho de que “el RDL 16/2012 le ha arrebatado aproximadamente a 873,000 personas migrantes en situación administrativa irregular la posibilidad de acceder a los servicios públicos de salud con excepción de la atención de urgencia, embarazo y a los menores, solicitantes de asilo y víctimas de trata con fines de explotación sexual durante el periodo de restablecimiento y reflexión”.

Estos hechos implican que el “acceso a los medicamentos para las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud que sufren enfermedades graves o crónicas implica que éstas deben pagar el 100% del coste de los medicamentos. Adicionalmente, el incremento del copago farmacéutico, según recoge un documento de análisis elaborado por el Center for Economic and Social Rights (CESR), ha conducido aproximadamente al 15% de la población española – en particular las personas mayores- a abstenerse de obtener las medicinas que necesitan”. Además, Médicos del Mundo ha denunciado en varias oportunidades irregularidades en la aplicación del RDL, tales como la facturación de la atención médica de urgencias.

La salud de las mujeres, en riesgo por los drásticos recortes

Médicos del Mundo, Red ACOGE y CESR ponen de relieve que “la salud de las mujeres también está en riesgo debido a los drásticos recortes en los presupuestos públicos dedicados a la igualdad y a la erradicación de la violencia de género (33% de reducción desde 2009)”. Recuerdan las organizaciones, que el “Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres en la Ley y en la Práctica mostró su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sanitaria en las mujeres migrantes en situación administrativa irregular debido a que la atención médica constituye una vía fundamental para la detección de las víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual”.

Nueva oportunidad para rendir cuentas

España ya “fue severamente criticada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) respecto a las medidas de austeridad que había empezado a aplicar y recomendó su revisión”, en el 2012. En materia de salud, recuerdan las organizaciones defensoras de derechos humanos, “recomendó a España que las reformas no limiten el acceso a los servicios de salud de las personas sin importar su situación administrativa”.

Asimismo, “el carácter discriminatorio e injusto de ciertas políticas y medidas de austeridad ha sido claramente enfrentado por varias Relatorías y Expertos Independientes de Naciones Unidas, y por organismos europeos de derechos humanos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo, el gobierno de España ha ignorado estas recomendaciones y no ha tomado medidas para remediar esta situación. En estos dos años de vigencia del RDL 16/2012, el Gobierno no ha publicado ningún análisis del efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el colectivo de las personas migrantes ni de las consecuencias en la salud de esta población; tampoco ha analizado el posible efecto en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata”, concluyen las organizaciones, a la espera de lo que suceda en Ginebra.