Política y Sociedad Ante los recursos del Consejo General de Enfermería y SATSE

El Tribunal Supremo deniega la suspensión cautelar del art. 3.2 del RD de Prescripción Enfermera

— Madrid 5 Feb, 2016 - 7:02 pm

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado este viernes, 5 de febrero, al Consejo General de Enfermería y al Sindicato de Enfermería (SATSE), integrantes ambos de la Mesa de la Profesión Enfermera, que deniega la suspensión cautelar del artículo 3.2 del Real Decreto de Prescripción Enfermera, por lo que “debe aplicarse a rajatabla”, destacan desde la Mesa.

mesa_supremoSegún manifiesta la mencionada organización, el Alto Tribunal informó a sus integrantes, a través de sendos autos, “prácticamente idénticos”, de este extremo. En este sentido, declaran desde la Mesa que “el magistrado ponente no entra en el fondo de la cuestión y simplemente valora si la aplicación de dicho artículo causaría o no perjuicios graves a terceros”, lo que no es óbice para que cometa “algunas imprecisiones” en el auto.

“Sin perjuicio del absoluto respeto que siempre mostramos por las decisiones judiciales, entendemos que se han producido en la misma importantes errores conceptuales y valoraciones que consideramos no ajustadas a Derecho y que motivarán la interposición del pertinente recurso de súplica”, sostiene al respecto la Mesa de la Profesión Enfermera, que añade que las consecuencias de la norma que advirtió “vienen confirmándose por las distintas manifestaciones publicas en contra del Real Decreto realizadas por las comunidades autónomas, sindicatos médicos, y asociaciones y sociedades científicas de médicos”.

A juicio de esta organización sanitaria, el Tribunal Supremo “ha optado por denegar la suspensión cautelar y avalar la aplicación a rajatabla del Artículo 3.2 del Real Decreto anti Prescripción Enfermera”. “En su veredicto final deniega la suspensión porque entiende que no es argumento válido alegar como daño derivado de la vigencia del precepto impugnado las consecuencias que trae en el funcionamiento de los servicios asistenciales y que tal circunstancia de hecho se pruebe o, al menos, se justifique, sobre la base de la reacción de partidos, sindicatos o de algunas comunidades autónomas frente al Real Decreto 954/2015”.

Considera que lo buscado es “acentuar las garantías en el tratamiento”

“En definitiva, el tribunal entiende que a pesar de sus consecuencias en la atención sanitaria, el citado artículo debe cumplirse en toda su extensión”, prosigue la Mesa de la Profesión Enfermera, que añade que esta instancia judicial “argumenta que así se garantizaría una mejor asistencia al mediar la supervisión por el personal prescriptor que es, en definitiva, quien instruye el tratamiento, y asegura que lo buscado por el Real Decreto es acentuar las garantías en el tratamiento de los pacientes”.

La organización que engloba al Consejero General de Enfermería y SATSE indica también que la desestimación de sus recursos por parte del Tribunal Supremo establece que “tanto para el uso como para la indicación y autorización de la dispensación de medicamentos de prescripción médica por parte de los enfermeros resulta imprescindible que el médico realice un diagnóstico, prescriba el medicamento, elija el protocolo y posteriormente realice un seguimiento continuado de la aplicación de dicho protocolo”.

Al respecto, la Mesa de la Profesión Enfermera señala que varias regiones “se han dirigido a los enfermeros asegurando que el Real Decreto no es aplicable en sus territorios”, ante lo que el auto ratifica “que se trata de una norma básica de obligado cumplimiento en todo el Estado”.  Además, y a pesar de que insiste en que respeta la decisión judicial, afirma que lamenta “el desafortunado auto del Tribunal Supremo, que denota un sorprendente desconocimiento de la realidad asistencial, de las relaciones interprofesionales y de la legislación que regula las profesiones sanitarias”.

Así, esta organización sanitaria concluye ratificando su posición “en contra de la modificación del Real Decreto realizada por el Gobierno del PP, a espaldas de la profesión, que supone un perjuicio claro para los ciudadanos y el sistema sanitario y un retroceso para los profesionales de Enfermería”.