Punto de vista para anular la contrarreforma del Partido Popular

Urgente y necesario: Recuperar la universalización.

En materia sanitaria, el nuevo gobierno, en declaraciones rotundas y primeras y decididas actuaciones para lo que ha convocando el Consejo Interterritorial del SNS, ha destacado entre sus primeras actuaciones abordar la recuperación de la universalidad.

Conviene recordar que fue el equipo de Ernest Lluch, en abril de 1986, con él como claro protagonista, el que llevó a término la Ley General de Sanidad, que representó una auténtica ruptura con el modelo asistencial anterior. La ley, muy participada, muy debatida y muy pactada, no logró contar al final, a pesar de los múltiples intentos y bastantes concesiones, con el apoyo del PP, que en el último momento la votó en contra siendo entonces el ponente Romay Beccaría que luego fue ministro de sanidad del PP.

La ley apostó decididamente por el modelo basado en un Sistema Nacional de Salud (SNS), concebido como el resultado de la integración de los servicios de salud regionales, de todas y cada una de las CCAA, que asumían en el modelo constitucional del 78 una muy amplia competencia en la ordenación y gestión de esta importante responsabilidad pública que es amparada por la Constitución en su artículo 43.

Ruptura con el modelo de aseguramiento

La Ley General de Sanidad (LGS) significó, por tanto, una ruptura con el modelo de aseguramiento, de Seguridad Social

El SNS tiene una clara voluntad de universalidad. La salud como derecho ligado a la dignidad de la persona y, por ello, concebida como una prestación universal necesariamente financiada con impuestos.
La Ley General de Sanidad (LGS) significó, por tanto, una ruptura con el modelo de aseguramiento, de Seguridad Social. La sanidad iba a dejar de ser una prestación de la Seguridad Social.

El proceso de paso de financiación por cuotas de empresarios y trabajadores a su cobertura presupuestaria necesariamente tuvo que ser largo, como lo fue su transferencia total a las distintas CCAA, que culminó el 1 de enero de 2002. Un proceso de 16 años. Con la excepción de Ceuta y Melilla, cuya sanidad pública sigue gestionada por el gobierno de la Administración General del Estado (AGE) a través de una muy residual entidad gestora de la Seguridad Social: INGESA.

En suma, un SNS financiado con fondos públicos, universal, de calidad y equitativo. Con una cartera básica de servicios igual para todos los ciudadanos al margen del lugar de residencia y resto de circunstancias.

Real Decreto 16/2012

El gobierno socialista dedicó cuatro años a elaborar una LGS que sigue vigente; el PP, cuatro meses en echarla abajo en sus fundamentos básicos

Y así estaba hasta 2012. En abril, solo a los cuatro meses de haber llegado al gobierno el PP de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, y por Real Decreto Ley (RDL), acabó con las bases del modelo, rompiendo la universalidad, volviendo a un modelo de asegurados y beneficiarios y afectando también seriamente a otro de sus pilares, la gratuidad, al introducir copagos para determinadas prestaciones, entre la que destacó desde el primer momento el copago farmacéutico de los pensionistas.

Se hizo unilateralmente. Sin negociación. El gobierno socialista dedicó cuatro años a elaborar una LGS que sigue vigente; el PP, cuatro meses en echarla abajo en sus fundamentos básicos y bajo la responsabilidad política de una ministra como Ana Mato.

La única justificación fue la urgencia de tomar un conjunto de medidas para preservar la sostenibilidad del SNS gravemente amenazado por la crisis. Un planteamiento simple, de recortes por una parte y de búsqueda de ingresos, por otra, con el copago.

Los desfavorecidos, fuera

Los recortes intentaban justificarse con la expulsión del sistema de los más desfavorecidos: los inmigrantes “sin papeles”. Los nuevos ingresos, a costa de los más indefensos sobre sus propios ingresos, los pensionistas.

Dos herramientas al servicio de un claro planteamiento ideológico. Una expresión nítida del programa máximo del PP en aquellos primeros meses “triunfales” de su inesperada mayoría absoluta.
Desde ese momento, desde la oposición política y ciudadana, se ha reivindicado la vuelta al modelo universal. Se ha pedido de forma insistente por organizaciones ciudadanas, nacionales e internacionales; por profesionales; por pacientes y por todo el entramado de agentes que participan en el sistema su vuelta a la universalidad. Su vuelta a la solidaridad. Su vuelta a la dignidad de la ciudadanía.

Antecedentes recientes

En la legislatura corta de 2015 y en la actual de 2016, ambas sin mayoría del PP, se ha planteado por la oposición, encabezada por el PSOE y Podemos, revertir la situación para volver a la universalización necesaria e imprescindible por motivos indiscutibles de salud, individual, colectiva y pública y de dignidad ciudadana como derecho fundamental.

Se plantearon Proposiciones de Ley articuladas en este sentido y que tenían la suficiente mayoría en el Congreso, pero que fueron objeto de veto por el PP, ayudado de Cs, basándose en el incremento de gasto que pudiera conllevar su aprobación. Una vez más, el presupuesto por encima de la dignidad y del oportunismo, a la vez que no se hacía ni siquiera la cuenta entera de lo que puede significar presupuestariamente una situación de no universalización sanitaria.

Propuesta del nuevo gobierno

El nuevo gobierno socialista se ha planteado revertir de forma urgente y prioritaria una injusta situación

Por ello el nuevo gobierno socialista se ha planteado revertir de forma urgente y prioritaria esa injusta situación. El mecanismo que previsiblemente va a utilizarse es la derogación parcial del RDL 16/2012 en los aspectos que afectan a la universalización

Se ven afectadas parcialmente cuatro normas: la LGS de 1986; la ley 16/2003, de “Cohesión”, aprobada siendo ministra Ana Pastor y que contó con el voto a favor del PSOE; la Ley Orgánica 4/2002, del PP, que reconoció a los extranjeros residentes en España la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que a los españoles, y la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que cerraba definitivamente el proceso de universalización y que debía haber entrado en vigor el 1 de negro de 2012. No llegó a poderse aplicar. Cuatro meses después, el PP acababa con ese largo proceso de incluir a todos los colectivos en el SNS, proceso laborioso que había durado 26 años.

Residuos de Seguridad Social en el Ministerio de Sanidad

El proceso de desenganche de la Seguridad Social de la Sanidad Pública configurada como SNS y financiada con impuestos fue laborioso. La separación de fuentes no se podía abordar más que con prudencia y equilibrios. Estamos hablando de los dos grandes capítulos de gasto del conjunto del presupuesto público: en cifras de hoy, más de 130.000 M€ en pensiones y 70.000 M€ en la sanidad pública. Uno, en caja única centralizada, y otro, transferido a las CCAA.

Pero entre las grandes organizaciones siempre quedan inercias y flecos. Y es el caso. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería siguen presentes en el mundo que compartieron de forma intensa con el SNS. La Ley General de Seguridad Social en su texto refundido sigue haciendo menciones a la sanidad como prestación no contributiva; las tarjetas sanitarias, en muchos casos siguen teniendo conexión con las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social; los ajustes de gastos en los servicios públicos españoles generados por extranjeros y de españoles en otros países europeos siguen siendo gestionados por los responsables de la Seguridad Social, con eficacia mejorable y con retornos a los centros de gasto no siempre correctos, o ajustados, para incentivar su correcta y exhaustiva contabilidad

Mutuas y Mutualidades

Ahí siguen las Mutuas patronales que gestionan enfermedades profesionales y accidentes de trabajo con conciertos, o medios sanitarios propios. Son entidades colaboradoras de la Seguridad Social con financiación relacionada con las cuotas de empresarios y trabajadores y que prestan claramente servicios sanitarios indispensables e importante intermediación en la incapacidad temporal, asunto no menor, ni en su significado ni en su coste.

Las Mutualidades de Funcionarios de la Administración General del Estado (MUFACE), de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (ISFAS), que son el único sistema de aseguramiento sustitutorio en nuestro intrincado sistema asistencial sanitario público-privado. No es un asunto menor. Más de dos millones de ciudadanos concernidos y más de 2.000 M€ financiados por el presupuesto del Estado en un singular sistema que ayuda, en gran medida, a la sostenibilidad, crecimiento y saneamiento del sector sanitario privado. Su dependencia política sigue en los ministerios correspondientes: de Política Territorial y Función Pública, Justicia, de Defensa y en el de Hacienda.

Patrimonio de la Seguridad Social

Por último, pero no menos importante, porque se pone encima de la mesa cuando se tratan de estos asuntos de integrar en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) todo lo que debería ser objeto de su responsabilidad política y sigue por unos y otros Departamentos, es lo relacionado con el patrimonio de la Seguridad Social: es el caso de los hospitales y otros centros sanitarios. Son gestionados, mantenidos y han sido modernizados en el día a día por los sistemas regionales de salud y ello al margen de su amortización como activos en algunos casos con transferencias de los años 80.

Son algunas CCAA las más reivindicativas con este patrimonio, que demandan libertad de disponer del mismo de forma autónoma y que impide la titularidad de la Seguridad Social con su carácter de caja única y competencia estatal nítida. El caso de Cataluña, como reivindicación, ha sido muy constante y se ha envenenado algo más como todo lo que se ha hecho políticamente, más o menos tóxico, en los últimos seis años. Por supuesto que hay soluciones muy diversas para afrontar el problema. Son materias que las administraciones conocen y gestionan día a día y con experiencias de todo tipo y suficientes expertos.

Por otra parte existen cuentas de activos y pasivos entre la Seguridad Social y el Estado, y no precisamente de ahora, y que pueden incrementarse en endeudamiento, de la primera, con relación al segundo, en los próximos años.

Solo queda aplicarlo

Dicho lo anterior no parece complicado que pueda abordarse el claro objetivo político de la universalización, que es una demanda irrenunciable, con una norma de rango de Ley, el RDL lo es, que pudiera, además, devolver la integridad funcional y competencial en sus objetivos políticos al MSCBS para incrementar su necesario liderazgo, que se ha visto siempre menguado a lo largo de los últimos 30 años y que puede haber sido, en parte, causa de otros desequilibrios de fondo que están demandando reformas estructurales que precisan ese liderazgo, que también es percibido, en función de la unidad e integridad de responsabilidades orgánicas y funcionales.

El asunto es urgente y precisa una solución rápida. Se han generado expectativas. Hay cientos de miles de personas que conviven con nosotros que están con sus derechos y dignidades afectadas por un planteamiento ideológico sectario del anterior gobierno; miles de profesionales que, al margen de la normativa, los atienden desde su profesionalidad y solidaridad, pero con riesgos innecesarios; a pesar de ello, en muchos lugares su atención sanitaria es deficitaria con lo que eso significa para su seguridad y la de todos los demás, para su dignidad. Todos tienen un especial déficit en la atención farmacéutica que, según cálculos bien fundados, no debería representar más de 75 M€ anuales para el colectivo que recobrará su cobertura, y que en 2018 sería algo menos de la mitad. Cada día que pasa siguen sin disponer de unos cuidados seguros y necesarios.

Aunque ahora sea cierto que tienen la clara esperanza de ver atendidos sus derechos vulnerados durante más de seis años, no debe retrasarse la solución por detalles menores de ajuste o de protagonismos competenciales ni un día más de lo imprescindible, una vez que se tiene lo fundamental: la clara voluntad política de resolverlo

Fernando Magro

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