Punto de vista Punto de vista

Un análisis a la inversa de los programas electorales en sanidad

Después del análisis de los distintos programas electorales ante las elecciones del próximo día 20 de diciembre, el autor concluye que existe un escaso compromiso de los participantes con la realidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde que se inició la campaña electoral, diferentes medios, tanto generales como profesionales, han venido realizando distintas descripciones y análisis de los programas electorales sanitarios de los principales partidos con opciones a gobernar o a condicionar el gobierno tras las próximas elecciones.

Aquí no se trata de repetir in extremis esos análisis, menos aún cuando, como se ha reconocido por distintos observadores, los temas sanitarios han carecido y carecen de cualquier relevancia durante la campaña, y no parece que puedan decidir el voto en ningún caso (http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2015-11-27/politica/el-politainment-la-nueva-marca-electoral-donde-la-sanidad-no-es-clave/pagina.aspx?idart=952348 ).

Espacio programático

Además de haber estado casi ausentes por completo de los debates más generales entre los candidatos a la presidencia del gobierno, cualquiera que fuera el diseño de éstos, se pueden encontrar otras expresiones distintas de las limitaciones con las que se han presentado las cuestiones sanitarias ante los electores con objeto de atraer su voto: esas cuestiones ocupan sólo 8 de las 226 páginas del programa electoral del PP; 13 de las 274 del del PSOE; 16 de las 337 del de Ciudadanos; 5 de las 332 del de Podemos, y 17 de las 340 del de IU-Unidad Popular.

Los análisis y las propuestas programáticas de la totalidad de los partidos están lejos de proporcionar análisis y propuestas de solución mínimamente coherentes a los principales problemas y conflictos que han surcado el panorama del SNS en los últimos cuatro años

Esta valoración grosera, casi “al peso”, podría ser susceptible de justificación si la calidad y precisión de los análisis y propuestas formulados en cada caso compensase de esa forma su reducida extensión. No es, sin embargo, ése el caso: los análisis y las propuestas programáticas de la totalidad de los partidos están lejos de proporcionar análisis y propuestas de solución mínimamente coherentes a los principales problemas y conflictos que han surcado el panorama del SNS en los últimos cuatro años, hasta convertirse en algunos casos en el motivo de conflicto político más importante durante la legislatura que ahora acaba para los gobiernos de determinadas CCAA, como responsables de su gestión y, en algunos aspectos concretos, como la crisis del ébola o el suministro de medicamentos para los enfermos de hepatitis C, también como un problema importante para el gobierno de la nación.

Contraste manifiesto

Es precisamente el contraste entre la importancia que han adquirido los problemas sanitarios durante la última legislatura y la escasa atención dedicada a esas cuestiones de cara a un nuevo ejercicio político lo que llama sobre todo la atención: la sanitaria ha sido una de las áreas de recorte económico más importante en los últimos años (hasta 8.870 millones de euros, una caída del 12,6 del gasto sanitario público entre 2009 y 2013). Esos recortes han tenido repercusiones sociales de entre las más importantes y contestadas, en forma de aumento de listas de espera, exclusión de pacientes nacionales e inmigrantes de la cobertura sanitaria pública, aumentos generalizados de los copagos farmacéuticos, incluyendo por primera en ellos a la población pensionista, con una reducción aparejada de los consumos farmacéuticos, probablemente también los más necesarios para buena parte de los enfermos crónicos que constituyen un porcentaje cada vez mayor de la población cubierta por el SNS, o reducciones importantes del personal de los centros sanitarios que han afectado a la calidad de la atención del SNS. Pese a lo cual las cuestiones sanitarias parecen una vez más una “maría” en los programas de los partidos políticos que concurren a estas elecciones.

La preocupación creciente de la población por los temas sanitarios, que han vuelto a ocupar los primeros lugares en los barómetros del CIS de los últimos meses (http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14243 ) ante las evidencias del deterioro de la atención sanitaria que recibe la mayoría de la población, no ha logrado tampoco trasladarse a los programas sanitarios para promover su solución.

Propuestas de solución

La preocupación creciente de la población por los temas sanitario no ha logrado tampoco trasladarse a los programas sanitarios para promover su solución

Ante ese contraste manifiesto entre problemas y programas, pretendo analizar en primer lugar en el artículo las propuestas de solución que se aportan en los programas a cinco aspectos que considero esenciales de la organización sanitaria española y la prestación de los servicios sanitarios en los que esos problemas han tenido una expresión más amplia, en forma de contestación a las medidas adoptadas en cada caso o consecuencias más severas sobre la prestación de servicios por el SNS. Y, a continuación, una vez consideradas las carencias que se pudieran producir en las propuestas de solución formuladas, analizar, en su caso, las razones que podrían provocar tales carencias.

Por otra parte, en el análisis de cada uno de esos terrenos de conflicto cabe observar de entrada una posición diferenciada por parte del Partido Popular (PP), frente a una genéricamente común al resto de partidos: por parte del primero, y así se dice de manera expresa en su programa, la promulgación del Real Decreto-Ley 16/2012, en el mes de abril de ese año, que supuso la primera expresión legislativa de sus posiciones en materias sanitarias, llevada a cabo sin discusión parlamentaria alguna, como corresponde a una norma de ese rango, supuso el instrumento más útil y adecuado para sostener la condiciones universales y de calidad de nuestro sistema sanitario, al que se sigue describiendo en su programa como “uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo” y, como consecuencia de las medidas adoptadas en la propia norma, como “un sistema sanitario más justo…más universal…y más equitativo”.

Por el contrario, para el resto de partidos la valoración sobre esa norma es la contraria, de manera que el resto de partidos proponen su derogación, lo que proponen de manera expresa el PSOE y Podemos, mientras que en el caso de Ciudadanos e IU-Candidaturas de Unidad Popular se propone su sustitución por otras normas.

Sin embargo, en los programas de uno o los otros, ni el análisis de los problemas ni las propuestas que se formulan alcanzan a poner en cuestión la situación del propio Sistema antes de esa norma, lo que supone considerar de alguna forma que los problemas del SNS no existirían si la misma no se hubiera producido y, para los segundos, que bastaría con derogarla para resolver cuantos problemas tiene en el momento actual el SNS, una posición que, en mi opinión, se debe también poner en cuestión.

Cinco aspectos de la organización sanitaria sometidos a análisis

Los terrenos que he elegido para llevar a cabo mi análisis son los siguientes:

1)En primer lugar, el de la cobertura sanitaria y su carácter universal, en las condiciones de “igualdad efectiva” previstas en las leyes.

El RD-Ley 16/2012 modificó sustancialmente el carácter universal y vinculado a la condición de ciudadanía española y otras condiciones equivalentes a ésta, aparejado a su financiación por impuestos generales, que estaba prevista en la Ley General de Sanidad, de 1986, y que posteriormente se confirmó por la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS. La nueva norma estableció la vinculación de la protección sanitaria a la condición de “asegurado”, reconocida por el INSS, y excluyó de la protección del SNS a diferentes colectivos españoles (personas con un nivel de renta superior a los 100.000 euros anuales; mayores de 26 años sin empleo dependientes de sus padres; una norma posterior, la ley 22/2013, de presupuestos para 2014, excluyó también de la protección a los parados emigrantes españoles que permanecieran más de 90 días en el exterior).

Los términos de definición de la condición de “asegurado” excluyeron también del derecho a la atención a los inmigrantes que no estuvieran registrados ni autorizados como residentes en España, a los que la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, había concedido el derecho a la asistencia sanitaria “en las mismas condiciones que los españoles” en tanto estuvieran “inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual” . De la exclusión en el RD-Ley quedaron en todo casos exceptuados, como establecía la propia ley de extranjería, “los menores de dieciocho años (que) recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”; excepción a la que hay que añadir la asistencia pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, y la de las embarazadas durante el embarazo, parto y postparto, previstas en la misma norma anterior, cuyas prescripciones son también acordes con las normas internacionales sobre esta cuestión (http://www.redaccionmedica.com/opinion/asistencia-sanitaria-a-los-inmigrantes-irregulares-si-a-la-solidaridad-y-no-a-la-demagogia-1910 http://www.expansion.com/economia/politica/2015/08/29/55e17e9d268e3e76128b457f.html ).

Si España pretende mantener un sistema universal de protección sanitaria de gestión descentralizada parece imprescindible dotar de nuevas bases constitutivas al SNS

Por el contrario, el RD-Ley estableció que no se modificaba “el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico específico”. Esos regímenes se caracterizan por disponer para sus afilados de regímenes de atención opcional a través de entidades de seguro privadas, y de un régimen diferenciado de financiación al margen de la del SNS, condiciones que constituyen la vía de ruptura formal y económica más evidente de la universalidad de la protección sanitaria en España. Unas condiciones cuyo mantenimiento, a pesar de estar prevista su integración en el SNS desde la Ley General de Sanidad, se han reiterado en diferentes ocasiones, entre ellas, la Ley 32/2011, general de Salud Pública.

Derogar el RD-Ley 16/2012, una propuesta que figura de manera expresa en los programas del PSOE y Podemos, y con distintos matices o expresiones en los de Ciudadanos e IU, supondría acabar con las exclusiones en la cobertura sanitaria citadas previstas en el mismo, de entre las que las de los inmigrantes en situación irregular son las que han sido objeto de mayor atención en distintos informes y medios de comunicación, como si ésa fuera la condición esencial de la recuperación del carácter universal y en condiciones de igualdad de la cobertura sanitaria en España (http://saluddineroy.blogspot.com.es/2015/11/politica-sanitaria-ruin-y-miserable.html ). Esta “reinclusión”, conforme a las alusiones al respecto a las que hace referencia el programa de Ciudadanos, precisaría en todo caso del establecimiento de una legislación específica para establecer sus condiciones y su extensión, conforme a los requerimientos realizados por la Unión Europea para el uso de la tarjeta sanitaria europea y condiciones relacionadas con ella.

Actuar sólo así supondría también, sin embargo, por las razones expresadas, dejar al margen la eliminación de las diferencias de los regímenes de protección sanitaria especiales citados, y otras situaciones similares, cuya supresión sólo propone de manera expresa en su programa IU. Su permanencia en las condiciones actuales es la amenaza más importante para alcanzar la protección sanitaria universal e igual para todos en España, y es causante a la vez de duplicidades de cobertura sanitaria y excesos de gasto no controlados (http://saluddineroy.blogspot.com.es/2015/05/los-politicos-se-esmeran-cada-vez-mas.html ) . Éstos se derivan principalmente de la existencia de distintos órganos de control de la cobertura sanitaria de colectivos distintos que no se relacionan entre sí, el más importante el INSS; pero a su vez también cada uno los órganos gestores de cada una de esas Mutualidades, dependientes cada uno de un Ministerio distinto. Supone además la interferencia permanente más clara por parte de los grupos favorecidos por esos sistemas de protección diferenciada, que ocupan posiciones privilegiadas para actuar corporativamente así, para para avanzar en las restantes reformas que precisa con carácter más urgente el SNS.

La unificación del control de todos esos órganos en el Mº de Sanidad sería un primer paso que facilitaría, por el contrario, el paso paulatino a un verdadero sistema de protección universal; una medida que, sin embargo, y pese a sus efectos meramente funcionales y transitorios, no se contempla en ningún programa de los examinados. Sólo Ciudadanos propone “crear una única base de datos de población protegida del SNS, asociada a una tarjeta sanitaria común”. La propuesta, por su propia redacción, no parece extenderse, sin embargo, más allá de lo que ahora lleva a cabo, bajo el mandato del Mº de Trabajo y Seguridad Social, el INSS, un órgano por otra parte sin ningún interés ni responsabilidad específica por una prestación no contributiva, ajena, en consecuencia, a su ámbito constitutivo propio, respecto a la población general del SNS.

2)La segunda cuestión es la organización territorial de la sanidad.

El funcionamiento del Consejo Interterritorial y la (in)capacidad de comprometer a las CCAA en el cumplimiento de sus acuerdos es una consecuencia de la definición de las competencias autonómicas llevada a cabo a lo largo del proceso de descentralización

El Partido Popular propone “potenciar la figura del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud …aumentando su valor sanitario como máximo órgano de coordinación sanitaria de nuestro país, dando una mayor relevancia a sus decisiones y persiguiendo la máxima integración del conjunto de los servicios regionales de salud”. Por su parte, Ciudadanos se compromete a dotar “al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de mayor capacidad de decisión y de ejecución de los acuerdos adoptados”, promoviendo su función de coordinación en diferentes terrenos, como la cartera de servicios y el acceso a fármacos, la definición de criterios de planificación estratégica de centros y nuevas tecnologías, o la creación de nuevas unidades de referencia. Otros partidos, como el propio Ciudadanos, e IU, promueven la definición de un calendario vacunal común y otras acciones similares en distintos campos.

El funcionamiento del Consejo Interterritorial y la (in)capacidad de comprometer a las CCAA en el cumplimiento de sus acuerdos es una consecuencia de la definición de las competencias autonómicas llevada a cabo a lo largo del proceso de descentralización que se llevó a cabo en un proceso que duró veinte años, y en el que algunas CCAA, en particular Cataluña, pero también Andalucía, recibieron la totalidad de las competencias sanitarias antes de que, en 1986, se promulgase la Ley General de Sanidad, supuestamente llamada a establecer las bases comunes de funcionamiento del SNS, y la definición de sus instrumentos de coordinación. En esas condiciones, estos últimos, y en particular la constitución del CISNS, respondieron, y responden todavía, de manera preferente a los intereses por el funcionamiento independiente de ésas y otras CCAA, principalmente las que se fueron sumando a la descentralización sanitaria completa hasta 1994 (7 de las 17). Esto hace que sea imposible dotar de ejecutividad a los acuerdos del CISNS y otras acciones de éste en tanto se mantengan sin variar sus características constitutivas, sin cuyo recambio propuestas como las citadas no pasan de ser buenos deseos sin ninguna posibilidad real de aplicación.

Una alternativa posible es imitar lo llevado a cabo por Canadá (Anexo http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/47a0bc83a71e121bef785c7c1d13e370.pdf ) , donde en la Constitución de su sistema universal se establecieron cinco condiciones que debe guardar la atención sanitaria prestada por sus provincias (nuestras CCAA), definidas como “universalidad, portabilidad, accesibilidad, amplitud de la cobertura, y carácter público de la prestación de servicios”. De cada una de ellas está establecido un sistema de indicadores (p.ej., para la accesibilidad, ausencia de copagos establecidos de manera unilateral por las provincias), cuyo control de su cumplimiento se lleva a cabo por el gobierno federal. Éste dispone a su vez de una parte de financiación condicionada al mantenimiento de esas condiciones. Este condicionante económico, pese a lo reducida que pueda ser su cuantía absoluta, parece imprescindible para que se mantenga efectivo el cumplimiento de esas condiciones comunes, y cabe pensar que sería igual de efectivo en el caso de la aplicación de los acuerdos de un órgano como el CISNS en el caso español.

En todo caso, si España pretende mantener un sistema universal de protección sanitaria de gestión descentralizada parece imprescindible dotar de nuevas bases constitutivas al SNS, sobre la base de una nueva interpretación y aplicación de las competencias estatales y autonómicas dirigidas a mantener al menos esa condición universal; una tarea que va más allá del mero recambio, por otra parte imposible sobre sus bases actuales, del funcionamiento del CISNS, so pena de avanzar hacia la consolidación de 17 sistemas de salud distintos.

3)La tercera cuestión es la financiación.

Las propuestas en este terreno, que son, según algunas informaciones, “la principal propuesta en sanidad para las próximas elecciones (https://www.actasanitaria.com/mas-presupuesto-principal-propuesta-politica-para-la-sanidad-universal-prometida-tras-el-20d/ ) van desde “aprobar un modelo de financiación de la sanidad que garantice la cobertura de las necesidades reales y equilibrado” (PP), a “asegurar la suficiencia financiera… y alcanzar el 7% del PIB al final de la segunda legislatura… incluyendo mecanismo de financiación que se vinculen a las listas de espera y la mejora de la calidad del servicio ” (PSOE), “modificar el sistema de financiación para que los servicios sanitarios de las CCAA tengan una financiación homogénea y equidad en prestaciones” , sistema que debe basarse sólo en impuestos, “sin introducir copagos que sean una barrera en el accesos a los servicios sanitarios públicos por razones económicas” (Ciudadanos), un “incremento del gasto público en sanidad de 8.800 millones de euros” para cuya cuantía se proponen vías concretas de financiación (Podemos), o aumentar la financiación sanitaria “hasta alcanzar como mínimo el 7% del PIB”, además de “ acabar con el desequilibrio entre CCAA en gasto sanitario per cápita” (IU-Unidad Popular).

Los debates sobre la financiación autonómica, de la que la parte sanitaria es la más importante, están situados en un terreno diferente, con la puesta en cuestión del sistema de financiación autonómica general

Los debates sobre la financiación autonómica, de la que la parte sanitaria es la más importante (40% en promedio de los presupuestos de cada una de las CCAA), están situados en un terreno diferente, con la puesta en cuestión del sistema de financiación autonómica general. En su situación actual, éste no contiene ningún elemento que permita establecer mecanismos específicos eficientes de control del incremento del gasto sanitario, que es a la vez la partida que más crece, y que amenaza con ello con poner en cuestión no tanto el sostenimiento de las propias partidas sanitarias, que siguen siendo un gasto preferente para la mayoría de las CCAA, sino el de las restantes competencias asumidas por éstas. Como tal partida mayoritaria y preferente, el gasto sanitario es además en muchas de las CCAA, y de una manera diferente entre ellas atribuible a su propia gestión, la causa principal de su déficit y su endeudamiento financiero y con los proveedores, facilitados por la ausencia de un conocimiento adecuado de cómo gasta cada una. Este último es un problema que sólo Ciudadanos se propone afrontar, creando “un sistema de información económico-sanitario específico, de acuerdo con un modelo común”, y un “ Observatorio en el Consejo de Política fiscal y financiera de gestión de los fondos destinados a la sanidad, y la propuesta de medidas fiscales que sean necesarias para garantizar su sostenibilidad financiera”.

En esa situación, la formulación de propuestas genéricas de una u otra cuantía para aumentar el gasto sanitario no supone garantía alguna de que con ello se vaya a producir sin más una mejora de la atención sanitaria. Tampoco de que cualquier gobierno que se constituya tras las elecciones vaya a hacer efectivo el cumplimiento efectivo de esos aumentos de dotación económica en un contexto de demanda desde los organismos europeos de nuevas operaciones conducentes a la reducción del déficit público en al menos 10.000 millones de euros añadidos a los recortes previos (http://politica.elpais.com/politica/2015/12/07/actualidad/1449519605_777937.html ). Por el contrario, esas propuestas parecen más bien cantos al sol carentes de apoyo en las perspectivas de actuación reales de los gobiernos que se puedan constituir tras las elecciones, cuyos decisiones en políticas presupuestarias y fiscales es previsible que se impongan a los gestores sanitarios sin ningún margen de autonomía real en la gestión del gasto sanitario, que sólo un sistema de financiación sanitaria finalista, pero sometido a controles adecuados, podría probablemente proporcionar.

4) Organización y gestión

Las propuestas sobre organización y gestión de los servicios sanitarios adolecen de la misma ambigüedad y falta de precisión

Las propuestas sobre organización y gestión de los servicios sanitarios adolecen de la misma ambigüedad y falta de precisión: “reforzar la gestión pública del sistema” y dotar de un “rol complementario al sector privado” así como de una “estrategia de buen gobierno y gestión a las instituciones del SNS” (PSOE). “Gestión eficiente con participación de pacientes, profesionales, proveedores, socios tecnológicos” y otros, y “atención preferente en centros de gestión pública directa y, de forma complementaria, en centros de titularidad privada” , evaluando “con imparcialidad y rigor las experiencias de gestión privada de centros públicos iniciadas hace años” (Ciudadanos) . Podemos propone una “ley de transparencia del sistema sanitario” , e IU, “potenciar la Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario en 5 años”) y Ciudadanos “aumentar las partidas presupuestarias” de ese nivel de atención, sin explicar qué cambios organizativos y de gestión cabría esperar que se derivasen de ese gasto.

Tales propuestas parecen ajenas por completo a los problemas que se han derivado de la multiplicación descontrolada de “nuevas formas de gestión” en centros de nueva creación que propició la aplicación de la Ley 15/1997, de ese mismo título, y que se ha centrado finalmente de manera principal en la fórmulas de PFI y concesión administrativa. La multiplicación de éstas en distintos territorios (principalmente Valencia y Madrid, pero también otras CCAA) han terminado por desvirtuar cualquier planificación razonable de nuevos centros sanitarios en esas CCAA, provocando conflictos, como el que tuvo lugar en la CA de Madrid, que evitaron la deriva de esas fórmulas hacia la privatización de la gestión sanitaria de una parte importante de los centros nuevos por los errores cometidos por la administración madrileña en la gestión del proceso. La redacción de la nueva Ley de contratos del Estado hace, sin embargo, posible que, si no se adopta ninguna nueva disposición que lo impida de manera específica en el sistema sanitario público, se pueda seguir optando por fórmulas de ese tipo por cada CA que pretenda hacerlo así, con efectos como los que se han comentado, sin que para evitarlo sea suficiente con la derogación de la Ley 15/1997.

Por otra parte, tales procesos de “nueva gestión” han sido ajenos al mantenimiento de las formas tradicionales de gestión y sometimiento al derecho administrativo, considerado poco adecuado para la gestión del servicio público sanitario, en los centros ya existentes propios del SNS. Modificar esas fórmulas de gestión exigiría cambiar la naturaleza jurídica de estos centros, y para ello probablemente también la de los servicios sanitarios autonómicos.

Ni una ni otra clase de disposiciones legales están previstas en ninguno de los programas sanitarios examinados, por lo que las propuestas que se formulan en este terreno parecen carecer de cualquier eficacia real para evitar la situación y la deriva que se han comentado.

5) Prestación farmacéutica

Ocurre lo mismo en diferentes aspectos de la organización de la prestación farmacéutica. Dejando al margen algunas propuestas que parecen más propias de una “carta a los reyes magos” (“Creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública” (IU-Unidad Popular)), en este terreno la mayoría de las propuestas se refieren con unas u otras palabras a la extensión de los sistemas de compra centralizadas, bien en el SNS en su conjunto, bien en cada una de las CCAA, para hacer posibles economías de escala y, con ello, la mejora del “poder de gasto” (spending power) del Sistema en su conjunto y la reducción del gasto en este campo. Todos los programas ignoran, sin embargo, los escasos resultados obtenidos para unificar los sistemas de compra, algo ya previsto en la Ley General de Sanidad, de 1986, si la opción por adherirse a un sistema de ese carácter se deja a la voluntad de cada una de las CCAA, sin establecer ningún incentivo ni mecanismo de inducción económica para forzar la voluntad de éstas, tendente siempre a obtener ventajas de manera individual por cada una; lo que termina por producir efectos negativos globales para el conjunto por la vía de los precios diferenciados aplicados por las empresas para cada caso.

La posición de la mayoría de los partidos (aunque, para los propios farmacéuticos, “con insuficiente intensidad” por parte de los partidos “emergentes” (http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2015-12-10/farmacia/fefe-ve-difusa-la-implicacion-de-los-partidos-emergentes-con-el-actual-modelo-de-farmacia/pagina.aspx?idart=954584 )), es favorable también a mantener lo que se ha venido en llamar “modelo mediterrráneo de farmacia”, consistente en conceder la exclusiva en la propiedad, no sólo el ejercicio, de la oficina de farmacia a los farmacéuticos titulados, un modelo que ha sido repetidamente criticado desde los órganos de competencia nacionales, la última vez de manera muy reciente (http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/10/21/20151021_cnmc.pdf ), por sus negativos efectos económicos sobre la competencia en este campo y el SNS. La influencia de los colegios de farmacéuticos sobre todos los partidos ha llevado también a que la mayoría de ellos propongan incluso ampliar la vinculación y las funciones de las farmacias en el ámbito del SNS, sin considerar ninguna alternativa posible a ese desarrollo sesgado que permite asociar los intereses públicos con el negocio privado, con las repercusiones correspondientes sobre el gasto farmacéutico del SNS.

Explorando las posibles razones de las carencias de los programas sanitarios, y algunas conclusiones

Los ejemplos anteriores podrían ampliarse con la referencia a otros campos, como la gestión del personal sanitario, las políticas de salud, o las relaciones con los pacientes en el sistema sanitario. Los ejemplos citados permiten, en todo caso, destacar el escaso compromiso con la realidad del SNS por parte de todos los partidos.

Las razones para ello pueden ser diferentes: de entrada, un político de Ciudadanos decía a las claras en uno de los debates habidos en este campo lo que es un lugar común entre los políticos, que “la sanidad no da votos en elecciones, los quita” (http://www.diariomedico.com/2015/11/16/area-profesional/sanidad/gestores-profesionales-y-partidos-dicen-que-la-gestion-de-la-sanidad-influira-mucho-en-el-voto-de-las-generales ). De de lo que cabría deducir que más vale abstenerse de formular propuestas que puedan comprometer el apoyo de unos u otros grupos de interés o sectores corporativos de distinta naturaleza, de los que tanto abundan en este campo.

El problema de esa situación es doble: esa ausencia de propuestas alternativas favorece la imposición de los intereses de algunos de esos grupos sin debate general previo: puede servir de ejemplo el reciente acuerdo, producido cuando ya estaban convocadas las elecciones, entre los ministerios de Hacienda e Industria y el de Sanidad con la industria farmacéutica para garantizar el aumento del gasto farmacéutico al ritmo del PIB (http://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2015/11/04/farmaindustria-y-los-ministerios-de-hacienda-y-sanidad-firman-un-protocolo-por-la-sostenibilidad-el-acceso-y-la-innovacion/ ). Un acuerdo no muy diferente en su orientación a numerosos acuerdos previos producidos en este campo con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos por la industria farmacéutica, justificado por razones distintas como necesario.

Pero esa ausencia parece además también traducir la ausencia de un debate real y en profundidad en el seno de los partidos sobre los temas sanitarios. Las características de los nombramientos de cargos ejecutivos sanitarios de cualquier partido cuando acceden a cualquier nivel de gobierno para desarrollar políticas sobre las que carecen de conocimiento alguno, sin siquiera los límites que podrían proporcionar unas definiciones políticas claras, o al menos debatidas, en el seno aquéllos, han sido un constante durante todos los años de democracia, especialmente agudizado en los últimos, con los efectos consiguientes sobre las políticas sanitarias que se han ido desarrollando.

En esa situación, que, con arreglo a los análisis que se han llevado a cabo, se va a reproducir en la próxima legislatura sea cual sea el resultado electoral, quizás la demanda mínima que se puede hacer es que, como se comenta por algunos (http://nadaesgratis.es/bentolila/reformas-si-pero-no-asi ), las reformas en este campo que es necesario acometer sean sometidas a una debate previo amplio, evitando comportamientos como el que, con el desarrollo del RD-Ley 16/2012, llevó a cabo el PP al inicio de la legislatura anterior. Un desarrollo, por otra parte, sólo posible en las condiciones de mayoría absoluta de que disfrutó ese partido en ese caso, irrepetible ahora en todo caso con las nuevas perspectivas electorales.

Mientras esos debates, por otra inevitables en algunos casos, como el de la modificación del modelo de financiación autonómica, y dentro de ella la sanitaria, se llegan a plantear, no cabe sino rogar al santo en que crea cada uno, pues las vías de la razón no han dado hasta ahora resultados, para que aparezca algún agente o partido que se tome en serio y sea competente para la solución de los problemas reales del SNS, como instrumento principal de cohesión social y lucha contra las desigualdades, por encima de los costes que pueda tener para el que actúe así. Algo que, por los indicios examinados, no parece ser una vez más el caso ante el que nos encontramos ante las próximas elecciones, que parecen también abocarnos de nuevo al papel secundario que la sanidad ocupa en la política del país.

 

Javier Rey del Castillo

Ex-secretario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

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