Derecho Sanitario A sociedades para la prestación de servicios

El Tribunal Europeo se pronuncia sobre adjudicación de contratos de organismos públicos sanitarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras recibir el envío de una asunto prejudicial por parte del Consejo de Estado de Italia, ha aclarado varias cuestiones relativas a la adjudicación de contratos para la prestación de servicios por parte de organismos públicos sanitarios a sociedades que anteriormente hayan suscrito un acuerdo similar con otra entidad análoga.

El Consejo de Estado italiano albergaba dudas sobre si un organismo público sanitario, que actúa como poder adjudicador, pudo atribuir de modo directo, en el año 2015, un contrato para la prestación de ciertos servicios a la sociedad adjudicataria con la que previamente (año 2011) otro organismo público análogo había suscrito un acuerdo similar, calificado por el tribunal como acuerdo marco.

Además, en este mismo contexto, la jurisdicción remitente se preguntaba “si en el acuerdo marco es inexcusable consignar la cantidad de prestaciones que los poderes adjudicadores podrán solicitar al celebrar los contratos posteriores y si, de serlo, esa información puede facilitarse por referencia al criterio de sus necesidades ordinarias”, según informa el TJUE.

No se opone

Ante esta situación, el Tribunal Europeo declara, en el documento que recoge las conclusiones sobre el asunto, que el Parlamento Europeo “no se opone a un acuerdo marco en cuya virtud un poder adjudicador, que no ha participado directamente en su celebración ni lo ha firmado, puede ser parte en los contratos públicos que se basen en él, siempre que la identidad de ese poder figure en el propio acuerdo”.

Sin embargo, no es posible que “la cantidad de prestaciones que podrá solicitar el mencionado poder adjudicador al celebrar los contratos posteriores previstos en el acuerdo marco no esté determinada, o no sea unívocamente determinable, en este último”, explica el tribunal, el cual añade que dicha cantidad “se puede fijar mediante la referencia a las necesidades ordinarias del poder adjudicador, siempre que el acuerdo marco ofrezca información, clara, precisa y transparente acerca de las necesidades que ese poder adjudicador ha tenido que satisfacer en el pasado”.