Derecho Sanitario sentencia del tribunal de justicia de la ue

Un Estado europeo puede negarse a cubrir una terapia en otro país si se solicita por causas religiosas

— Madrid 30 Oct, 2020 - 5:18 pm

El Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia en la que aclara que la normativa comunitaria no se opone a que el Estado miembro de residencia de un asegurado deniegue a este la autorización para recibir asistencia sanitaria en otro país europeo con cargo al presupuesto del Estado de residencia si, en este, “está disponible un tratamiento hospitalario, pero las creencias religiosas de dicha persona reprueban el método de tratamiento empleado”.

Este fallo se produce en el marco de un litigio entre el Ministerio de Sanidad de Letonia y un ciudadano de este país al que se le denegó una autorización que permitiese a su hijo recibir asistencia sanitaria con cargo al presupuesto del Estado letón en otro Estado miembro de la UE. En este contexto, el Tribunal Supremo de Letonia envió al TJUE una petición de decisión prejudicial.

En este sentido, el TJUE explica, en la sentencia, que el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo “no se opone a que el Estado miembro de residencia del asegurado deniegue a este la autorización cuando, en ese Estado miembro, está disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicha persona reprueban el método de tratamiento empleado”.

Sin embargo, la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo “se opone a que el Estado miembro de afiliación de un paciente deniegue a este la autorización cuando, en ese Estado miembro, está disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicho paciente reprueban el método de tratamiento empleado, a menos que esa denegación esté objetivamente justificada por una finalidad legítima relativa al mantenimiento de una capacidad de asistencia sanitaria o de una competencia médica y constituya un medio apropiado y necesario para alcanzarla, circunstancia que habrá de comprobar el órgano jurisdiccional remitente”.