Farmacia analiza la falta de la notificación del acto administrativo controvertido

El Tribunal Constitucional se pronuncia en un litigio sobre traslado provisional de farmacias

— Madrid 4 Nov, 2019 - 12:35 pm

El Tribunal Constitucional ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la sentencia en la que estima el recurso de amparo presentado por Victoria Castiñeiras Bueno, titular de una oficina de Farmacia en la ciudad murciana de Lorca, respecto de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y del Tribunal Supremo, que inadmitieron su recurso contencioso-administrativo sobre traslado provisional de oficina de Farmacia.

El 9 de agosto de 2011, María José Mazzuchelli López «solicitó autorización para trasladar provisionalmente la Farmacia de la que era titular a otro emplazamiento porque, como consecuencia del terremoto de Lorca, el edificio en el que se encontraba ubicada tenía daños estructurales que impedían su habitabilidad», señalan desde la Sala. La solicitud fue aceptada por un plazo de dos años, sin embargo, en 2013, al estar próximo a vencer dicho plazo, la titular «solicitó una prórroga aduciendo que la reconstrucción del edificio se había retrasado por causas que no le eran imputables», explican.

En este procedimiento se personó Victoria Castiñeiras Bueno, «ahora recurrente en amparo, farmacéutica titular de otra Farmacia de Lorca y presentó alegaciones solicitando que se declarara la caducidad del traslado provisional y se ordenara el cierre de la Farmacia en el lugar de la instalación provisional», sostiene el Tribunal Constitucional. Más tarde, esta demandante pidió el cierre definitivo de la oficina de María José Mazzuchelli López, ya que «al haber concluido el plazo de vigencia de traslado provisional (los dos años iniciales y la prórroga de los seis meses posteriormente concedida), no podía ya instarse el retorno de la Farmacia a su ubicación de origen», tal y como indica.

No obstante, en 2014, se autorizó por parte de la Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Región de Murcia, «el retorno de la Farmacia que se había trasladado provisionalmente a su primitivo emplazamiento», contra lo cual la demandante de amparo interpuso «recurso contencioso-administrativo, alegando, entre otros motivos, que dicha resolución no le había sido notificada en forma», apuntan desde el Tribunal Constitucional.

Condición de interesada

A juicio de la representación procesal de Mazzuchelli López, «la ahora recurrente en amparo no tenía la condición de interesada en el procedimiento administrativo, por lo que el acto impugnado, como no debía serle notificado, no incurre en los defectos de notificación que se le imputan», y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ entendió que la inadmisión del recurso debía acordarse «con independencia de su pretendida falta de notificación en forma a la demandante afirmando expresamente que sobre esta cuestión no procedía efectuar pronunciamiento alguno».

Según el Tribunal Constitucional, «esta forma de razonar no puede considerase acorde con las exigencias que impone el art. 24.1 CE.». Por tanto, en su sentencia, estima el recurso de Castiñeiras Bueno y, en su virtud, declara «vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción» y anula las sentencias del TSJ de Murcia y del Tribunal Supremo, por lo que dicta la obligación de «retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia anulada, para que por el órgano judicial dicte una nueva resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado».

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