Derecho Sanitario sin tener que canalizar su acción a través de su organización colegial

Los farmacéuticos pueden recurrir facturas impagadas a título individual, según el Constitucional

— Madrid 10 Dic, 2020 - 2:04 pm

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que confirma que los farmacéuticos pueden reclamar el impago de facturas a título individual, “sin necesidad de canalizar su acción a través del Consejo de Colegios Farmacéuticos” de la comunidad autónoma en cuestión, que en este caso corresponde a Cataluña.

Así, este órgano judicial estima un recurso presentado por un farmacéutico después de que un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona inadmitiera su demanda de reclamación de intereses de demora por el retraso en el pago de las facturas por suministro de medicamentos a pacientes del sistema público de salud.

La Justicia le negó, en un primer momento, “legitimación para reclamar al Servicio Catalán de Salud el abono de los intereses de demora por el retraso en el pago de la factura de los medicamentos suministrados, por no ser parte en el convenio de atención farmacéutica suscrito entre el Servicio Catalán de Salud y el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que, “tal como sostiene el actor, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del acceso a la jurisdicción, al denegarle legitimación para reclamar el abono de los intereses de demora en vía contencioso-administrativa”.

Esta instancia judicial hace referencia a la sentencia 80/2020, de 15 de julio, que, en un supuesto “sustancialmente idéntico”, el propio órgano afirmó que “si la actora está obligada en virtud del concierto a efectuar una prestación, y si tiene derecho al pago por sus servicios, debe poder también reclamar el cumplimiento de esa contraprestación, así como las consecuencias que se deriven de su incumplimiento temporáneo”.

Un interés legítimo

“Consecuencias que suponen una evidente ventaja o utilidad jurídica para la actora, en este caso con un contenido económico, y que la hacen merecedora de ostentar un interés legítimo, y de defenderlo, sin necesidad de canalizar su acción a través del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña. Y, mucho menos, se le puede requerir un acuerdo previo de la Junta General de aquella corporación para poder ejercitarla, como se afirma en la sentencia impugnada”, prosigue el fallo del Constitucional.

“La denegación de la legitimación para actuar por sí misma y la imposición de que encauce la reclamación a través del Consejo colegial no se cohonesta, en definitiva, con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, de modo que la decisión judicial se ha de considerar lesiva del derecho de la recurrente en amparo”, agrega, para, finalmente, estimar el recurso del afectado y declarar “que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión”.