Derecho Sanitario INadmite un recurso de la Junta de esta comunidad autónoma

El Tribunal Supremo confirma la anulación del decreto de Castilla y León de residencias de ancianos

— Madrid 29 Jul, 2019 - 11:19 am

El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir a trámite el recurso de casación de la Junta de Castilla y León contra la sentencia que anulaba el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en esta comunidad autónoma, al considerar que «no concurre ninguno de los supuestos de interés casacional invocados por la recurrente».

«Si bien estamos en presencia de una disposición reglamentaria, la misma carece, a efectos de la formación de jurisprudencia, de trascendencia suficiente, tal y como exige el precepto, pues para que opere la presunción que el artículo 88.3.c) de la LJCA incorpora, como hemos tenido ocasión de manifestar en decisiones previas, sigue siendo necesario que la recurrente fundamente, con suficiencia y con especial referencia al caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un pronunciamiento por parte de este Tribunal Supremo, de conformidad con el artículo 89.2.f) de la LJCA», explica el mencionado organismo judicial.

A su juicio, la parte recurrente se limita a «alegar lacónicamente que en el proceso se ha declarado la nulidad de una disposición general, aseverando que no puede negarse su trascendencia social (al introducir la disposición 2 anulada un nuevo modelo de asistencia sanitaria a los usuarios) y jurídica (al no ser sostenible la alternancia de modelos diferentes), pero nada más explicita sobre la relevancia del Decreto que se ha declarado nulo».

Por tanto, el Tribunal Supremo decide inadmitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal de la comunidad autónoma de Castilla y León contra la sentencia -nº 1055/2018, de 23 de noviembre- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada en el procedimiento ordinario núm. 723/2017.

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