Política y Sociedad desestima el recurso del Consejo de Protésicos Dentales de España

El Supremo respalda a los odontólogos como responsables de prescribir las prótesis dentales

— madrid 9 Mar, 2021 - 3:22 pm

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que rechaza realizar cambios en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, en la que se establece “los actos clínicos de diagnóstico y prescripción” de productos sanitarios, entre ellos, las prótesis dentales.

De esta manera, el Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto por el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España, que argumentaba la “necesidad de revisión” de la Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental.

Así, el Tribunal Supremo recuerda que la “fabricación y comercialización” de productos sanitarios son “actos técnicos, que no clínicos”. Es decir, “las fases de la fabricación a medida, por el bien del paciente, han de quedar separadas de los actos clínicos de diagnóstico y prescripción, propios de los odontólogos de conformidad con el artículo 1 de la Ley 10/1986”.

En este sentido, insiste en que el odontólogo es el “profesional capacitado para prescribir los productos sanitarios a medida, como prótesis dentales” y que, desde el momento en el que lo hace, “la medida protectora de la salud queda garantizada y condiciona el ejercicio profesional del protésico dental al debido cumplimiento de lo indicado en la prescripción, pero nada más”.

Exclusión de la intermediación

La sentencia subraya que “la exclusión de la intermediación de la actividad de la Odontología con la fabricación de productos sanitarios” queda plasmada tras las “modificaciones legales sobrevenidas del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio”, las cuales no demuestran un “desajuste en la regulación reglamentaria que requiera la revisión”.

“La prohibición de la intermediación por el artículo 4.1. del Real Decreto-legislativo 1/2015 en garantía de la independencia profesional tiene una proyección económica que no se extiende a las atribuciones de cada profesión reguladas en la Ley 10/1986, de 17 de marzo”, concluye el Alto Tribunal.