Derecho Sanitario el 9 de julio fue desestimado

El Supremo avala la adjudicación de plazas MIR presencial ante el recurso del Gobierno

— Madrid 14 Sep, 2020 - 5:25 pm

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, del 9 de julio, en la que se desestima el recurso interpuesto por la Administración General del Estado contra el auto del 29 de junio en el que el propio Alto Tribunal dictó la suspensión cautelar de la obligatoriedad de adjudicación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) por vía exclusivamente telemática.

En dicho auto, el Tribunal Supremo, después de estimar el recurso presentado por 31 participantes en el proceso de Médicos Internos Residentes (MIR), pedía al Ministerio de Sanidad la puesta en marcha de “las medidas necesarias” para que la adjudicación de plazas pudiera hacerse de manera presencial, lo cual se oficializó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y derivó, el 13 de julio, en una elección de plazas con opción presencial. No obstante, por escrito presentado el día 6 de julio, la Abogacía del Estado interpuso recurso de reposición contra el auto.

En concreto, este estamento solicitaba “dejar sin efecto automáticamente las medidas cautelares adoptadas en el Auto recurrido, tanto por no haberse pedido su ratificación en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo como por no haber cumplido íntegramente los recurrentes una de las condiciones a las que el Auto recurrido condicionó la subsistencia de las medidas en él adoptadas”.

Además, la Abogacía del Estado hacía alusión a una “pretendida falta de acreditación de la legitimación” del recurso presentado por los 31 demandantes. En este sentido, el Alto Tribunal, en su sentencia del 9 de julio, considera “evidente” la calidad “en la que comparecen los recurrentes al proceso selectivo, y de ello se sigue que invocan una legitimación suficientemente contrastada en este momento procesal y sin prejuzgar el fondo”.

Todos tienen legitimación

“Todos los recurrentes tienen legitimación a los efectos de solicitar la medida cautelar, pues reúnen la condición de interesados en el procedimiento administrativo como titulares de derechos e intereses legítimos [art. 19.a) LJCA], lo que afirmamos a los meros efectos de resolver sobre la medida cautelar solicitada, y con este limitado alcance, y valorando el impreciso cuestionamiento de este requisito que opuso la Abogacía del Estado”, continúa el texto.

Por tanto, para el Tribunal Supremo, “la procedencia de adoptar la medida cautelar queda extensamente justificada en el auto recurrido”, por lo que su fallo desestima “el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado en la representación de la Administración General del Estado, contra el auto de 29 de junio de 2020 que se confirma en su integridad”.