Derecho Sanitario salvo por la existencia de convenios, según establece el tribunal supremo

Los hospitales privados no están obligados a pagar la asistencia a pacientes derivados a los públicos

— Madrid 27 May, 2020 - 5:01 pm

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece que “un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad”, según explica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta normativa se encuentra también desarrollada en el anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para su utilización, “salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el hospital público cuya atención corresponda al hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva Administración sanitaria”.

Así, la Sala estima el recurso de IDCQ Hospitales, una de las sociedades que forman el grupo sanitario Quirónsalud, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, que confirmó tres liquidaciones de precios públicos girados por la asistencia sanitaria a pacientes derivados del Hospital Quirónsalud Costa Adeje a un centro sanitario público, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, ambos ubicados en Santa Cruz de Tenerife.

“Los tres pacientes privados fueron derivados al hospital público sin que tuvieran seguro que cubriera dicha asistencia, ni derecho a la asistencia en un centro integrado en la red de centros públicos”, apunta el CGPJ.

Previsión no extrapolable

En su sentencia, la Sala explica que se trata de determinar si un centro sanitario privado, por su régimen específico y su relación con el paciente, con el que no suscribe un contrato de seguro de salud, ni recibe una prima a cambio de prestar una asistencia médica integral a diferencia de las entidades aseguradoras sanitarias, puede ser considerado como ‘tercero obligado al pago‘”, de acuerdo con la normativa vigente.

El Tribunal Supremo señala que la norma en vigor que establece los casos concretos en los que se atribuye la condición de terceros obligados al pago “persigue la necesidad de no destinar fondos adscritos a la Sanidad Pública cuando las prestaciones sanitarias al paciente estén ya cubiertas por otros mecanismos, ya públicos o privados, es decir, cuando deban ser asumidas por aquellas entidades que tienen la obligación legal o contractual de hacerlo”.

Sin embargo, el Alto Tribunal concluye que esta previsión legal “en ningún caso puede extrapolarse al supuesto de los hospitales privados, que no tienen ninguna obligación legal, reglamentaria, ni contractual de asumir todas las prestaciones sanitarias a un paciente a cambio de una prima, sino las que libremente decida el hospital y, en todo caso, limitadas por la cartera de servicios, especialidades y unidades que tenga autorizada por la autoridad sanitaria”.