Derecho Sanitario las remite al juzgado decano de Madrid

El Supremo inadmite las denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la Covid-19

— Madrid 18 Dic, 2020 - 11:41 am

La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la Sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la Covid-19, al considerar que “no está debidamente” justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo central.

Esta instancia judicial acuerda, no obstante, deducir testimonio de esas querellas y denuncias y remitirlas al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación.

En especial, según explica el auto, esas investigaciones por los juzgados ordinarios deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.

Los magistrados señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Tribunal Supremo.

Hechos imputados

En un auto, del que fue ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, e integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro, se comienza precisando que su examen se ciñe exclusivamente a los hechos imputados a los aforados ante dicha Sala II mencionados en las denuncias y querellas: el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y el resto de ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, el Defensor del Pueblo, y la presidenta del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Recuerda, al respecto, que el Tribunal Supremo “no es el órgano llamado ordinariamente a investigar hechos penales, sino solo excepcionalmente a las personas aforadas, para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural”.

Este auto analiza pormenorizadamente cada uno de los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes; delito contra el derecho de los trabajadores; prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los hechos denunciados destacaban que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones, como la del 8-M, días antes de la declaración del Estado de Alarma, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protección adecuados.

En relación con los delitos reprochados a los aforados en general, la Sala recuerda que la responsabilidad penal es “estrictamente personal” y que la imputación puede ser “especialmente compleja cuando la supuesta acción delictiva tiene lugar en el marco de una organización o estructura compleja y jerarquizada, como ocurre en el caso presente, en que la práctica totalidad de los querellados forman parte de una estructura administrativa o jurisdiccional”.

Homicidio y lesiones por imprudencia grave

“Esta complejidad no exime, desde luego, de realizar el juicio de autoría cuando así quede acreditado. Pero, en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea. De hacerlo así, vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad”, indica este auto.

Varias de las querellas y denuncias imputan, al presidente del Gobierno, vicepresidentes y ministros, delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, amparándose en la inacción y mala gestión ante la Covid-19 que habría provocado, según los querellantes, “gran número de fallecidos y lesionados”.

Argumenta este auto que se impone demostrar que, entre las acciones u omisiones -infracción del deber- y el resultado mortal o lesivo, existió una concreta, precisa e inequívoca relación de causalidad. Esta relación de causalidad, añade la Sala, no puede construirse en términos genéricos difusos.

Contra los derechos de los trabajadores

Las querellas imputan también a los aforados los delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal, por no haber facilitado a los integrantes de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y al personal sanitario, los medios y equipos de protección necesarios para el ejercicio de su actividad, poniendo así en grave riesgo su vida e integridad física. A diferencia de la imputación de delitos de homicidio que centraba la responsabilidad en el resultado, en este caso se trata de una conducta omisiva generadora de un riesgo para los trabajadores.

La Sala del Tribunal Supremo explica que el delito sanciona a los sujetos que están “legalmente obligados” a dispensar esa protección, y en el caso de la Administración pública es una organización compleja que se rige por los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

Fallecimientos en residencias

Respecto a las querellas que imputan responsabilidades por los fallecimientos en residencias de ancianos, la Sala indica que no es ajena a la gravedad de lo ocurrido en estos centros, aunque, en relación con la responsabilidad de los aforados, explica que no es suficiente la mera atribución competencial de la gestión al departamento, Ministerio o Consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos.

Reacción de CSIF

Tras conocer este auto del Tribunal Supremo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entiende que “hemos cumplido con nuestra obligación y seguiremos velando por la seguridad del personal de la Sanidad y de todos los trabajadores/as durante la pandemia, como hemos venido haciendo hasta ahora”.

Además, este sindicato precisa que, “desde el más absoluto respeto a las decisiones judiciales”, continuará “vigilante y ejercerá todas las actuaciones que considere oportunas para defender la salud y garantizar la seguridad de todos los empleados/as públicos que están en primera línea contra el coronavirus”.