Derecho Sanitario sentencia la aplicación incorrecta de la ley de transparencia

El Supremo ordena facilitar el acceso a la información sobre funcionarios públicos

— Madrid 7 Ene, 2020 - 12:15 pm

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación Ciudadana Civio contra una resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas que denegaba el acceso a la información pública de datos relativos a trabajadores públicos de la propia institución, por lo que reconoce el derecho de la Fundación a que se le faciliten los datos solicitados acerca de los funcionarios en cuestión.

Concretamente, esta Fundación solicitó al Tribunal de Cuentas «información consistente en el nombre, cargo, fecha de nombramiento, fecha de cese y retribuciones anuales de los trabajadores eventuales que prestaron servicios» desde 2010 hasta 2018. Ante esta petición, este Tribunal acordó conceder el acceso a la información pública solicitada excepto el «nombre de las personas que desempeñan o han desempeñado puestos de jefe/a de la Secretaría y de secretario/a adjunto/a de la Presidencia, de las Presidencias de Sección, de los/las consejeros/as y del/de la Secretaría General», tal y como indica.

Respecto de esta información, la resolución del organismo recurrido establecía que ha de «prevalecer respecto de dichos/as empleados/as su interés individual en la preservación de sus datos personales en aplicación del apartado 2.B de los Criterios Interpretativos, de 24 de junio de 2015, emitidos por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».

Sin embargo, el Alto Tribunal considera en su sentencia que la Presidencia del Tribunal de Cuentas aplicó «incorrectamente» el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno y, como consecuencia, infringió «el derecho reconocido a la Fundación Ciudadana Civio por su artículo 13 conforme al artículo 105 b) de la Constitución».

Prevalencia del interés público

Estas consideraciones del Tribunal Supremo derivan de la conclusión de que «no parece que el acceso a la información pública consistente en la identidad del personal de confianza que desempeñó las Secretarías de la Presidencia, de los consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas».

«Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el legislador», incide este órgano judicial. Por tanto, «debemos estimar el recurso contencioso-administrativo, anular la resolución impugnada en la parte que deniega la información relativa a los datos personales de quienes desempeñaron los puestos de trabajo a que se refería la solicitud de la Fundación Ciudadana Civio y reconocer a esta el derecho a que se le faciliten», destaca esta sentencia. Además, se imponen al Tribunal de Cuentas las costas del recurso, que ascienden a «4.000 euros más IVA».

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