Punto de vista el tribunal superior de justicia de CyL da la razón a CCOO

Sobre la anulación de las 15 unidades de gestión clínica funcionantes en Castilla y León

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en contra de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) lleva al autor a analizar la situación creada por la Consejería de Sanidad al margen de los profesionales y de los propios ciudadanos.

CCOO ha sido, sin ninguna duda, el sindicato más beligerante, más ofensivo y contrarío a este nuevo modelo de gestión, que pretende trasladar la responsabilidad de la “gestión económica, administrativa y de recursos” a las y los profesionales del sistema, sin evaluar la gestión tradicional y duplicando los gestores. Además de utilizar diversas situaciones personales y/o profesionales para conducir al personal de la unidad hacia este “experimento”.

Los profesionales evidentemente saben de economía de la salud, que es bien distinto y algunos o algunas por sus conocimientos, capacidades o posiciones políticas optan por dedicarse a la gestión administrativa y llegan a ella por voluntad propia y con los procedimientos estable en la función pública.

Siempre vimos inconvenientes y deficiencias en el fondo y en las formas del empeño en implantar estas nuevas fórmulas de autogestión y de externalización de la responsabilidad en los recortes. No obstante, agradecemos las declaraciones de otras centrales sindicales y de los partidos políticos. Evidentemente, las ocurrencias del Consejero son muy graves, en este caso para las y los profesionales, pero también para los y las usuarias de la sanidad de Castilla y León, pues merman el acceso y la calidad de la asistencia.

Antecedentes y sentencia actual

Siempre vimos inconvenientes y deficiencias en el fondo y en las formas del empeño en implantar estas nuevas fórmulas de autogestión y de externalización de la responsabilidad en los recortes

Para CCOO esta sentencia además viene a ratificar dos cosas más: El desprecio a la negociación colectiva en el ámbito de la mesa sectorial y la irresponsabilidad de la Consejería en el destino del dinero público.

Antecedentes: Sentencia 870/2014 que anulaba las UGC piloto de Salud Mental en Zamora y Cardiología en Valladolid. No se llegó a cumplir. aunque hicieron ver que sí se habían desmantelado.

Sentencia actual 185/2018: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado Sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Castilla y León contra la la Orden SAN/822/2016 de 26 de septiembre, del Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se crean Unidades de Gestión Clínica y se determina la composición de los Comités Clínicos de las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Público de Salud de Castilla y León.

Decreto y Orden de creación de las Unidades. En teoría el orden era presentar los proyectos, la consejería los valora y se aprueban o no. Pero la realidad fue que la consejería aprobó unas solicitudes sin proyecto, y sólo después se elaboraron los proyectos.

Decisión sin proyectos

CCOO preguntó en las mesas sectoriales de la segunda mitad del año 2016 por los proyectos aprobados y por la incorporación de profesionales a esos proyectos. Como respuesta se obtuvo que los proyectos se entregarían cuando estuvieran elaborados y que en los proyectos veríamos cuántos profesionales se incorporaban. De esos servicios que se convertían en UGC sus profesionales se enteraban por la prensa: ni se había debatido la conversión ni se había elaborado un proyecto.

Es verdad que, en el decreto finalmente aprobado, desaparecieron las aristas, pero quedó tan abstracto que cabía absolutamente todo, de manera que el fondo de la cuestión, la posibilidad de que se modifiquen los horarios, los salarios, los turnos de trabajo,… siguen ahí. Incluyendo la posibilidad de que se realicen contrataciones y despidos discrecionales. Lo dijo el consejero: hay cosas que desde la consejería no se pueden hacer, pero que si el profesional lo decide voluntariamente no hay nada que decir.

Dotación económica

El modelo ministerial de UGC se basa en el ahorro, única y exclusivamente. Pero el ministerio todavía no lo ha aprobado porque no es prioritario

Dotación económica de las UGC creadas: más de 77 millones de euros que en el presupuesto de la consejería no aparecen como tal. No es comprensible dedicar cantidades a experimentos de gestión empresarial cuando, repetimos una vez más, el cumplimiento de la sentencia de Carrera Profesional, derivada de no haber hecho las cosas bien, se puede acercar a los 30 millones de euros y se mantiene una deuda creciente relacionada con la atención continuada desde hace ya diez años que alcanza otros 20 millones. Y a esas cantidades habrá que sumar los intereses de esas deudas. Para estos asuntos no hay dinero, pero para las UGC sí lo hay. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el capricho?

El modelo ministerial de UGC se basa en el ahorro, única y exclusivamente. Pero el ministerio todavía no lo ha aprobado porque no es prioritario. Por otro lado, el Consejo de Estado recomendó la tramitación parlamentaria porque no le parecía suficiente la vía del Real Decreto que se pretendía utilizar. El ministerio lo dijo en su momento y lo cifró en una cantidad que variaba entre el 5 y el 10% durante el primer año. Ahorro significa recortes, recortes en prestaciones por una parte y recortes económicos por otra. Ahorro que pone en riesgo de alguna manera la atención, porque los resultados económicos y los resultados en salud son difícilmente compatibles.

Cambio de lenguaje

Quien ha acabado con el modelo ha sido la propia Consejería de Sanidad despreciando a los ciudadanos, implantando un modelo de gestión privada en el que se aumenta el gasto y se pierde calidad asistencial e imponiendo a sus trabajadores un nuevo modelo de trabajo sin contar con sus representantes legales

El cambio de lenguaje también los delata, porque ya no hay que hablar de pacientes sino de ciudadanos, porque “los pacientes tienen un estigma que les hace velar por sus propios intereses”, que evidentemente son contrarios a los recortes.

Nos preguntamos qué oculta el consejero bajo este proyecto en el que se ha empeñado personalmente, cuál es su secreto interés en la puesta en marcha de estas unidades, en contra de la gran mayoría de los profesionales, con los que tampoco se ha contado.

Pero, como ya advertimos en 2014, quien ha acabado con el modelo ha sido la propia Consejería de Sanidad despreciando a los ciudadanos, implantando un modelo de gestión privada en el que se aumenta el gasto y se pierde calidad asistencial e imponiendo a sus trabajadores un nuevo modelo de trabajo sin contar con sus representantes legales.

Ni siquiera el gerente regional de Salud puede hacer lo que le venga en gana y pensar que los hospitales y sus profesionales y los pacientes se tienen que adaptar a sus ocurrencias.

Modelo por los aires

Para CCOO, el objetivo político de la Consejería de Sanidad de generalizar un modelo de gestión privada en todos los hospitales y centros de Castilla y León ha saltado por los aires con esta Sentencia y les obliga a dar marcha atrás.

El objetivo político de la Consejería de Sanidad de generalizar un modelo de gestión privada en todos los hospitales y centros de Castilla y León ha saltado por los aires

Y no puede pasar desapercibido el daño ocasionado a los profesionales modificando sustancialmente sus condiciones laborales. Ha de tenerse en cuenta, entre otras, que los cambios organizativos impuestos han derivado en mermas salariales por la disminución de las nóminas de algunos profesionales al obligarles a modificar sus turnos, o quitándoles la atención complementaria, así como de quienes tuvieron que cambiar de servicio porque “ya no los necesitaban”, aún siendo profesionales especialistas en dichos servicios.

Y el daño ocasionado a todos los ciudadanos como consecuencia de los fondos públicos gastados indebidamente, el oscurantismo de la administración no presentando evaluaciones ni memorias económicas lo deja claro. Según los trabajadores es claro el aumento de conciertos en determinados servicios o la “exclusión” de determinados pacientes, por ejemplo modificando los criterios de intervención de algunos UGCs al no ser rentable su tratamiento, o la disminución de materiales, hasta ahora imprescindibles para una atención de calidad, y que ahora parecen ser demasiado caros.

Alianzas Estratégicas

De hecho, actualmente la implantación de las UGC ha aumentado irregularmente al vincularse a las Alianzas Estratégicas, el último invento de esta Consejería. El ejemplo más claro es la UGC de salud mental de Zamora que, a través de una “alianza estratégica” con la Unidad de Salud Mental del Río Hortega de Valladolid, ha implantado en este último todas las condiciones de una UGC.

· Empezando por el Jefe de Servicio, siendo el mismo para ambos servicios, de manera que el director de aquella unidad zamorana ahora dirige la psiquiatría de Valladolid, sin que se  conozca dónde se ha publicado su nombramiento, ni de qué manera ni quién lo ha elegido.
· O la presión a los trabajadores para que asuman, aún sin pertenecer a una UGC, modificaciones sustanciales de sus condiciones laborales. Y que le ha servido para imponer un modelo de Salud Mental que no se ha negociado ni discutido con nadie y que sólo rige para Zamora y el Área Oeste de Valladolid.

Es de suponer que, a partir de esta sentencia, desaparezca de manera inmediata esta alianza al desaparecer una de las partes, y se devuelva su autonomía secuestrada al servicio de Psiquiatría del hospital vallisoletano.

Cumplimiento de la sentencia

CCOO quiere que la Sentencia se cumpla en todos sus términos y también que la Consejería de Sanidad ponga fin al intento de implantar Unidades de Gestión Clínica. Un modelo innecesario en nuestra CCAA, donde las iniciativas de la Consejería deben ir dirigidas a fijar profesionales convocando y resolviendo procesos selectivos y concursos de traslados, teniendo una bolsa de empleo transparente y actualizada, retomando la Carrera Profesional, abonando la deuda contraída con los profesionales garantizando una atención igual en toda la CCAA, promocionando los puestos de difícil cobertura, y cesando a políticos y directivos que sean incapaces de hacer una correcta gestión de los recursos de Sacyl.

Sí afirmamos que pretender cambiar de modelo, porque no funciona, manteniendo a quienes han estado gestionándolo es absurdo. Los profesionales no son los culpables del deterioro que pueda estar sufriendo nuestra sanidad.

Hablando de políticos, tras el pleno de las Cortes en que se reprobó de facto al consejero Sáez Aguado, el presidente autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, prometió sentarse a hablar con los sanitarios y sus representantes. Seguimos esperando su llamada.

Salvador Escribano