Unos más gratis que otros

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El resultado de las elecciones en Andalucía del pasado día 25 puede producir una nueva y peligrosa situación en la Sanidad Pública española. Suponiendo que se cumplan los pronósticos y haya un pacto de izquierdas para gobernar, será una de las tres comunidades no mandadas por el Partido popular (PP). En el pacto andaluz, Izquierda Unida (IU) exigirá que no haya un solo retoque en servicios públicos (sobre todo en sanidad y educación) por parte del ejecutivo resultante. El Partido Socialista (PSOE) nunca ha hablado de recortes en ese sentido, por lo que Griñán aceptará, sin duda, esa condición de no recortar en absoluto la Sanidad Pública en Andalucía.

Por otra parte el PP a nivel de todo el Estado se está planteando una fórmula similar (incluso ampliada) a la que ha aplicado Cataluña para que se copaguen las recetas. Es más, el PP de Rajoy está barajando un sistema parecido al portugués, en el que se paga por visita, por urgencias sin ingreso, por día ingresado y por intervención quirúrgica realizada en centros de sanidad pública. Después de la intervención económica por parte de Bruselas, los lusos han subido ese copago hasta los 20 euros por urgencia y un caro precio por intervención. Lo han hecho en función a la renta y de forma progresiva pero, lo cierto, es que ahora ponerse enfermo en Portugal es más caro que hace un año y nadie descarta nuevas subidas. En los países de nuestro entorno no existe la sanidad pública universal y gratuita desde hace años. En mayor o menor medida en todos se paga algo, por no hablar del pésimo sistema sanitario de Estados Unidos (EE.UU), donde la gente llega a morir pendiente de operación por no tener dinero para hacer frente al servicio que, por otra parte, es extraordinariamente caro.

 

Competencia transferida

 

Sin embargo, por mucho que quiera el ejecutivo del PP implantar un sistema de copago no puede por no tener competencias, que fueron transferidas, hace años, a cada una de las Comunidades Autónomas. El Estado no puede dictar norma para que se aplique de forma igual en todo el país y solo puede dictar líneas de actuación a modo de sugerencia a cada una de las comunidades. Estas líneas de actuación ya están decididas y, sin verse de forma clara en los presupuestos, obligan a una reducción que pasa por tocar los servicios en sanidad. Es obvio que las Comunidades gobernadas por el PP van a seguirlas al pie de la letra, seguramente con algunas pequeñas adaptaciones a cada uno de los territorios. La duda reside en las pocas Comunidades en las que no manda el PP. La postura de Cataluña ya es clara. El País Vasco difícilmente va a aplicar esos consejos, ya que tiene una economía mucho más saneada que las demás regiones y no recortará (ya lo han dicho) ni en educación ni en sanidad; y queda Andalucía.

 

Criterios diferentes

 

La economía andaluza está mal. Como el resto. El déficit es grande y va a tener problemas para ajustarlo a lo que ha dicho el Gobierno central a petición expresa de Bruselas, que culpa al exceso de gasto autonómico parte de la quebradiza situación de España en los mercados internacionales ya que, durante años, no se ha fiscalizado el gasto y ahora es insoportable, mantenido y tiene pocas soluciones sin contar una quita por parte de Madrid que no se puede producir. Sabiendo que no se va a recortar en Sanidad Pública y que en Andalucía no habrá copago de ningún tipo ni reducción de servicios, se plantean dos grandes dudas. La primera es que el ahorro se tiene que producir de cualquier forma, por lo que, sin ingresar más, no queda otra solución que gastar menos para cumplir déficit, y eso puede implicar despidos de personal de hospitales y servicios centrales o, al menos, reducción de nóminas de una forma mayor que en el resto del Estado. Es bueno recordar que cerca del 35% del gasto de todas las autonomías va destinado a sanidad. La segunda de las posibilidades es recortar en otros campos y no tocar en absoluto la sanidad. De ser así se incumple la Constitución.

 

José SantosLa necesidad de igualdad que exige la ley de leyes para todos los ciudadanos que vivan en territorio español se trunca desde el momento que en una mayoría de Comunidades se tenga que pagar por receta, por urgencia o por servicio (es lo que está pensando el PP en estos momentos), y en otras (al menos dos) todo siga siendo gratis como ha sido hasta ahora. El agravio comparativo hará que ciudadanos de todo el Estado se censen en poblaciones andaluzas para poder acceder a todos los servicios de forma gratuita. Es grave.

 

José Santos ([email protected]) es Periodista