Un paso más allá para afrontar la crisis del Sistema Sanitario

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Los recortes sanitarios, muy lejos de lo que puede considerarse una reforma, son objeto del análisis, en su blog de la Fundación Alternativas, de Javier Rey, buen conocedor del Sistema Nacional de Salud, para quien los argumentos empleados en la adopción de las medidas o son engañosos o adolecen de graves defectos técnicos.

Las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 16/2012 en el terreno sanitario, relativas a una nueva definición del derecho a la protección sanitaria prevista, así como la imposición y ampliación de los copagos aplicados por ahora sólo en la prestación farmacéutica, que entraron en vigor el primer día de este mes, tienen en común con los recortes que se están aplicando en otras áreas por el Gobierno en estos días (pretender que se trata de "reformas" parece un sarcasmo inaceptable) que adolecen tanto de graves engaños en la justificación de las razones que han llevado a aplicarlas, como de defectos técnicos severos en su definición y forma de aplicación.

 

Engaños manifiestos

 

Entre los engaños, el mejor ejemplo es el cambio introducido en el procedimiento de reconocimiento del derecho a la protección sanitaria, reservado desde la norma citada a la población "asegurada", cuyo ejercicio se atribuye desde la misma al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde el Mº de Sanidad se han tratado de explicar las ventajas derivadas de esa nueva situación con la difusión de que, mediante el cruce informático por el Instituto citado de distintos colectivos de población "beneficiaria" (que acceden al reconocimiento de su derecho a la protección sanitaria en función de su relación de parentesco con un "titular") con los de población activa o pensionista, se han conseguido detectar hasta 200.000 personas que venían recibiendo las prestaciones en condiciones indebidas (por ejemplo, accediendo a la medicación gratuita correspondiente a los pensionistas y sus "beneficiarios", estando ellos mismos en activo), lo que ha permitido corregir esas situaciones (incluso aunque en algunos casos podía ser legal) .

 

Falsa justificación

 

La justificación es falsa en su raíz: las normas que regían la emisión de la tarjeta sanitaria, el documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria emitido por las CCAA desde hace más de veinte años, preveían como primer procedimiento para comprobar el derecho de cada ciudadano a la protección sanitaria la consulta a las bases de datos de la misma Seguridad Social. Ésta, sin embargo, no ha efectuado en ese plazo ningún "cruce" informático de datos que ya estaban en su poder, que podían haber llevado a conclusiones similares desde hace mucho tiempo, y no como consecuencia de la "reforma" actual. Por el contrario, en lo que se refiere a la protección sanitaria, la nueva norma reitera la existencia de sistemas especiales de organización y protección, entre ellos de manera destacada el de las distintas mutualidades de funcionarios, cuya acreditación del derecho a la protección sanitaria, incluidos los "beneficiarios" no titulares de la misma, escapan a la responsabilidad de la Seguridad Social. Ésta, por su parte, no ha permitido nunca efectuar cruce alguno para averiguar las duplicidades entre los sistemas de protección de uno y otro ámbito, que cabría sospechar son mucho más amplias que las que se puedan producir en el ámbito único de la Seguridad Social.

 

Si lo que se pretendía era evitar esos problemas, en todo caso nunca cuantificados, la única solución razonable para hacerlo habría consistido en reconocer el derecho constitucional a la protección sanitaria de cada ciudadano y, para hacerlo efectivo, recurrir a su propia identificación personal.

 

Sin esas condiciones, la definición de la población con derecho a la protección sanitaria como "asegurada", y hacer ésta en términos limitados, parece tener como objetivo principal sentar las bases para permitir que aquéllos que puedan obtener la protección de forma voluntaria a través de medios privados consigan la desgravación fiscal de sus aportaciones. Es lo que están demandando de manera activa a través de una campaña promovida por un "lobby", el IDIS, que reúne a las aseguradoras y centros privados; una medida que descapitalizaría aún más el sistema de atención pública general

 

Prestación farmacéutica

 

En el campo de la prestación farmacéutica, las medidas adoptadas para ampliar los copagos resultan igualmente una falacia si se las quiere acreditar como el remedio más adecuado para controlar esa parte del gasto sanitario. El gasto farmacéutico, pese a todas las medidas adoptadas hasta ahora, sigue ocupando una proporción del gasto sanitario total diez puntos porcentuales por encima de la que significa en los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno más próximo. La falacia es aún más evidente cuando, en la evolución del gasto farmacéutico español, el gasto hospitalario, en el que no se producen (por ahora) copagos, va ocupando una proporción cada vez más amplia del gasto farmacéutico total.

 

El consumo de medicamentos por los pacientes, que son el eslabón más débil de la cadena farmacéutica, no es libre, sino inducido por la prescripción efectuada por un profesional. Éste, a su vez, sufre por vías distintas (en estos mismos días se han conocido las multas impuestas a varios laboratorios en los Estados Unidos por prácticas ilegítimas e ilícitas de esta naturaleza) la presión de la industria para orientar su prescripción, lo que ocurre igual en España. El consumo se ve, por su parte, facilitado por una red de distribución y dispensación a través de las oficinas de farmacia concertadas con el sistema público, cuya viabilidad, salvo la de las oficinas urbanas de mayor tamaño, que son las que obtienen beneficios reales de ese sistema, está puesta en cuestión en el momento actual. Un buen ejemplo de ello son los problemas habidos para el pago de las deudas con las farmacias por parte de determinadas CCAA. Problemas a los que se han venido a añadir los de la aplicación de los nuevos copagos, objeto de una reglamentación apresurada y plagada de defectos que está generando numerosas tensiones e, incluso, según algunas valoraciones, la renuncia a los consumos prescritos por una parte de los afectados por los nuevos copagos.

 

Protección diferenciada

 

Por otra parte, con las medidas adoptadas, pese a su limitación a terrenos muy concretos como los citados, se han puesto de manifiesto otros problemas generales del sistema sanitario:

  • el mantenimiento de servicios con financiación pública diversos para diferentes grupos de población está derivando, sin ninguna ambigüedad, en la generación de niveles de protección sanitaria diferenciados (y privilegiados) para aquellos grupos (las mutualidades citadas antes entre otros) a los que se facilita la cobertura sanitaria con medios privados. Esa diferenciación ha tenido además un reflejo expreso en la distinción de los copagos de estos grupos, que no han sufrido cambio alguno a raíz de los aumentos establecidos en todos los ámbitos de la población general.

  • la exclusión de la aplicación de las medidas tanto en cobertura como en copagos por determinadas CCAA, de manera singular el País Vasco, ha puesto sobre el tapete la financiación privilegiada que, por la aplicación que se hace del "cupo" vasco (lo mismo ocurre en Navarra), recibe aquella CA (casi un 30% superior en términos per cápita a los de las CCAA de régimen común) para cubrir con sus servicios un derecho universal e igualitario en términos constitucionales. Es esa financiación privilegiada la que le permite evitar ahora la aplicación de las medidas establecidas con carácter general Una situación que pone, además, sobre aviso de los efectos potenciales que tendría aceptar el "pacto fiscal" que ahora reclaman los partidos catalanes, si se le quisiera dar el mismo significado en términos de protección sanitaria diferenciada o de mantenimiento de un modelo de organización sanitaria, con aumento de la provisión privada, igualmente diferenciado.

Por su parte, la aplicación al personal sanitario, como a los de otros servicios públicos, de las medidas de recorte en sus retribuciones y jornadas y la reducción de plantillas que se viene aplicando a todo el personal del sector público está teniendo efectos evidentes, incluso con la aplicación más restringida de esas medidas adoptadas por el Gobierno anterior: pese a tratarse de una medida muy imperfecta, hace pocos días se ha conocido el aumento sustantivo que se ha producido en las listas de espera a lo largo del último año.

 

Propuestas políticas

 

Esa relación apresurada de algunos problemas estructurales de que adolece el sistema sanitario pretende poner de manifiesto que se podrían obtener mejoras notables de su eficiencia y una reducción del gasto sin deteriorar la calidad de los servicios ni reducir las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria si se abordan reformas reales de su organización en sus aspectos más importantes. La crisis económica ofrece una oportunidad singular para ello, por la posibilidad que ofrece de vencer las resistencias al cambio que vienen ofreciendo desde hace años quienes se están beneficiando del deterioro de su diseño original.

 

Javier Rey del CastilloComo en otros terrenos, la respuesta a las medidas que está adoptando este Gobierno no pueden quedarse sólo, tampoco en el sanitario, en la protesta por los recortes y el deterioro de los servicios que se está produciendo con ellas. Puesto que se trata de un problema netamente político, se hacen imprescindibles propuestas alternativas para una reforma real de este sistema, calificado hace poco como uno de los mejores del mundo, de manera que permitan recuperar la confianza en las instituciones, incluido el sistema sanitario, que venía siendo hasta ahora un instrumento esencial de cohesión.

 

Javier Rey del Castillo, médico especialista e inspector del SNS, fue director general de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Secretario del Consejo Interterritorial del SNS