Rubalcaba sitúa la sanidad en el debate sobre la nación ante la omisión de Rajoy

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, inició su intervención en el debate sobre el estado de la nación con aquellas cuestiones que Mariano Rajoy había obviado en su discurso: la privatización de la sanidad y los desahucios, lo que enfrentó al presidente a un duro debate en los turnos de réplica.

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Imagen destacadoAlfredo Pérez Rubalcaba optó el miércoles por responder al balance que hizo el Presidente Rajoy sobre las reformas tendentes a la reducción del déficit y los logros económicos en Bruselas, con un discurso recuperado de la calle y dirigido a ella. Quizá por ello, inició su turno de réplica hablando de los costes sociales de la crisis, de la sanidad y los desahucios, dos aspectos de los que el presidente del Gobierno no dijo ni una palabra durante su intervención de casi dos horas.

 

Una nueva ley y nueva Constitución

 

El secretario general de los socialistas acusó al Gobierno de haber roto "consensos sociales básicos" en 14 meses con las reformas emprendidas en la sanidad, como en la educación, y de estar creando con ellas "una sociedad dual". Detrás de las privatizaciones que se están llevando a cabo en varias comunidades autónomas, "existe un cambio del modelo sanitario", dijo Pérez Rubalcaba. "Habrá una doble red: hospitales privados para enfermos baratos y hospitales públicos depauperados para enfermos caros y crónicos", auguró.

 

"Si usted se empeña en seguir privatizando hospitales, emplearemos todos los medios a nuestro alcance y, cuando gobernemos, que será pronto, volveremos a hacerlos públicos", le dijo al presidente Rajoy, tras haber reclamado una nueva Ley de Sanidad y una reforma de la Constitución para garantizar la financiación a través de impuestos de la asistencia sanitaria pública.

 

Los argumentos de la reforma

 

Imagen listadoMariano Rajoy entró al debate. Y lo hizo, como en el resto de las cuestiones, recordando a Rubalcaba su "historia", como miembro del anterior gobierno socialista y de la deuda sanitaria que los populares heredaron de esa legislatura: 16.000 millones pendientes en pago a proveedores, con un incremento del 173 por ciento entre 2009 y 2011, y una demora media de 500 días en el pago. No quería nombrarla, pero lo hizo. En Andalucía la demora era superior a los 700 días. "¿Quieren que siga? No les conviene", retó al socialista. "La segunda con más demora es Baleares, donde ustedes estaban gobernando hasta hace poco".

 

Con estas cifras, la "descoordinación en la cartera de servicios" o la necesidad de adecuar directivas europeas sobre el aseguramiento público, el Presidente del Gobierno justificó la mayor reforma emprendida hasta ahora en el acceso a la sanidad o el copago de los fármacos en el colectivo de pensionistas. Se refirió a los 1.000 millones de euros que, según el informe del Tribunal de Cuentas, España ha dejado de cobrar por asistencia sanitaria a extranjeros, si bien reconoció que la mayoría eran ciudadanos europeos con derecho a la sanidad en sus respectivos Estados. La reforma, sin embargo, se ha extendido a ciudadanos de terceros países, la mayoría inmigrantes.

 

El ejemplo andaluz

 

El Presidente no eludió hablar de los distintos modelos de gestión que se extienden por las comunidades autónomas, aunque no sea competencia del Ejecutivo central. Y volvió a citar a Andalucía, -"sin hacer la más mínima crítica"-, que con 46 hospitales, sólo 25 tienen "gestión tradicional", para argumentar que se trata de decisiones que se toman sea cual sea el color político. En el resto, él mismo lo explicó, se estarían aplicando fórmulas jurídicas como fundaciones, empresas públicas o consorcios, asimilando estas iniciativas a la externalización de la gestión que se emprende en Valencia o Madrid. Lo que no dijo es que siguen siendo de gestión pública y que estos modelos fueron aprobados por el primer gobierno popular de Aznar en 1996.

 

La Ministra Ana Mato tomaba notas atenta de la intervención del Presidente. Algo que no tuvo que hacer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Su departamento tampoco tuvo protagonismo alguno en la intervención de Rajoy, aunque si en el paro que secundaba en la misma jornada una buena parte de los jueces y fiscales contra las reformas que propugna.