Reforma sanitaria: errores del pasado, conflicto de intereses y el espejo inglés

Dos jornadas han dedicado el grupo parlamentario de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados y de IU en la asamblea de Madrid a analizar con expertos las reformas de la sanidad pública emprendidas en España, herederas, según dijeron, de errores del pasado y conflictos de intereses. En la misma jornada, un escándalo estallaba en el Reino Unido, vinculado a la gestión de su servicio público de salud.

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Sally Ruane
Sally Ruane
Gaspar Llamazares (IU), organizador de la jornada 
 Gaspar Llamazares (IU), organizador de la jornada

Rally Ruane, economista y subdirectora del Centro de Investigación en Políticas de Sanidad de la Universidad de Montford (Reino Unido), explicaba el miércoles en una abarrotada sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados sus temores sobre las consecuencias de la última reforma sanitaria emprendida por la coalición de conservadores y liberales que gobierna en Reino Unido. Casi al tiempo, empezaban a aparecer en la prensa británica los datos de una investigación sobre el maltrato a miles de pacientes en el centro sanitario de Stafford que obligó, horas después, al primer ministro británico, David Cameron, a pedir disculpas públicas por las negligencias "verdaderamente espantosas".

 

Consorcios Clínicos de Compra

 

La investigación revela falta de competencia del personal sanitario, selección de riesgos a cargo de personas no cualificadas para ello, muy relacionado con el coste del tratamiento, y desatención a los pacientes ingresados en los servicios más básicos como la alimentación. Son aspectos sobre los que alertó la economista británica en su intervención titulada: 'Exclusión y desigualdad en el nuevo sistema sanitario de Inglaterra', en la que viajó, desde los orígenes del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 1948, por las consecutivas reformas emprendidas tanto de conservadores y laboristas, hasta la última que entrará plenamente en vigor el próximo abril.

 

Se trata de una nueva fórmula de gestión de la sanidad pública, financiada en Reino Unido a través de los impuestos, que da una vuelta de tuerca al ya instalado mercado interno con nuevas facilidades para la participación privada en la gestión y provisión de servicios. La gestión estará a cargo de lo que Ruane traduce como Consorcios Clínicos de Compra (CCC), órganos colegiados, compuestos principalmente por los representantes de centros de salud, es decir por los médicos de familia o los médicos generales (GPs), con capacidad para decidir qué servicios consideran razonable proveer y sólo para los pacientes inscritos en sus listas. El resto tendrá acceso a urgencias. En su opinión, lo que antes era un sistema de cobertura obligatoria, gratuita y universal, se convierte ahora en uno "discrecional y parcial". Y tampoco confía en que participe en el mismo una mayoría de médicos no familiarizados con tareas de negociación, firma de contratos, supervisión, facturación, auditorías, la determinación de obligaciones y el manejo de las disputas legales, riesgos y publicidad.

 

La otra vertiente es la capacidad que da la nueva ley británica para la participación de la empresa privada en la gestión de estos servicios públicos o para colocar a sus asegurados en centros de salud estatales. Para la economista, la consecuencia es que las empresas estarán en una posición privilegiada para influir "en a manera en que el presupuesto del NHS se gasta, el diseño de servicios y el carácter de los derechos, nuestros derechos, a la atención de salud".

 

Cuando el dinero empezó a seguir al paciente

 

La libertad de compra y gestión de estas nuevas unidades gestoras, cada una en su área de influencia, también le preocupa, porque entiende que "es posible que esta variación permitida, en combinación con las restricciones financieras, puedan llevar a la introducción de un paquete definido de cuidados. Esto permitiría la posibilidad de los pagos suplementarios que algunas personas pueden estar dispuestas a abonar para añadir al paquete básico en términos de calidad o cantidad". Su conclusión es que el actual sistema del Reino Unido será reemplazado, "casi con certeza, por uno más costoso y más desigual".

 

Rally Ruane participó en la redacción y coordinación de un reciente libro, 'Las cuestiones clave de la sanidad pública: un diagnóstico comparado de los Sistemas Públicos Sanitarios de España y el Reino Unido', publicado recientemente por la Fundación 1º de mayo, y en el que trabajaron Marciano Sánchez Bayle y Elvira Sánchez LLopis. En él recuerda que el reclamo político de que "el dinero sigue al paciente" es tan antiguo como la hoja de ruta que diseñó el Gobierno de Margaret Tatcher, llamada 'Trabajando para el Paciente', que dio lugar a la primera gran reforma del sistema de salud británico con la introducción del mercado interno. Estamos hablando de hace más de tres décadas.

 

Un problema político en España

 

Los valores del NHS británico orientaron la creación del Sistema Nacional de Salud español, cuyos principios se materializaron en la Ley General de Sanidad de 1986 y en normas posteriores, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, y Ley General de Salud Pública de 2011. A Javier Rey del Castillo, especialista en salud pública e inspector sanitario, le parece poco desarrollo legislativo para proteger un servicio, ahora a merced de reformas diferentes en 17 comunidades autónomas. Más víctima que causante del déficit, Rey del Castillo insistió en estas jornadas sobre el efecto que ha tenido en la sanidad pública lo que considera permeabilidad en la izquierda de la idea defendida por la derecha liberal de que el problema es técnico.

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Javier Rey defiende que el problema es político; que es una apuesta política. Desde sus orígenes, criticó un desarrollo sesgado de la Ley General de Sanidad, -"una abundancia de disposiciones transitorias"- que permitió, entre otras cosas, la actual dualidad entre un sistema público y uno privado a través de mutualidades y que hoy ofrece asistencia en centros privados a miles de funcionarios o colectivos empresariales. "Hay un magma en el que no se diferencian las propuestas de los principales partidos políticos frente a la sanidad pública", afirmó. Y coincidió con otros oradores en que el sector sanitario es suculento para hacer dinero. "Los sistemas públicos son un ámbito del cual se pueden obtener plusvalías porque, por muy mal que se gestione, siempre es un sitio de beneficios asegurados", estimó.

 

Transparencia y control democrático

 

La dificultad de control democrático de las concesiones en los servicios públicos o la falta de transparencia sobre las decisiones que se toman fue uno de los aspectos desarrollados por Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, de Alicante. Planteó tres cuestiones a la audiencia: "¿Se formulan las políticas de una forma autónoma, buscando exclusivamente el bien público? ¿Son independientes las decisiones políticas de intereses ajenos a la utilidad general? La tercera era: ¿Se atiene a la realidad de los hechos la afirmación que hizo Roberto Mangabeira, catedrático de la Universidad de Hartar y ex ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil : 'España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio?".

 

Salud pública vs biomedicina

 

Y la audiencia, muerta, esperó su respuesta. Su conclusión es que los déficits de calidad democrática, los conflictos de interés y la captura de políticas "contribuyen decisivamente a una toma de decisiones alejada del bien público". En concreto situó a las políticas de prevención y promoción de la salud como la primera víctima de la "fascinación intelectual" por la biomedicina, olvidando, insistió, en cuáles son los verdaderos determinantes de la salud de los ciudadanos: desigualdades sociales y económicas, acceso al trabajo, educación etc…

 

En este sentido, Hernández señaló la frecuencia de la "puerta giratoria" entre la política en la industria privada de la que no salvó ni a las agencias de Naciones Unidas, ni a la Organización Mundial de la Salud. "No se hacen declaraciones de intereses en las decisiones estratégicas", criticó. "¿Alguien sabe cómo se ponen los precios de los medicamentos?", añadió, reivindicando transparencia y organismos independientes que evalúen las decisiones que se toman en las políticas sobre bienestar.