Propuestas políticas para dar salidas al conflicto sanitario en la Comunidad de Madrid

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El punto muerto en que se encuentra el proceso de negociación entre los profesionales de la sanidad de Madrid y la consejería de Sanidad, como consecuencia de la inmovilidad de ésta en sus planteamientos, lleva al analista a presentar otras vías de actuación, en especial una mayor implicación de los grupos políticos, para llevar ante el Tribunal Constitucional unos planteamientos que no deberían hacerse realidad.

Ha terminado el mes de enero sin que se haya producido ningún movimiento significativo por parte de ninguno de los actores principales que protagonizaron en los meses anteriores el conflicto sanitario en la Comunidad de Madrid, que permita siquiera atisbar alguna línea de solución al mismo. Menos aún se ha producido actuación alguna que pueda proporcionar un mínimo grado de estabilidad a la injustificada e insoportable situación de inseguridad en la protección sanitaria que reciben los ciudadanos madrileños. Esa inseguridad obedece no sólo a las razones económicas por los cambios sucesivos que se han ido produciendo en las aportaciones que deben hacer para acceder a las prestaciones farmacéuticas como consecuencia de la introducción primero, y la suspensión por el Tribunal Constitucional después, del recargo de un euro por cada receta. El mismo efecto de inseguridad e inquietud lo producen también los cambios en la atención que está provocando la reducción sesgada de las plantillas que la Consejería de Salud está llevando a cabo en numerosos centros. La situación merece algunos comentarios sobre las posibilidades de diferentes actores para proporcionar una salida a la misma que restaure la confianza y seguridad de los ciudadanos madrileños en sus servicios sanitarios. Esas condiciones son imprescindibles para evitar que éstos se conviertan en un problema añadido en una sociedad que, por el contrario, está precisada de la confianza que solían tener en su funcionamiento como instrumento importante de su propia cohesión.

 

1) La responsabilidad principal de todo ello recae, como es lógico, en la Consejería de Salud e, incluso más allá, en el presidente-sustituto-interino de ese Gobierno, que no ha dudado en mantener algunas de esas medidas, adoptadas de nuevas por propia iniciativa, como el pago del euro por receta, cuando, tras la suspensión de la misma medida del gobierno catalán, y el recurso del gobierno central de su propio partido, no cabía ninguna duda de su destino más inmediato. Las evidencias de la irresponsabilidad política de que hace gala el gobierno madrileño no se agotan, sin embargo, en ese terreno:

  • la oferta de la consejería de salud a uno de los actores contrarios en el conflicto, la Asociación de facultativos especialistas madrileños, para restringir la privatización prevista de la gestión de seis hospitales y veintisiete centros a un número limitado, o incluso único, de ellos, pone de manifiesto la improvisación con la que se adoptó esa medida en la ley de acompañamiento de los presupuestos hace tan solo un mes y, sobre todo, la falta de previsión de los efectos que el solo anuncio de la medida podía provocar. Efectos hoy visibles no sólo en términos de la respuesta profesional unánime que provocó, sino también, como consecuencia de ésta, en las dificultades que parecen estar empezando a mostrar para acudir a la licitación que se convoque, si es que se llega a hacer, quienes (determinadas aseguradoras y otros grupos reunidos en el IDIS) parecían estar previamente interesados en participar en la misma, hasta haber sido probablemente quienes indujeron de manera más o menos directa el cambio mencionado en la legislación.

  • por su parte, las variaciones que parecen estarse produciendo en las ofertas que se están haciendo a los sindicatos que son también interlocutores en el conflicto para hacer efectiva con mayor o menor amplitud, y en plazo más o menos inmediato, la jubilación de los profesionales mayores de 65 años, mientras continúan los ceses y la prolongación limitada de los contratos del personal eventual e interino, denota a las claras el deseo de encontrar vías de ruptura en la unidad demostrada hasta ahora por quienes han protagonizado el propio conflicto, de manera que no se pueda volver a plantear en los mismos términos de cohesión y dureza con que lo hicieron en la etapa anterior.

No es previsible que la incapacidad y carencia absoluta de responsabilidad política que demuestran esos comportamientos lleve a las consecuencias que situaciones como éstas tendrían en cualquier otro país democrático distinto al nuestro. Amparado en la mayoría absoluta de que dispone todavía por un plazo de algo más de dos años, lo previsible es que, mediante diferentes artimañas, el gobierno madrileño trate de prolongar su mandato. E incluso que si, por alguna de las vías de negociación indicadas, puede evitar que el conflicto se reactive en la forma más agresiva en que lo ha hecho hasta ahora, pretenda aplicar algunas de esas medidas con mayor o menor amplitud.

 

Lo que, en todo caso, parece imposible de recuperar por ese gobierno es la credibilidad y legitimidad de cualquier política sanitaria que enuncie, e incluso la de los compromisos que pudiera adquirir para tratar de obtener una salida de la situación en la que él mismo se ha colocado que sea menos lesiva para sus intereses. Lo que lo convierte en un gobierno políticamente muerto, que no debería recibir ninguna ayuda, en forma de participación en negociaciones con el mismo, o cualquier otra, que le permitiera legitimar de alguna manera su situación .

 

2) El segundo actor del conflicto, en este caso un actor colectivo, dividido entre asociaciones profesionales, que son las que han logrado mayor eco, y los sindicatos del sector, que se han unido a otros grupos sociales en otra plataforma reivindicativa con objetivos similares a los de la anterior, se encuentra igualmente en una situación compleja. Complejidad que, por el momento, ha llevado a unos y otros a una cierta parálisis en su anunciada intención de reanudar el conflicto si no logran el cumplimiento de la totalidad de los objetivos por los que lo iniciaron.

 

Fijados éstos en términos de anulación de la totalidad de los proyectos de privatización indicados, unos y otros se encuentran en una situación en la que, pese al fracaso formal de su cumplimiento, por las razones indicadas más arriba han logrado impedir de hecho hasta ahora el desarrollo efectivo de esos proyectos. E incluso que el propio presidente-sustituto-interino madrileño reconociese que lo que la ley de acompañamiento aprobada proporciona es la habilitación para llevarlos a cabo, pero que del texto no se deriva necesariamente su ejecución completa e inmediata, ni los términos concretos en que hacerlo.

 

Así las cosas, y las dificultades obvias que tendría reiniciar el conflicto con las mismas formas, intensidad y unidad que han mantenido hasta ahora en sus planteamientos, lo que parece más difícil de asumir por unos y otros grupos es el retroceso aparente que supondría para ellos pasar del reconocimiento general que han adquirido como verdaderos autores de la paralización, al menos por ahora, de los proyectos privatizadores, a reconocer ellos mismos de manera espontánea y autónoma que no son los agentes más adecuados para modular, mediante acuerdos con la administración madrileña, el desarrollo y la aplicación efectiva más o menos extensa de esos proyectos de privatización.

 

Las razones para justificar la falta de adecuación de los grupos profesionales y sindicales a esa función moduladora de la aplicación de esos proyectos son, en mi opinión, de un doble carácter:

 

-En sentido positivo, son claras las razones para considerar que la unanimidad y unidad demostrada para el rechazo global del proyecto privatizador son de difícil traspaso al diseño de mecanismos organizativos y funcionales del sistema en su conjunto, y de los centros concretos, que permitieran lograr los resultados económicos en términos de ahorro, por otra parte vergonzosamente no concretados para los proyectos privatizadores, supuestamente pretendidos por el gobierno madrileño. Dejando al margen que ese papel le corresponde a la acción de gobierno de cualquier servicio público o privado, que no puede ser delegado sin más en sus trabajadores, la razón principal para ello es que entre grupos distintos de éstos se dan intereses distintos, cuya conciliación entre ellos, y con el interés general de la mejor prestación del servicio, no se puede lograr sólo por el acuerdo entre ellos; e incluso si éste fuera posible, lo que en todo caso requeriría procesos dilatados y complejos de negociación interna, llevaría a resultados cuando menos dudosos. Una cosa es involucrar y escuchar al personal sanitario en la mejora de la gestión, y otra muy diferente que los profesionales sean los que diseñen la estructura y el funcionamiento de la organización.

 

Una lectura somera de algunas de las múltiples reacciones, comunicados y posicionamientos de distintos colectivos a los que ha dado lugar la "profesionalización" del conflicto puede dar alguna idea de los intereses distintos por parte de unos y otros grupos. Pueden servir de ejemplo el comunicado de la FACME (https://www.actasanitaria.com/fileset/fileManifiestoFACME7795.pdf) , en el que esta Federación de asociaciones científico médicas termina proponiendo como modelo de buena gestión, que se debería extender con objeto de propiciar la eficiencia del Sistema, la creación de "áreas, institutos, y unidades de gestión clínica" independientes en el seno de los centros sanitarios (uno de los que existen actualmente con resultados nunca evaluados de manera global, está dirigido por uno de los firmante del escrito, vicepresidente actual de la citada Federación). Y, por contraste, la reciente posición expresada por la organización colegial de enfermería madrileña (http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-comite-profesional-de-enfermeria-defiende-fortalecer-la-capacidad-de-resolutiva-de-la-profesion.html ), en la que proponía como paradigma de la mejora de la eficiencia del sistema sanitario la ampliación del papel en el mismo de esos profesionales.

 

-En sentido negativo, los mismos grupos profesionales y sindicales ahora movilizados con el objetivo global de evitar la privatización anunciada han venido demostrando a lo largo de los últimos años su incapacidad e impotencia para lograr orientar las políticas que más directamente les afectan, las relativas al personal del Servicio Madrileño de Salud, en un sentido acorde con los derechos e intereses de todo el personal, y con la calidad de la atención. La proliferación de toda clase de formas irregulares de contratación, que afectan sobre todo al de titulación más reciente, es el mejor ejemplo de cómo en esa línea los intereses del personal fijo más veterano no se han alineado de manera activa con los del personal de "nueva" (a veces hace años) incorporación. Por otra parte las diferencias en su situación han convertido al personal interino y eventual en sujeto preferente de las operaciones de desestructuración de las plantillas de los centros que el Servicio Madrileño de salud sigue llevando a cabo en estos días. Esas operaciones constituyen, a su vez, la base más sólida y cierta sobre la que se pretenden facilitar y asentar los proyectos de privatización.

 

Así las cosas, las demandas de la consejería madrileña para recibir y negociar propuestas de unos y otros grupos participantes en el conflicto, y además por separado, más parecen una trampa para ellos que una búsqueda real de salida al mismo. La fuerza de las plataformas profesionales y sindicales mencionadas depende todavía sobre todo del hecho objetivo de haberse convertido en garantes de una respuesta masiva y solidaria contra la privatización, capaz de movilizarse y, con ello, poner en cuestión la viabilidad de los proyectos privatizadores, si se pretenden desarrollar, y avanzar hacia nuevas fases de los mismos. En este momento no es a las plataformas indicadas a las que corresponde mover ficha, sino a la Consejería madrileña, que, si quiere avanzar en sus proyectos, debe hacerlo bajo el riesgo de que sus medidas sean de inmediato contestadas con una nueva movilización y, como consecuencia de ésta, puesto en cuestión el interés de las propias empresas privadas por participar en las operaciones de privatización.

 

Para garantizar que esa respuesta sea otra vez posible, lo que parece más importante es que las plataformas mencionadas concentren su atención en evitar, por los medios que consideren más adecuados, que se sigan produciendo los movimientos en las plantillas que se están dando en estos días. Y que consigan la incorporación a sus posiciones del personal al que se pueda ofertar la incorporación a los puestos que pudieran quedar vacantes para ponerlos a disposición de la contratación por las empresas privadas que pudieran hacerse cargo de la gestión.

 

Demandar de esas plataformas que no sucumban a la tentación de entrar a negociar con la Consejería madrileña unas u otras condiciones generales de organización de los servicios que pudieran paliar la aplicación de los planes privatizadores por aquélla y, por el contrario, que se concentren en acciones como las señaladas, no supone despreciar el papel decisivo que de manera generosa y activa han desempeñado esas organizaciones en la paralización, siquiera temporal, de las operaciones privatizadoras. Por el contrario, pretende garantizar el desempeño por su parte de ese papel en el futuro, sea cual sea cual sea el partido o el gobierno que pudiera llevar a cabo un nuevo intento privatizador, frente al cual la intervención contraria, masiva y unitaria de los profesionales sanitarios, constituye, como han demostrado las movilizaciones más recientes, el mayor obstáculo para la privatización.

 

3) La intervención en el conflicto de los supuestos "expertos" en organización, financiación y gestión de los servicios sanitarios merece un comentario aparte.

 

Un vez planteado el conflicto con la intensidad, el grado de participación y la continuidad que alcanzó, raro es el grupo o persona supuestamente experto en esos temas que no ha expuesto por unos u otros medios su posición respecto a los efectos, fundamentalmente de tipo económico en términos de ahorro, que puede suponer la privatización de la gestión de los servicios públicos en el caso sanitario.

 

La mayoría de las posiciones "académicas" que se han oído en estos días han servido para poner en cuestión las afirmaciones de la Consejería madrileña acerca de las supuestas ventajas y efectos demostrados en términos de ahorro de las medidas de privatización. El denominador común de las opiniones de la mayoría de los "expertos" sobre esa cuestión es que no hay evidencias suficientes como para pronunciarse en sentido afirmativo, pero tampoco las hay para hacerlo en sentido contrario, sobre todo porque no hay estudios "objetivos" e independientes suficientes sobre esa cuestión.

 

Las posiciones expresadas ahora han tenido el valor suficiente, en términos de contribuir a detener la iniciativa del gobierno madrileño, como para hacer olvidar la realidad igualmente contrastable del amplio número de opiniones y artículos publicados por muchas de esas mismas organizaciones y personas "expertas" a lo largo de más de una década, centrados en la necesidad de cambiar la gestión pública de los centros sanitarios, antes que la de la organización sanitaria en su conjunto, para hacerla más "eficiente" . El problema de la mayor parte de las posiciones expresadas hasta ahora no era tanto que fueran por completo distintas a las manifestadas con motivo del conflicto, sino que, expuestas en la forma en que lo han venido siendo habitualmente, y sobre la base de poner en cuestión no tanto las ventajas de la privatización, sino ante todo los problemas en términos de eficiencia de la gestión pública, han venido sirviendo de base efectiva a la aplicación de medidas concretas por distintos gobiernos (desde la aplicación del modelo Alzira en Valencia al diseño de otras "nuevas formas de gestión" de nuevos centros por diferentes CCAA) en una línea que, sin solución de continuidad, ha culminado en las medidas privatizadoras que ahora pretende aplicar la Comunidad de Madrid.

 

La razón para que las opiniones "expertas" resulten, en mi opinión, de poca ayuda ahora para buscar una salida al conflicto, más allá de la contribución que ya han hecho a poner en cuestión las medidas adoptadas por la Administración madrileña, es que los planteamientos que han realizado de nuevo se han mantenido en el plano meramente "técnico" que pretenden les sea propio, cuando el problema está planteado en términos estrictamente políticos: la cuestión no es si la privatización de la gestión de los centros sanitarios, al margen de otros efectos, supone o no un ahorro para las arcas públicas, sino si, en ausencia de evidencias claras al respecto, que no existen ni la administración madrileña ha sido capaz siquiera de aducir, y sin haber llevado a cabo un debate abierto y en profundidad de las medidas, la Comunidad de Madrid tiene el derecho político de aprobarlas y aplicarlas. Una cuestión a cuya respuesta las opiniones que se pretendan mantener en el terreno "técnico", en especial el puramente económico, tienen poco que contribuir.

 

4) Todo ello lleva a considerar la situación de unos potenciales actores del conflicto que, sin embargo, no han aparecido en escena hasta ahora, o lo han de manera tan discreta que podrían aparecer como meros figurantes, que en el desarrollo de su papel no tienen nada que decir. Se trata de los partidos de la izquierda, en la oposición en la Comunidad de Madrid.

 

Más allá de declaraciones generales y algunos intentos, frustrados, de promover el debate específico de estos temas en la Asamblea de Madrid, lo que los medios han transmitido hasta la fecha de la actuación de estos partidos parece traducir una actitud tímida y casi de disculpas por tratar de intervenir en estos temas en medio del descrédito que abarca en estos días a la totalidad de la política. Una actitud a la que parece añadirse una cautela desmedida por evitar ser rechazados en su intervención por quienes, las plataformas profesionales y sindicales mencionadas, han asumido hasta ahora el protagonismo de la oposición a las medidas privatizadoras de la Comunidad de Madrid.

 

Y, sin embargo, la intervención de estos partidos es imprescindible para dar una solución al conflicto: lo es para plantear a nivel nacional el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley aprobada con la mayoría absoluta del PP en la Comunidad de Madrid. Un recurso que, si se llegara a plantear, no conllevaría de manera automática la suspensión provisional de la ejecución de la norma, pero que sí permitiría solicitarla en una pieza separada. Y que, de lograrse (como ha ocurrido de manera automática en el caso de la suspensión del cobro del euro por receta tras el recurso del Gobierno central), provocaría un cambio de calendario y escenario sustancial en la aplicación de las medidas. Lo que, sumado a las otras dificultades señaladas antes, bien podría ser la puntilla para renunciar a su aplicación por la Comunidad de Madrid, sin necesidad de esperar a los recursos que se pudieran plantear contra el desarrollo concreto posterior de las medidas privatizadoras aprobadas en la ley.

 

Según diferentes juristas expertos, hay motivos suficientes para justificar la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley en los términos en que ha sido aprobada. Y el tiempo para hacerlo por un número de parlamentarios nacionales suficiente, que IU no puede alcanzar por sí sola y exige, por tanto, la colaboración del PSOE para hacerlo solo o de manera conjunta, es de tres meses desde la aprobación de la ley. Hay, por tanto, también un plazo suficiente para presentarlo. Pero hacer patente el compromiso político con la oposición a las medidas privatizadoras exige, a su vez, que no se demore más el anuncio de la presentación del recurso una vez la decisión de hacerlo haya sido adoptada. Lo que, por otra parte, exigiría dejar en segundo plano la insistencia con la que se ha hecho pública la presentación del recurso contra el euro por receta, cuyo valor político era claramente secundario, tras haberse anunciado el recurso contra el mismo por el propio Gobierno central del PP.

 

Dar credibilidad a una política de oposición a la privatización de los servicios en la Comunidad de Madrid por parte de los partidos que quieran adoptar esa posición exige, sin embargo, en mi opinión, algo más. Ese algo consiste en demostrar que se dispone de una alternativa para la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid distinta a la que desde hace años viene desarrollando el PP. Una alternativa que vaya más allá de la propuesta con la que concurrió el Partido Socialista a las últimas elecciones autonómicas, centrada en una mejora del gobierno de los servicios sanitarios que, en todo caso, ocupaba tan sólo un lugar secundario en su programa , a la que el electorado le dio la credibilidad y la confianza que los resultados electorales reflejaron.

 

Recuperar la confianza del electorado afín, y aún el menos afín, como pueden ser muchos de los sectores que ahora se han movilizado, en que los partidos hoy en la oposición tienen la capacidad y la voluntad de hacer las cosas de otra manera que responda mejor a las necesidades e intereses sanitarios de la población madrileña que las propuestas privatizadoras del PP exige en primer lugar, disponer de un modelo mejor diferenciado del desarrollado por el PP que el que, sobre todo por parte del Partido Socialista, la oposición en Madrid ha venido ofreciendo hasta ahora. Exige, además, que las alternativas sanitarias a la gestión sanitaria madrileña aparezcan como una prioridad para los partidos respectivos, y no, como ha parecido en muchos casos hasta ahora, propuestas de los expertos o portavoces sanitarios de las organizaciones respectivas, que ocupan un lugar subordinado y secundario en la estrategia global de cada una, sin compromiso real alguno por parte de éstas. Motivos hay para esa prioridad: los presupuestos sanitarios ocupan cerca del 50% del presupuesto global de la Comunidad de Madrid , y el mantenimiento de la protección sanitaria ocupa, en especial en este momento, uno de los primeros lugares en las preocupaciones de sus ciudadanos.

 

La prueba más inmediata de las carencias de las posiciones de los partidos de la oposición en las materias sanitarias no sólo en Madrid, pero también aquí, está en el apoyo que los alcaldes de esos partidos de muchas poblaciones periféricas en los que se han construido los nuevos hospitales que, a la postre, han sido el caballo de Troya de la privatización proyectada, prestaron a la construcción de esos centros, que incluso en algunos casos exigieron, encabezando su demanda.

 

Javier Rey del CastilloCon esos antecedentes, hacer creíble el compromiso con la prioridad de una alternativa a la sanidad madrileña exige, además de contenidos alternativos expresos (¿por qué no concretar, por ejemplo un compromiso expreso con el cese de las contrataciones irregulares de los profesionales?), la utilización de medios extraordinarios para hacerla pública. Un ejemplo de ello podría ser la firma pública de un compromiso por parte de los partidos de la izquierda para cerrar un pacto de gobierno (ningún partido de la izquierda puede gobernar por sí solo en la Comunidad de Madrid) que centrara su actuación y su programa en el cambio de la gestión de la atención sanitaria aquí. Por supuesto, un compromiso así exige pasar por encima de muchos intereses personales de políticos de los partidos que llegaran a firmar ese pacto. La situación actual de descrédito general de la política ("no nos representan") exige, sin embargo, en mi opinión, de soluciones extraordinarias, so pena de que, si no se adoptan por los partidos formas de relación con los ciudadanos y de defensa de sus intereses reales que resulten creíbles, terminarán por hacer imposible de evitar la puesta de las políticas públicas al servicio de intereses privados, como se ha puesto de manifiesto con los proyectos de privatización (por ahora parcial) de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.

 

Javier Rey del Castillo, médico especialista e inspector del SNS, fue director general de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Secretario del Consejo Interterritorial del SNS