Mayor eficiencia de la gestión privada. ¿Cuestión de herramientas?

Guardar

image__Vera_Concha__1312317441436647226
image__Vera_Concha__1312317441436647226
En una visión que trata de desmontar muchos de los prejuicios con que se valora la eficiencia de la Sanidad Pública, la autora subraya especialmente cómo, gracias al marco estatutario, los gestores políticos han podido llevar a cabo muchas de las actuaciones realizadas en los últimos tiempos; algo que no hubiera pasado con el sometimiento a la legislación laboral.

En la polémica suscitada con las reformas sanitarias emprendidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) las autoridades sanitarias promotoras de las mismas afirman que, en la gestión privada, existe mayor flexibilidad para gestionar los recursos de forma que, aparentemente por sentido común, la gestión es necesariamente más eficiente. Y es el marco laboral el que supuestamente da esta mayor flexibilidad, ya que el mayor componente de gasto en la asistencia sanitaria es el gasto de personal. Han repetido hasta la saciedad que no es razonable que la asistencia sanitaria sea prestada por funcionarios, que es la condición a la que asimilan el marco estatutario por el que actualmente se rigen los centros sanitarios públicos.

 

Y sí, hay que decir que sobre esto ha habido un consenso bastante amplio entre los gestores sanitarios; en parte fue este convencimiento el que dio lugar a que se aprobara la Ley sobre "nuevas formas de gestión" y los centros públicos que se fueron creando desde entonces lo hicieran con diferentes fórmulas (empresas públicas o fundaciones), que huían del marco estatutario incorporando el marco laboral para la vinculación del personal. Sin embargo, los hechos vienen a demostrar lo contrario. Sólo el denostado marco estatutario permite la política de recursos humanos llevada a cabo en los últimos años por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y el Plan de reordenación de RRHH presentado recientemente.

 

Desde 2007, en los Centros Sanitarios de la CAM, no se han realizado contratos interinos para cubrir las plazas vacantes o las situaciones que la legislación vigente establece; se ha utilizado sistemáticamente el contrato eventual por acúmulo de tareas para cubrir desde las bajas por enfermedad a las vacantes generadas por cualquier otra causa. Esto no hubiera sido posible en el marco laboral, ya que el contrato eventual tiene por finalidad resolver las necesidades de personal ante situaciones pasajeras por incrementos puntuales de demanda, por eso tiene una duración máxima de seis meses. Pasados estos seis meses, si persiste la necesidad de la contratación, la empresa viene obligada a hacer fijo al trabajador.

 

Para llevar a cabo el Plan de reordenación de los RRHH planteado por la Consejería de Sanidad, en el marco laboral tendría que haber hecho un ERE para despedir a todos los trabajadores que en estos seis años habrían alcanzado la condición de fijos. Sin embargo, en el marco estatutario, hay cientos de médicos, de personal de enfermería y administrativos, que llevan trabajando más de seis años sin solución de continuidad con contratos eventuales sucesivos de seis meses de duración -incluso tres -, sin haber alcanzado la condición de interinos que es la que les hubiera correspondido (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura con cita de STS de 21 de enero de 1995. Ar.2169).

 

Además, el marco estatutario permite los traslados forzosos que, como espada de Damocles, se enunció con la finalidad de "vaciar" de personal estatutario los centros y hospitales que van a ser privatizados. Aunque de momento en el proceso de privatización que está en marcha no se haya llevado a cabo, sí que se ha concretado en la unificación de las áreas administrativas de Atención Primaria y centralización en las antiguas dependencias del Hospital Puerta de Hierro. Además de los traslados forzosos, se ha procedido a la no renovación de los contratos eventuales. Si se hubieran hecho contratos interinos, solo se hubiera podido prescindir de esos trabajadores mediante la amortización de las plazas que ocupaban. Por otra parte, la amortización pudiera haber sido anulada por los tribunales como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.

 

Habría que preguntar a los sindicatos por qué no han denunciado con más firmeza esta situación y, como hicieron en otros momentos o en otros ámbitos no sanitarios, por qué no han promovido demandas colectivas de los trabajadores afectados, porque es muy posible que los tribunales sentenciaran a su favor. Cuando se ha planteado, el período máximo de contratación eventual admitido por los tribunales en el marco estatutario es de doce meses en un período de dos años, pasado este tiempo el contratado tiene que pasar a ser interino. (Requerimiento del TS de Justicia de Aragón a la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón Expd: DI-305/2011-4).

 

Concha VeraComo se ha señalado más arriba, en el marco laboral todo esto no hubiera sido posible. Por una parte, por lo que establece la legislación laboral y, por otra, por lo que regulan los convenios colectivos correspondientes. Y esto es especialmente relevante para las situaciones de jubilación. Por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón no se han forzado las jubilaciones a los 65 años como ha ocurrido en los centros con personal estatutario. Esto se ha debido a que el convenio colectivo que regula las relaciones laborales en ese hospital establece que todo trabajador que se jubile ha de ser sustituido por un nuevo contratado, de tal manera que ni ahora ni antes se han forzado las jubilaciones; de hecho, esta limitación que impone el convenio colectivo ha venido impidiendo hacer ajustes de plantilla en función de las variaciones de las cargas de trabajo. El convenio es de 2004 y no ha sido renegociado en estos nueve años. En lugar de esto, todas las nuevas contrataciones se realizan en el marco estatuario; contratos eventuales, por supuesto, tal y como se hace en el resto de centros sanitarios.

 

Lo que esto viene a evidenciar es que no parece que la eficiencia sea cuestión de herramientas, al menos no solo. El que la gestión pública no sea eficiente no es debido a que esté condicionada por un marco normativo poco flexible. Depende primero de la voluntad política y segundo de la capacidad de los gestores.

 

Concha Vera es pediatra del C.S. de Mar Báltico (Madrid). Ha sido gerente de diferentes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y directora del Departamento de Prestaciones Sanitarias de MUFACE