La 'corrección de errores' de Patricia Flores provoca la paralización judicial del proceso de privatización hospitalaria de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido, como medida cautelar urgente, suspender provisionalmente la ejecución del proceso de privatización hospitalaria, como consecuencia de la 'corrección de errores' llevada a cabo en los pliegos de licitación a fin de rebajar en 90 por ciento la fianza a depositar por los licitadores.

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La corrección de errores de Patricia Flores provoca la paralización judicial del proceso de privatización hospitalaria de MadridLa Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha dictado un Auto por la que paraliza provisionalmente el proceso de adjudicación a empresas privadas de seis hospitales de Madrid, como consecuencia del recurso interpuesto por el Partido Socialista de Madrid (PSM). El TSJM ha abierto una pieza separada, dentro de la demanda interpuesta por el PSM, para estudiar la paralización de todo el concurso público de adjudicación como medida cautelar, tal y como solicitaban los socialistas madrileños.

 

La causa que da origen a la denuncia presentada por los socialistas, y a la petición de suspender el proceso como medida cautelar, es la reducción de las garantías que las empresas que optan a la privatización tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Modificación que hizo la Consejería sólo a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes mediante una modificación de erratas.

 

En este sentido, el Auto recuerda que 'las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancias de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos' y señala que la reducción de la cuantía al 5% 'anual' respecto del importe de adjudicación "pudiera exceder el ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de la adjudicación (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año) lo que podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria posteriormente rebajado por vía de 'corrección de errores', y afectaría a las penalidades contractuales de las que en su caso hubiera de responder la garantía definitiva..."