Extremadura recaba las aportaciones de las asociaciones de inmigrantes para regular su asistencia sanitaria

La Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura se ha reunido con representantes de asociaciones de inmigrantes de la comunidad para recabar sus aportaciones para la puesta en marcha de un Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento (PASCAE), que definirá la asistencia sanitaria que se prestará a los extranjeros no autorizados ni registrados en España como residentes.

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El director general de Planificación, Calidad y Consumo, Manuel Granado, y el de Política Social y Familia, Juan Bravo, fueron los encargados de transmitirles este proyecto en el que trabaja el Gobierno extremeño y que se traducirá en una instrucción que probablemente verá luz en el segundo trimestre del año. Al encuentro, celebrado este lunes, 25 de marzo, fueron convocadas 22 entidades, entre asociaciones de inmigrantes y otras ONG, con el ánimo de solicitar su colaboración para la elaboración de este programa con el que, según recordó Bravo, se da también cumplimiento a un mandato del Parlamento extremeño. En concreto, se da respuesta a la propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Izquierda Unida que el pasado 25 de octubre fue aprobado por unanimidad y en la que se instaba al Ejecutivo extremeño a facilitar algún tipo de tarjeta provisional u otro documento identificativo, temporal y renovable, que garantice la cobertura sanitaria de la población inmigrante.

 

Se trata de un "programa social en salud pública" mediante el que, según explicó Granado, se tiene controlado al ciudadano inmigrante desde el punto de vista de la salud pública, se regulariza su situación desde la perspectiva sanitaria y se protege a toda la sociedad frente a las enfermedades infectocontagiosas

 

Decreto nacional

 

En concreto, el director general de Planificación, Calidad y Consumo recordó que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ha supuesto "un antes y un después" en el concepto de asegurado y beneficiario del sistema sanitario.

  

Respecto al número de inmigrantes irregulares que se podrán beneficiar de este programa, el director general expuso que era difícil conocer con exactitud la cifra, aunque apuntó que en la base de datos de tarjeta sanitaria figuran cerca de 9.000 ciudadanos extranjeros entre comunitarios y no comunitarios con su tarjeta en situación de baja y pendiente de acreditación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Unos 6.000 de ellos tienen caducado el permiso de residencia. A partir de ahora, una vez que se publique la citada instrucción, dispondrán de un plazo de tres meses para que regularicen su situación bien por la vía del aseguramiento o por la vía del PASCAE, de modo que si no lo hacen "automáticamente se les dará de baja".