El PSM solicita medidas "cautelarísimas" para que se paralice el proceso de privatización hospitalaria de Madrid

Los socialistas han solicitado a los tribunales de justicia "medidas cautelarísimas" para que se paralice el proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños que ha puesto en marcha el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

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El PSM solicita medidas "cautelarísimas" para que se paralice el proceso de privatización hospitalaria de MadridEl anuncio de tal actuación lo realizó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, en Aranjuez, cuyo Hospital del Tajo es uno de los incluidos en la privatización del PP y entregarlo a Hima San Pablo junto a otros dos hospitales públicos más (el de Parla y el de Arganda), una empresa privada que ha dicho que sus intenciones son entrar en el negocio de la sanidad española para promover el "turismo sanitario" de Marruecos.

 

Este mismo jueves, casi al tiempo en que el gobierno de la Comunidad de Madrid recibía la información de la mesa de contratación que ha visto los pliegos de licitación, los socialistas madrileños ampliaban los recursos contenciosos administrativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y ante el juzgado ordinario y que fueron admitidos a trámite. Ante las posibles consecuencias administrativas y penales, han aportado a los tribunales nuevos argumentos contra este proceso de privatización que califican de "oscuro" y hecho "de espaldas a la Ley". Tomás Gómez recordó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid irregularmente permitió que las empresas privadas que han entrado en el "reparto" de los hospitales públicos aporten menos cantidad de aval del que tenían obligación por Ley (pasando de 233 a 23 millones de euros).

 

Y es que, si el Gobierno de Ignacio González firmara la venta de hospitales, el asunto sería de máxima gravedad, ya que, por ejemplo, la garantía que tendrán que dejar las empresas la han rebajado tanto que si alguna de las empresas privadas se declara insolvente, no hay seguridad de que se pueda seguir prestando el servicio con normalidad o se pueda cobrar la penalización por mala gestión.