El Gobierno se da nueve meses de plazo para recurrir el euro por receta de Cataluña

El gobierno dispone desde el 21 de junio de un dictamen del Consejo de Estado (que se adjunta) que considera inconstitucional la tasa del euro por receta implantada en Cataluña, pero se ha dado nueve meses, es decir hasta febrero, para llegar a un acuerdo con el ejecutivo catalán antes de recurrirla. Para entonces, la misma normativa ya estará en vigor en Madrid.

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Consejo de EstadoLa tasa no gusta al presidente Mariano Rajoy, que ha criticado que algunos ciudadanos tengan que pagar dos veces por sus medicinas, ni a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, ni a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Cuentan también con el dictamen del Consejo de Estado, según el cual procede "la impugnación del artículo 41 de la Ley 5/2012" de Tasas y Precios Públicos de la Generalidad de Cataluña por entender que crea desigualdad entre los ciudadanos.

 

Pero como este jueves insistió Sáez de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se intenta llegar a un acuerdo "en la mesa de diálogo" abierta con la Generalitat, habida cuenta de las complicaciones derivadas de un recurso al Tribunal Constitucional, explicó. En el Ministerio confirman que el plazo para el diálogo es de nueve meses desde junio, fecha de entrada en vigor de la tasa. De no alcanzarse un acercamiento de posturas, se iniciarán los mecanismos del recurso, y lo mismo se hará en el caso de Madrid, cuando la tasa anunciada entre en vigor, aseguró la Vicepresidenta

 

Madrid y Cataluña defienden sus competencias

 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no se dio por concernido este jueves e insistió en defender las competencias autonómicas para establecer también la tasa a partir de enero. No obstante, se mostró abierto a iniciar un diálogo al respecto con el gobierno central.

 

Ante la publicidad de esta resolución, el Gobierno de Cataluña ha explicado en una nota que el pasado 6 de marzo ya consultó sobre la constitucionalidad del euro por receta, -mediante el que se han recaudado hasta ahora más de 35 millones de euros-, al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y que es a su dictamen al que se remite.

 

Preguntas del PSOE

 

Por su parte la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha preguntado públicamente a la ministra Ana Mato "a qué espera" para recurrir la tasa ante el Constitucional. Le exige que "responda" y "actúe" ante "la situación que están generando con la sanidad pública". El PSOE anuncia que llevará esta cuestión a la próxima sesión de control parlamentaria.

 

El dictamen sobre la tasa por receta se incluye en una consulta más amplia solicitada por el gobierno el 30 de mayo sobre la constitucionalidad de los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

 

Competencias exclusivas del Estado

 

Sin poner en duda la potestad de las Comunidades Autónomas para establecer tributos propios, el Consejo de Estado estima que la creación de una tasa sobre la dispensación de medicamentos puede "vulnerar el orden constitucional de competencias y, en particular, lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos…".

 

En base a ello, el Consejo dictamina que las Comunidades Autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal…", consagrada en la Constitución.

 

Desigualdad en los territorios

 

La resolución otorga al Estado la competencia exclusiva para "garantizar una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". Así, entiende que la tasa de Cataluña supone un incremento del coste de los medicamentos y productos sanitarios para los ciudadanos de ese territorio, lo que les sitúa en una situación de desigualdad respecto a otros cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

 

El dictamen contó con tres votos particulares de los consejeros Fernando Ledesma, Mª Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso, quienes consideran, entre otras motivaciones, que no es suficiente el argumento de que la tasa incida sobre los precios de los medicamentos. Todas inciden, explican, como por ejemplo lo hacen en los precios de los servicios de la Administración de Justicia.

 

Frente a los deseos de la Ministra de Sanidad de crear unas condiciones de igualdad en las prestaciones sanitarias del conjunto del Estado, desde este jueves los pensionistas navarros no tendrán copago en los medicamentos y el resto volverá a la situación anterior al RD de abril de 2012, en virtud de una ley foral, publicada el miércoles en el BOE que fue aprobada en el parlamento con los votos de PSN, Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra y la oposición de UPN y PPN. La cuestión es si se recurrirá y con qué celeridad.