El Gobierno interpone el segundo recurso contra Andalucía por la subasta de medicamentos

En su reunión del pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó plantear conflicto de competencias con la Junta de Andalucía por la Resolución del 20 de diciembre de 2012 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que convocó la segunda subasta para la selección de medicamentos de venta en farmacias y que, de nuevo, puede ser suspendida cautelarmente.

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Consejo de Ministros
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En este tercer recurso contra la política farmacéutica de la Junta de Andalucía, el Estado considera necesaria la interposición de conflicto de competencia al tener en cuenta sus propios antecedentes (impugnación de la Ley de Farmacia de Andalucía, de 2007, y de una Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de 2012). Esta sería la segunda relacionada propiamente con la convocatoria de subasta de medicamentos.

 

Andalucía acusa de falta de respeto

 

Desde la comunidad autónoma se considera que esta decisión "es una falta de respeto a las instituciones, a la Junta de Andalucía y al Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre los dos recursos anteriores a favor de levantar las medidas cautelares sobre esta iniciativa de la Junta de Andalucía".

 

El Gobierno argumenta que el contenido de la última subasta andaluza establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de fármacos no previsto en la normativa básica estatal, "con la consecuencia inevitable, además, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud".

 

Cartera básica de servicios

 

En el conflicto competencial planteado, el Ejecutivo considera que la norma de Andalucía está vulnerando las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica, al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos "careciendo de competencia para ello"; y, por otra parte, en relación con la legislación básica en materia de sanidad, al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, ya que, en su opinión, limita las presentaciones a las que el ciudadano podría acceder en aplicación de la normativa estatal.

 

Así, entiende que esta cuestión puede incidir de manera directa e inmediata en la salud de la ciudadanía, más allá de un conflicto competencial entre Administraciones, al ser competencia exclusiva del Estado garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

 

Un convenio para 163 medicamentos

 

El último concurso para la selección de medicamentos en la comunidad andaluza, que pudo ser convocado tras ser levantada el 17 de diciembre de 2012 la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional en relación con el recurso anterior, y culminó tres días después con la selección de 13 de los 17 laboratorios presentados. Sólo 11 de ellos firmaron posteriormente el convenio para dispensar un total de 68 principios activos de 50 subgrupos farmacoterapéuticos. En total corresponden a163 medicamentos de 180 marcas.

 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) confiaba en que los medicamentos seleccionados estuvieran en las farmacias a partir del próximo marzo, circunstancia improbable si el Constitucional dicta suspensión cautelar de nuevo, tras admitir el recurso anunciado. El conflicto que mantienen las dos administraciones afecta, sin duda, a las oficinas de farmacia y a los laboratorios por la incertidumbre que añade. De hecho, las propias farmacéuticas pagaron su concurrencia a la primera subasta con una bajada de precios impuesta por el Ministerio de Sanidad.

 

200 millones de ahorro

 

Según explica la Junta en un comunicado tras haber conocido la noticia, la segunda convocatoria pública de selección de medicamentos comportaría un ahorro de unos 200 millones de euros para la sanidad andaluza, "lo que equivaldría al mantenimiento de 6.500 puestos de trabajo en el sector sanitario o al mantenimiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de la Atención Primaria de toda la provincia de Córdoba y a todas las ambulancias y helicópteros de los servicios de urgencias y emergencias de EPES y del Servicio Andaluz de Salud (todo ello con el personal incluido)".

 

La Administración autonómica entiende que con esta iniciativa, el Gobierno se posiciona a favor de la industria "que debería de hacer un esfuerzo en esta situación de crisis, de la misma manera que ya lo están haciendo los trabajadores, ciudadanos y pensionistas".