El euro por receta prosigue su andadura hacia los tribunales

El secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, anunció el viernes la presentación de una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Presidente regional, Ignacio González, por la implantación en la Comunidad del euro por receta; por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, formalizó su petición a la Defensora del Pueblo para que recurra al Constitucional la medida en Cataluña y Madrid.

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Tomás Gómez y Gaspar Llamazares
Tomás Gómez y Gaspar Llamazares

Los socialistas madrileños alegan que al imponer el "recetazo", el presidente de la Comunidad de Madrid ha contraído gastos muy importantes que salen de las arcas públicas "a sabiendas de que será declarado inconstitucional"; le exigen que pare de inmediato esta medida y que pague de su bolsillo los gastos ocasionados. Tomás Gómez hizo este anuncio a las puertas del Registro de la Comunidad de Madrid, donde los socialistas entregaron el viernes más de 100.000 firmas en contra del copago farmacéutico, una cantidad que supone el doble de las necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en la Asamblea regional.

 

La presentación de la demanda de responsabilidad patrimonial contra Ignacio González es una de las medidas que llevará a cabo el PSOE de Madrid, tal y como dijo Tomás Gómez, que desplegó una batería de iniciativas institucionales y judiciales para frenar la privatización de la sanidad pública en Madrid. También estudiarán acciones judiciales contra Ignacio González por un presunto delito de prevaricación porque, "a sabiendas que el euro por receta es ilegal e injusta, la ha impuesto a los ciudadanos".

 

Esta demanda se suma al recurso de inconstitucionalidad que los senadores del PSOE llevarán el martes al Tribunal Constitucional. "Exigimos a Gobierno del PP que presente el recurso como ha hecho en Cataluña y exigimos a Rajoy que pida la suspensión de la medida y que no se siga cobrando el euro por receta a todos los madrileños", aseguró Tomás Gómez.

 

Argumentos de IU

 

El mismo viernes, el diputado del IU en el Congreso de los Diputados Gaspar Llamazares presentó en la oficina de la Defensora del Pueblo una petición para que presente recurso de inconstitucionalidad, junto a la paralización inmediata de la aplicación de la tasa de un euro por receta, contra la implantación aprobada por la Generalitat de Cataluña en el artículo 41 de la Ley catalana 5/2012 y por la Comunidad de Madrid en la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012).

 

La petición se motiva en el dictamen del Consejo de Estado, del que el Gobierno dispone desde junio, y que considera que en el caso de Cataluña, la imposición de esta tasa vulnera la competencia estatal para la regulación del acceso a las prestaciones farmacéuticas y la fijación de precios. También recoge las valoraciones que hicieron entonces el Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los responsables del gobierno madrileño insisten en su competencia para instaurar el euro por receta y admiten que, incluso, se han tenido en cuenta dichos informes contrarios para elaborar la ley que lo puso en marcha el 1 de enero.

 

Formularios "amenazantes" en las farmacias

 

Por su parte, el Observatorio Madrileño de Salud, integrado por varias asociaciones profesionales y vecinales, ha manifestado su rechazo a la tasa, al considerar que, "aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del Estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid".

 

Por otro lado, subraya que "se trata de una tasa injusta que penaliza a los más pobres y a los más enfermos y que se suma a los copagos farmacéuticos ya establecidos con carácter general por el RD Ley 16/2012". Resalta, además, que al no estar aún disponible el sistema informático apropiado se dificultará el cómputo de lo recaudado en enero para el máximo anual de 72 € que establece esta ley, "de manera que los madrileños acabarán pagando cantidades muy superiores".

 

El Observatorio denuncia los formularios que la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de las farmacias para quienes rechacen pagar la tasa, "porque son ambiguos y amenazantes, y parecen incluir la aceptación de los ciudadanos de estar cometiendo una infracción, cuando en realidad la ilegalidad la comete el gobierno de la Comunidad de Madrid".