El Consejo G de Enfermería rechaza el proyecto de RD sobre Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

En su informe oficial sobre el proyecto de Real Decreto que regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, el Consejo General de Enfermería manifiesta su rechazo, 'frontal y absolutamente', al considerar que, al igual que en anteriores borradores, se mantiene la invasión y suplantación por parte de la Administración de los fines y funciones que corresponden a las Organizaciones Colegiales y, más concretamente, a sus Consejo Generales, además de subestimar los costes que comporta su realización.

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 Máximo González Jurado
Máximo González Jurado

En las conclusiones del informe (que se adjunta) del Consejo G de Enfermería, que firma su presidente, Máximo González Jurado, se puntualizan los siguientes aspectos que fundamentan su rechazo del proyecto:

 

a). De orden jurídico:

 

1ª) El proyecto de Real Decreto, en su actual redacción, vulnera el régimen jurídico y las atribuciones reconocidas por las Directivas europeas a los colegios profesionales, así como en la normativa nacional (Ley de Colegios Profesionales, Ley Paraguas, Ley Ómnibus y LOPS), al suplantar sus fines y funciones, sobre todo en lo relativo al control y certificación de la aptitud para el ejercicio profesional.

 

2ª) El proyecto de Real Decreto supera la habilitación legal de la LCC, tras la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, al articular el Registro Estatal con unas finalidades diferentes de las contempladas en dicha Ley. Ello hace que también que vulnere los mandatos de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales, que exige que sólo puedan ser éstos recogidos cuando respondan a finalidades legalmente establecidas.

 

b). De orden económico:

 

1ª) Tras haber comenzado en anteriores versiones por negar cualquier tipo de implicación económica del proyecto de Real Decreto, la última memoria económica recibida reconoce finalmente la existencia de un coste económico del mismo. Esta incongruencia ha sido una constante en la tramitación del expediente y se acrecienta en el último texto recibido, que toma como referencia el informe económico emitido con anterioridad por este Consejo General, aunque de manera sesgada, interesada e incompleta.

 

2ª) El proyecto de Real Decreto supone un coste económico indudable al exigir para su efectiva realización la existencia de una infraestructura, medios tecnológicos y recursos humanos imprescindibles para la realización completa de los procesos de control profesional, que se pretende en el proyecto. Sobre la base del número de profesionales afectados y los procesos a atender, el coste económico se ha estimado en más de 28 millones de euros/año.

 

3º) En la Memoria económica se cuantifica errónea e incorrectamente el coste real de la implantación del Registro Estatal, que es mucho más elevado de lo que se indica, pues se pretende atender un Registro que incluye, aunque indebidamente, funciones propias de las Corporaciones de Derecho Público, para 1.000.000 de profesionales, con tan sólo 68 personas. El coste real, atendiendo a tendencias vanguardistas sobre gestión de recursos humanos resulta más de 10 veces superior al indicado en la Memoria, y sin tener en cuenta el gasto que correspondería en infraestructura y tecnología. Indicación que ni se razona ni explica por parte de la Administración, para poder saber la base que permite alcanzar esas cifras.

 

4º) El proyecto insiste en obviar que dicho coste podría evitarse por medio de los registros de en manos de los Consejos Generales y Colegios Profesionales, que desempeñan esas funciones por mandato legal y estatutario, y que, en consecuencia, las atienden con cargo a sus propios presupuestos.