El Colegio de Médicos de Navarra y la Fiscalía acuerdan calificar de delito de atentado las agresiones a facultativos

Las agresiones físicas o intimidación grave contra un médico con condición de funcionario público y que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, serán catalogadas como delito de atentado, con penas de hasta tres años de cárcel. Estas consideraciones han quedado establecidas en el protocolo de actuación firmado recientemente por el Colegio de Médicos y la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral.

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Con el fin atajar los actos de agresión que sufren los facultativos de los centros sanitarios de Navarra, el Colegio de Médicos y la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral han firmado un protocolo de actuación, cuya finalidad es garantizar una atención más eficaz, protocolizada y rápida en los casos de agresiones contra los profesionales de la Medicina.

 

Javier Muñoz Cuesta, fiscal superior de la Comunidad Foral de Navarra, y Mª Teresa Fortún Pérez de Ciriza, presidenta colegial 
Javier Muñoz Cuesta, fiscal superior de la Comunidad Foral de Navarra,
y Mª Teresa Fortún Pérez de Ciriza, presidenta colegial

El protocolo, firmado por Mª Teresa Fortún Pérez de Ciriza, presidenta del Colegio de Médicos, y Javier Muñoz Cuesta, fiscal superior de la Comunidad Foral de Navarra, establece que las agresiones físicas o intimidación grave realizadas contra un médico que tenga la condición de funcionario público y se encuentre en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de delito de atentado, con penas que pueden llegar a tres años de cárcel.

 

Añade que "no será obstáculo para estimar la existencia del delito de atentado el hecho de que los actos se hayan producido fuera del centro o lugar de trabajo del facultativo, siempre y cuando estuviesen motivados por la condición de médico de la víctima o por su previa actuación profesional".

 

Agresiones verbales

 

Cuando el médico agredido no tenga la consideración de funcionario público, se calificará como delito o como falta de lesiones en función de si la víctima precisa o no de un tratamiento médico de curación. Las agresiones verbales contra los médicos (sean funcionarios públicos o no) serán calificadas como delito o falta de coacciones, amenazas, vejaciones, injurias, etc., en función de la gravedad o las circunstancias concretas de cada caso.

 

Según el protocolo, el médico agredido deberá tramitar su denuncia a través del Colegio Oficial de Médicos que, a su vez, recibirá, tramitará y remitirá la denuncia junto con el parte de lesiones a la fiscalía competente.