Divergencias manifiestas entre la ministra de Sanidad y el portavoz socialista sobre la subasta de medicamentos en Andalucía

El debate parlamentario sobre la subasta de medicamentos en Andalucía puso de manifiesto la visión contrapuesta del Gobierno, que la cuestiona, y la del interpelante, el socialista José Martínez Olmos, que interpreta tal rechazo en clave electoral, al atribuir la negativa a admitir la subasta por intereses electorales del PP en Andalucía.

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La ministra Ana MatoJosé Martínez Olmos 
La ministra Ana MatoJosé Martínez Olmos 

En respuesta a una interpelación urgente del diputado José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, sobre el ahorro en el gasto farmacéutico mediante el sistema de subastas de medicamentos impulsado por Andalucía, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defendió "el derecho de todos los usuarios del sistema a una prestación farmacéutica de alta calidad y con una variada oferta", que asegure que se atienden las necesidades de cada paciente. A juicio de la ministra, esta medida no tiene los suficientes requisitos de transparencia y garantías, rompe la unidad del mercado y, sobre todo, "afecta negativamente al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles".

 

En concreto, Mato detalló que la subasta va contra el criterio de disponer de varias alternativas de un mismo medicamento, para que el médico elija; establece un monopolio marcado por la Consejería de Salud de un único fármaco en cada territorio e incrementa los riesgos de desabastecimiento. En suma, se trata, en opinión de la ministra, de un auténtico "recorte en las prestaciones sanitarias".

 

Sin los informes preceptivos

 

Mato recordó que la norma para la subasta fue aprobada sin los informes del Consejo de Estado y sin el preceptivo aviso y publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). A pesar de que existen "razones más que suficientes" para que el Estado presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular este decreto, la ministra señaló el Gobierno había querido hacer uso de los mecanismos constitucionales de diálogo entre administraciones, por lo que había abierto el proceso establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para despejar las dudas y estudiar la información que aporte la Administración Autonómica.

 

Además, la ministra recordó a Martínez Olmos, ex secretario general del Ministerio, que el anterior equipo ministerial "dejó escrito y firmado un informe de análisis valorando de manera negativa la subasta". Y, asimismo, comentó cómo el anterior Gobierno había denunciado directamente ante el Tribunal Constitucional, con petición expresa de suspensión, la norma gallega que pretendía controlar la factura farmacéutica, sin recurrir previamente al diálogo.

 

Motivación electoralista

 

Por su parte, el portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, acusó a la ministra Ana Mato de "anteponer los intereses electorales del PP en Andalucía", por la decisión del Gobierno de paralizar el sistema de subasta de medicamentos impulsado por la Junta, una medida que supone un ahorro anual de 200 millones de euros en la factura farmacéutica y que, extendiéndola al conjunto del sistema sanitario, podría significar un ahorro superior a 1.500 millones de euros al año.

 

En su interpelación a la ministra de Sanidad, Martínez Olmos se mostró "contrario a los recortes de derechos, a la introducción de copagos, a la privatización de los servicios públicos, y a dar pasos atrás", y expresó su preocupación "por la situación de la sanidad pública española, y por el riesgo de que los recortes afecten a la calidad asistencial de los pacientes". En este contexto, defendió que había alternativas de ahorro sin necesidad de recurrir a los copagos o a las privatizaciones de servicios públicos, ni hacer recortes que perjudicaran a la calidad asistencial, al tiempo que sostuvo que, junto a las medidas de ahorro y eficiencia, era necesario generar políticas de ingresos con destino finalista para la sanidad pública.