De la mezquindad ministerial en la actualización de los máximos de aportación por el copago de pensionistas

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La reciente revisión de las aportaciones por el copago farmacéutico de los pensionistas, cuando prácticamente se les ha congelado las pensiones, lleva al analista a repasar todo el proceso legislativo que la he hecho posible y que pone de manifiesto, una vez más, una falta de sensibilidad y de coherencia política y social de las autoridades sanitarias.

Es necesario volver al año 2012, que seguramente será recordado como excepcional por muchas cosas, pero también desde el punto de vista normativo. En ese año el gobierno, además de desarrollar su labor ejecutiva, se convirtió en legislador casi en exclusiva y aprobó 30 Reales Decretos Leyes, que fueron sucesivamente convalidados de forma automática por el Parlamento. De esos RDL, para el sector sanitario hay uno de especial trascendencia, el RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Ese es su título, nada más y nada menos, y que para muchos no responde para nada a sus verdaderos objetivos, porque mucho se ha hablado y se seguirá hablando de la reforma del SNS que esa norma encierra, pero me voy a limitar a un aspecto muy concreto del mismo.

 

En el capítulo IV del RDL citado se modifican en profundidad dos leyes de especial significado en el mundo sanitario: la Ley 29/2006, de garantías del uso racional del medicamento y productos sanitarios, y la Ley 16/2003, de "cohesión". Leyes que fueron elaboradas con mucha dedicación y participación, debatidas seriamente en el Parlamento y finalmente aprobadas. Ahora se han modificado sin nada más que una mayoría absoluta convertida en rodillo. De las modificaciones son de especial importancia las que se refieren al muy notable incremento del copago farmacéutico. Incremento que afecta a todos los ciudadanos, a los "activos" y a los pensionistas. A los activos incrementándoselo y a los pensionistas recreándoles dicho copago, después de más de 30 años en los que habían estado exentos de la llamada participación en los gastos del sistema, en castellano "copago". Los primeros estudios indican que el incremento del copago ha significado duplicar la aportación de los ciudadanos, pasando de algo más del 5 por ciento, a casi el 11 por ciento, y ese incremento lo aportan fundamentalmente los pensionistas. Esos casi 6 puntos significan mas de 600 M€.

 

Conviene recordar lo que para la prestación farmacéutica dispensada a través de oficinas de farmacia significa esta medida. Los pensionistas son los que consumen entre el 75 y el 80 por ciento de dicha prestación. En cifras de 2012, casi 8.000 M€; si fuéramos a las cifras de 2010, esa cifra sería de 9.000 M€. Quiere esto decir que en estos dos años tanto el gobierno anterior como el actual han prestado una especial atención al gasto farmacéutico ambulatorio y las medidas implementadas han hecho que se pase de un gasto de 12.750 M€ a 10.690 M€, algo más de 2000 M€ de ahorro para el SNS en su conjunto. Esa disminución se ha intensificado en 2012, porque a las medidas llamadas de oferta de 2010 y 2011, y que soportaban los fabricantes, distribuidores y las oficinas de farmacia, se han añadido los copagos de 2012 y la desfinanciación de más de 400 medicamentos, que soportan los ciudadanos y especialmente los pensionistas, junto con la consolidación de las medidas estructurales tomadas en los años anteriores. A eso habría que añadir en Madrid y Cataluña la tasa del € por receta, muy efímera en Madrid y de corta vida (siete meses) en Cataluña, pero que ha recaudado para las haciendas, no para las consejerías de sanidad, de esas CCAA algo más de 60 M€, que en ningún momento, a pesar de la contestación que la medida ha tenido por parte de los ciudadanos, por el Gobierno de la Nación y provisionalmente por el Tribunal Constitucional, los gobiernos afectados están dispuestos a devolver.

 

A partir de la entrada en vigor del RDL 16/2012, se puso en marcha, primero, la actualización del llamado "cicero", que afecta a los medicamentos ATC de financiación reducida, y en los que el ciudadano aporta el 10 por ciento del PVP con un límite, que llevaba años sin actualizar, y que pasó de 2.63 € a 4.13 € a partir de mayo de 2012, lo que significa un incremento del 57 por ciento, y que de forma claramente explícita se indica que debe actualizarse con el IPC a partir de 1 de enero de cada ejercicio; el siguiente paso fue la aplicación de la comentada revisión del copago a partir de julio de 2012.

 

El incremento del copago es de gran importancia cuantitativa porque afecta a los mayores consumidores, los pensionistas, pero también cualitativa porque afecta a los que más necesitan la prestación por razones obvias de edad y consecuente mayor deterioro en las condiciones generales de salud. En números, si han consumido 8.000 M€ en 2012 y la aportación media con el nuevo copago se estima en un 10 por ciento van a "ahorrar" al sistema en cómputo anual una cifra aproximada de 600 M€ teniendo en cuenta los reembolsos, el 0.6 por ciento del gasto total en pensiones del sistema de Seguridad Social. Dicho de otra manera, con el copago farmacéutico el pensionista ha visto disminuido su poder de copra en más de medio punto; más simple aún, es como si les hubieran bajado la pensión real media en un 0,6 por ciento. Y eso en un año, el 2012, en que solo vieron incrementadas sus pensiones el 1 por ciento, y en el que no se cumplió el compromiso de revalorización con el IPC, que habría significado un incremento adicional del 1,9 por ciento.

 

En 2013, las pensiones mayores de 14.000 €/año han subido de nuevo un 1 por ciento y las menores de esa cantidad un 2 por ciento. De nuevo sólo el copago farmacéutico va consumir más de la mitad del incremento de las pensiones por debajo de 18.000€ anuales y ello en un ejercicio en el que tampoco se revisarán las pensiones con el IPC a final de año.

 

El RDL 16/2012 también modifica la Ley de "cohesión" e introduce el nuevo sistema de cartera de servicios en el que la prestación farmacéutica ya contempla de entrada el copago. Indica la norma que la aportación será revisada periódicamente por Orden Ministerial. No precisa con qué periodicidad. La Ley de Presupuestos para 2012, Ley 17/2012, de 28 de diciembre, en la Disposición Adicional 67, de las más de 80 de las que dispone, constituyendo dicho conjunto una segunda Ley, se ocupa de este asunto, y precisa que esos valores máximos de aportación de los pensionistas establecidos en el RDL 16/2012, en un no muy lejano mes de abril, se harán con el IPC a partir de 1 de enero teniendo en cuenta la inflación de los últimos 12 meses y que eso se ejecutará a través de una resolución de la antigua D.G. de Farmacia, hoy convertida en D.G. de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Ya no hace falta que se moleste la ministra en dictar una orden. Cuando se aprueba la Ley de Presupuestos es importante señalar que ya se había tomado la decisión por el Gobierno, refrendada por el Parlamento, de no actualizar las pensiones con el IPC noviembre-noviembre.

 

Hasta aquí un resumen de hechos normativos e incidencias relacionados con los mismos

 

Resolución del 21 de enero de la D.G. de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia de actualización de "cicero" y aportaciones máximas.

 

El 21 de enero de 2012 se aprueba la correspondiente resolución a la que hemos hecho referencia para poner en marcha las minuciosas previsiones tomadas en 2012 en relación con el copago, el cicero, y sus correspondientes actualizaciones.

 

Se publica dicha resolución el 31 de enero para que entre en vigor el 1 de febrero. Como se ve todo con mucha celeridad.

 

En esta primera actualización se tiene que partir de que las normas anteriores no han estado en vigor todo el año, y por tanto las actualizaciones de IPC solo pueden hacerse desde el momento en que entraron en vigor los anteriores valores. El nuevo "cicero", tomó como valores de IPC el 31 de marzo de 2012, por lo que su actualización tiene en cuenta la variación de IPC de 1 de abril a 31 de diciembre de 2012. Eso lleva el nuevo valor a 4.20€. Dice la Resolución que ' dicha aportación máxima se aplicará igualmente a los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica pertenecientes a los grupos de aportación reducida y que asimismo, se aplicará a la participación en el pago a satisfacer por los enfermos de SIDA, de los medicamentos financiado por el Sistema Nacional de Salud dispensados a través de receta oficial'. El incremento para ese periodo ha significado aproximadamente un 1.7 por ciento de incremento.

 

Para la aportación máxima de los pensionistas establecida en 8; 18 y 60 € al mes, en función de su renta, igual o menor de 18.000 €; entre 18.000 y 100.000€ o superior a 100.000 € respectivamente, el periodo considerado de crecimiento de IPC corresponde al que ha tenido lugar entre 1 de agosto y 31 de diciembre, ya que la medida se empezó a aplicarse el 1 de julio.

 

Las nuevas cifras de aportación máxima a partir de 1 de febrero serán, 8,14 €; 18,32 € y 61,08 € y representan un incremento medio de 1,76 por ciento algo superior al anterior del cicero por el discontinuo comportamiento del IPC a lo largo de 2012.

 

Consideraciones finales

 

La valoración que cabe hacer de la medida, rigurosamente ajustada a lo previsto normativamente, es que carece de la mínima sensibilidad y de la mínima coherencia política y social. Sólo puede entenderse con una rigurosa lógica economicista y recaudatoria.

 

En 2012 no se revalorizaron las pensiones, aunque sí estaba previsto en una ley que forma parte del conocido como Pacto de Toledo. Con esa revalorización estuvo jugando el Gobierno interesadamente en función de estrategias electorales, y pasados estos procesos y a través de otro RDL y vulnerando presumiblemente derechos adquiridos y el principio de no retroactividad, congeló las pensiones, haciendo perder a los pensionistas 1,9 punto de poder adquisitivo.

 

Para 2013 cabe esperar más de lo mismo, aunque los incrementos esta vez de las pensiones sean del 1 por ciento para las menores de 14.000 €/año y del 2 por ciento para las que pasen de esa cantidad como se indicado más arriba.

 

Si eso ha sido y va a ser así, ¿no podía el Gobierno haber pospuesto la revalorización de la aportación máxima al menos hasta que las pensiones se actualicen con el IPC? O ¿es que piensa el gobierno que eso no vuelva a ocurrir? Le habría sido muy fácil en una de las más de 80 Disposiciones Adicionales de la Ley de Presupuestos incluso en 67 que exige la revalorización.

 

En segundo lugar, poco se ha avanzado desde abril de 2012 en que se aprobó el tremendo RDL 16, anti SNS, en ocuparse de que en todas las CCAA se disponga de un mecanismo informático mínimo, para que a aquellos pensionistas que sobrepasen los topes establecidos, se impida que sigan aportando el 10 por ciento correspondiente que luego hay que devolverles tras un proceso de gestión que no justifica las cantidades manejadas. Se intentó un sistema manual en Madrid que colapsó las áreas administrativas de los Centros de Salud y tuvo que abandonarse en dos meses. ¿Se puede ser tan exigente en revalorizar esos valores máximos, y no en impedir que las CCAA se queden durante tres o seis meses con el exceso aportado por los pensionistas, lo que además ha conllevado un sinnúmero de reclamaciones, con periodos de resolución largos, para recuperar unas decenas de €? Y ello porque los datos de Hacienda relacionados con la declaración de la renta van con desfases lógicos de 18 meses de media, período en que puede cambiar de forma sustancial la situación fiscal del pensionista.

 

¿Pueden 9 millones de pensionistas con pensiones medias de 900 €, que no se han revalorizado con el IPC, comprender y aceptar resignadamente que el MSSSI dirigido por una ministra mezclada con un asunto tan escandaloso como la trama Gürtel tome decisiones tan mezquinas que significan aplicar el IPC a sus topes de copago mientras un informe policial exhaustivo pone de manifiesto que en la contabilidad familiar de la ministra se habían aportado "ayudas" para fiestas y viajes de más de 50.000€?

 

Fernando MagroPor último, las normas de revalorización que se han aplicado están mal diseñadas y redactadas, lo que puede ser fruto o de incompetencia o de improvisación. Malamente se puede actualizar el máximo de aportación a partir de 1 de enero con los valores de IPC de los 12 meses anteriores (año anterior que acaba el 31 de diciembre) cuando los valores para la revalorización de IPC no están disponibles, de forma provisional, hasta que los publica el INE la primera semana de enero y definitiva, en el mes de febrero. Por eso la resolución comentada indica que se tiene que empezar a aplicar en febrero, contraviniendo lo que dice claramente la DA 67 de la Ley de Presupuestos, y así tendrá que ser los próximos ejercicios. Los valores máximos de aportación seguramente estarán en vigor 12 meses pero no de enero a enero sino de febrero a febrero. Subsánese. Y lo mismo cabe decir de la actualización del "cicero" Subsánese también. Y recuérdese por los responsables del Ministerio de Sanidad lo dicho por la Vicepresidenta del Gobierno: Cuando se hace una norma, piénsese con cuidado y hágase con rigor y repásense todos los pasos que conlleve su aplicación y especialmente las molestias que puedan suponer para los ciudadanos y su coste. En castellano, que no se improvise o se tengan urgencias recaudatorias que más parecen ocurrencias colosales.

 

Fernando Magro, entre otros altos cargos ocupados en la Administración General del Estado, fue responsable del Insalud cuando se elaboró la Ley General de Sanidad