CECOVA pide a las defensorías y a los parlamentarios socialistas que recurran ante el Constitucional el decreto de recortes

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, se ha dirigido al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges y al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, para solicitarles que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de recortes en esta Comunidad Autónoma, "que afecta directamente al colectivo de Enfermería".

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José Antonio ÁvilaCECOVA pide a las defensorías y a los parlamentarios socialistas que recurran ante el Constitucional el decreto de recortes
José Antonio Ávila 

En relación a los recortes en el sector público autonómico plasmados en el Decreto Ley 1/2012 de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana, el CECOVA ha transmitido al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges y al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados -dado que se necesitan al menos 50 diputados- que, "en interés de la legalidad y en defensa de derechos constitucionales, se proceda al estudio e interposición de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la citada normativa de la Generalitat Valenciana que afecta directamente al colectivo de Enfermería".

 

 

En su petición, el Consejo enfermero indica que la referida norma ha venido a introducir unos severos recortes en los gastos de personal de la Administración autonómica que, sin justificación alguna, han supuesto la merma de importantes derechos para todo el personal sanitario en su conjunto dependiente de la Generalitat Valenciana y, por consiguiente, también del personal de Enfermería.

 

Falsas justificaciones

 

En una nota de prensa, el CECOVA arguye que las justificaciones oficiales para aprobar, mediante decreto-ley, los recortes en materia de gastos de personal impuestos por la Generalitat Valenciana, "no son ciertas ni reales, sino totalmente aparentes y ficticias, lo que se deduce del hecho de que la Administración autonómica, desde hace ya tiempo, era conocedora y consciente de la situación existente y, sin embargo, no había entonces ninguna necesidad extraordinaria ni urgencia de adoptar medidas tan drásticas y manifiestamente injustas, sin que en nuestra opinión haya habido un cambio sustancial de la situación en este sentido".

 

El Consejo deplora que la Consejería de Sanidad "no haya dado su brazo a torcer" para solucionar los graves efectos del decreto en los profesionales sanitarios, que no tienen culpa de la actual situación económica que se ha generado. Este malestar entre los profesionales sanitarios del sector público y del sector privado les ha llevado a convocar una huelga general para el próximo 29 de marzo, movilización que el CECOVA apoya.