Breves considera que debe extenderse a otros órganos públicos

La SEMG ve positivo el proyecto de RD sobre transparencia e imparcialidad en Sanidad

— Madrid 7 Nov, 2019 - 2:21 pm

Con motivo del proyecto de Real Decreto del Ministerio de Sanidad por el que se desarrolla el artículo 11 sobre la colaboración en Salud Pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha publicado un comunicado con sus consideraciones al respecto en el que indica que «le parece muy positiva esta acción planteada por el Ministerio», ya que coincide «en su planteamiento con el código ético».

Asimismo, desde la SEMG expresan que «ese proyecto debe extenderse a otros órganos públicos que participan en las decisiones del Ministerio para evitar situaciones lamentables, como el ‘Informe de Indicaciones, utilidad y uso de la ecografía en Atención Primaria’, del pasado mes de julio, realizado por el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco, OSTEBA, en el marco de la financiación del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de actividades del ‘Plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS)’«.

En el citado documento, «OSTEBA evalúa la formación en ecografía en Atención Primaria considerando, de forma inexplicablemente preferente, los cursos impartidos por una sociedad médica, a la que pertenece uno de los revisores del mismo, sin que esto se refleje en el conflicto de intereses señalado en el informe», señalan desde esta sociedad científica, y añaden que «la imparcialidad debería conllevar que todas las actividades de formación utilizadas en dicho informe para el análisis de la situación de la oferta docente deberían tener una equidad en el trato». Además, la SEMG apunta en su comunicado que «la puesta en marcha de esta medida de transparencia servirá para evitar la aparición de rumores sobre la financiación de sociedades científicas por la Administración» y confía en que «se extienda a las Consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas».

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