Política y Sociedad Según un informe del Tribunal de Cuentas

La Seguridad Social acumuló casi 100.000 millones de euros de pérdidas entre 2010 y 2017

El Tribunal de Cuentas ha publicado su informe ‘Declaración sobre la cuenta general del Estado al ejercicio 2017′, en el que afirma que el balance de la Seguridad Social recogió, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros, y que «el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado (AGE) de 27.360,7 millones de euros», lo que en el periodo de 2010 a 2017 se traduce en 99.503,2 millones de pérdidas.

En concreto, el balance de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2017, que muestra un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros, está localizado en las entidades gestoras y la TGSS, que lo tienen negativo por 18.538,7 millones de euros, y cuyo origen está en sus resultados económico patrimoniales negativos del período 2010 a 2017, que suman un total de 99.503,2 millones de patrimonio neto negativo.

«La solución adoptada en 2017, y también en 2018, para solventar esta situación ha sido otorgar nuevos préstamos a la TGSS; sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo», explica en su informe el Tribunal de Cuentas.

Posición comprometida de endeudamiento

Más bien al contrario, prosigue este organismo, dejan a la Seguridad Social en «una posición comprometida de endeudamiento» frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia, como demuestra el hecho de que, a 31 de diciembre de 2017, el balance de la Tesorería de la Seguridad Social recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado de 27.360,7 millones de euros.

«En consecuencia, resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, dicha situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado», sugiere el Tribunal de Cuentas. Esto podría abordarse, a su juicio, en su caso, en el marco del denominado Pacto de Toledo.

«Hasta que este tipo de soluciones pueda ejecutarse, lo recomendable sería que los déficits financieros y presupuestarios que está soportando la Seguridad Social se cubrieran, como hasta ahora, con financiación estatal, aunque, teniendo en cuenta que el problema deriva de sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la AGE, no de la concesión de nuevos préstamos», añade.

Sin inventario y sin Fondo de Reserva

El mismo informe remarca que la TGSS continúa sin disponer del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social completo y actualizado, previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, debido a que no concluyeron los trabajos que, para tal fin, iniciaron en 2012. Por ello, «resulta necesario dar un impulso definitivo a este proceso para que el registro contable de las construcciones y los terrenos de estas entidades se adapte, definitivamente, a lo dispuesto en la NRV 2ª ‘Inmovilizado material‘», recomienda el mismo organismo.

También continúa sin incluirse la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como una reserva con cargo a la distribución del resultado económico patrimonial, a pesar de las recomendaciones efectuadas por este Tribunal de Cuentas en ejercicios precedentes. Igualmente, persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la TGSS y de la AGE respecto a las insuficiencias de financiación de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social de financiación obligatoria por el Estado.

De ellas, la más importante se sintetiza en que la TGSS refleja en su balance de situación a 31 de diciembre de 2017 unos derechos de cobro frente al Estado por 3.372,4 millones de euros -importe que el Estado financió mediante tres préstamos y no con transferencias y que fue destinado a la cancelación de obligaciones del extinto INSALUD pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991-, mientras que en el balance de la AGE a la misma fecha no existe una recíproca partida de obligaciones de pago.

Además, el Tribunal de Cuentas afirma que «se encuentran pendientes de amortización las deudas de la Seguridad Social con la AGE, por 9.081,5 millones de euros, por la liquidación del concierto económico suscrito con la comunidad autónoma del País Vasco y el convenio económico suscrito con la Comunidad Foral de Navarra». Estas deudas deberían haberse amortizado en un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 1996, circunstancia que no se produjo todavía, por lo que figuran recogidas en los estados contables de ambas Administraciones.

Recomendaciones del Tribunal

Por ello, recomienda esta institución adecuar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los gastos que deben ser financiados por transferencias estatales, al objeto de evitar que se generen tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social y abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema de Seguridad Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta contabilización de los inmuebles traspasados a las comunidades autónomas.

Esto podría evitar que el sistema de la Seguridad Social asuma, de forma directa o indirecta, gastos que corresponderían a la Administración General del Estado, especialmente en un momento en el que se está debatiendo la viabilidad financiera futura del actual sistema de Seguridad Social.

Además, el Tribunal de Cuentas sugiere cancelar las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro con la Seguridad Social que fueron objeto de moratoria desde la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995.

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