Tecnología e Investigación Según un informe de Salud por Derecho

El sector público realiza el 62% de la inversión en I+D en España pero no garantiza su retorno social

— Madrid 29 Ene, 2019 - 10:46 am

La fundación sin ánimo de lucro Salud por Derecho ha publicado el documento ‘Interés público en la innovación biomédica’, en el que muestra que en España la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo en salud la realiza el sector público (62%), principalmente en los centros de investigación dependientes de la Administración y en las universidades, pero esa inversión pública “se invisibiliza en el momento que se transfiere a la industria, principalmente farmacéutica”.

El estudio analiza cómo, aunque “gran parte” de la inversión es del sector público -un 62 por ciento frente al 38 por ciento de las empresas-, éste pierde el control sobre ella cuando el producto o la tecnología resultante de la investigación se transfiere al sector privado.

De esta forma, la Administración pública “no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública”, asegura Salud por Derecho.

El informe expone, además, en qué condiciones se da esa transacción desde las universidades y los centros de investigación a las empresas. “Constata cómo las invenciones desarrolladas en estos centros públicos son habitualmente protegidas por una patente y posteriormente se traspasan a las compañías a través de una licencia de explotación de la tecnología o cediendo su titularidad a cambio de una contraprestación económica”, detalla la organización.

En este proceso, prosiguen los autores del informe, la gran mayoría de los centros de investigación y las universidades cuenta con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, según revela el estudio, no contemplan criterios de interés público.

Recortes en investigación

A nivel presupuestario, el informe recoge los recortes en investigación de los últimos años, sobre todo a nivel estatal, “lo que ha provocado una reducción del número de proyectos, el abandono de líneas de investigación y una precarización de las condiciones laborales del personal investigador”.

Destaca que, de 2010 a 2016 y en términos globales, han sido clave tanto las aportaciones del conjunto de las comunidades autónomas como la financiación procedente de programas europeos, principalmente Horizonte 2020. No obstante, estas nuevas fuentes de financiación no sustituyen la responsabilidad de la Administración del Estado de incrementar la inversión y su compromiso con la investigación científica.

Propuestas para invertir la situación

El informe recoge una serie de propuestas que podrían ponerse en marcha para invertir esta situación lo antes posible y permitir un mayor seguimiento e impacto social de la inversión pública en I+D, tomando como referencia las experiencias en otros países. Entre ellas, detalla medidas concretas sobre gestión de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento y rendición de cuentas, que tendrían como resultado disponer de información pública y completa de lo que se financia, cómo se financia, qué resultados se obtienen, qué resultados se patentan y a quién se transfieren y/o licencian.

Además, el estudio ‘Interés público en la innovación biomédica’ aboga por consensuar una definición de interés público y a partir de ahí establecer una serie de criterios que aseguren la transparencia, el acceso y los precios asequibles de los medicamentos y productos sanitarios resultantes de la inversión pública en I+D.

Estos criterios expuestos por Salud por Derecho se aplicarían a subvenciones, acuerdos que regulen la participación de universidades y organismos de investigación públicos en proyectos público-privados, la participación de centros sanitarios públicos en ensayos clínicos e incentivos fiscales, entre otros.

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