Política y Sociedad para acabar con "las penosas condiciones" en las que trabajan las enfermeras

SATSE pide a Interior que agilice el traspaso de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades

— Madrid 14 Ene, 2020 - 4:20 pm

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «agilice el proceso de traspaso de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, ya que la situación de las enfermeras y enfermeros que trabajen en los centros penitenciarios es cada vez más insostenible».

Esta organización sindical insiste en «la urgente necesidad de dar una solución definitiva a un problema enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos». En la actualidad, «hay, de media, solo una enfermera o enfermero para atender a 100 personas privadas de libertad», denuncia.

«Transcurridos más de 15 años desde que se debía haber producido el traspaso de la Sanidad Penitenciaria, un total de 15 Gobiernos autonómicos siguen aún sin gestionar los servicios sanitarios que se ofrecen a las personas privadas de libertad en los centros de sus respectivos territorios, manteniéndose así una clara discriminación con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones», apuntan desde SATSE.

Ante esta «lamentable realidad», el citado sindicato reclama a Fernando  Grande-Marlaska que «priorice las negociaciones con los Gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes. Las últimas informaciones apuntan que las conversaciones se encuentran bastante avanzadas en el caso de Andalucía, Baleares y Navarra», añade.

Grave déficit

Asimismo, esta organización sindical recuerda que «existe un grave déficit de enfermeras y enfermeros, así como de otros profesionales sanitarios, en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país, lo que conlleva una peor atención y menos segura para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en todos ellos».

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