Política y Sociedad A la espera de resolución del proceso contencioso administrativo interpuesto

Sanidad Penitenciaria reclama al Gobierno responsabilidad política ante el “deterioro” de la asistencia

La coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la doctora Carmen Hoyos, ha reclamado al actual Gobierno “responsabilidad política” ante el “deterioro” que sufre tanto la asistencia médica en los centros penitenciarios de España como la calidad laboral de los profesionales que atienden a la población privada de libertad.

Carmen Hoyos

Estas declaraciones, efectuadas a Acta Sanitaria, las manifestó dicha profesional en el momento en el que se encuentra ya interpuesto el proceso contencioso administrativo contra la Administración General del Estado, contra el Ministerio del Interior, “por incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad de la Sanidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del año 2003, y a la espera de respuesta, que no se producirá, antes de seis meses, para iniciar la vía judicial”.

Sobre dicha ley, Carmen Hoyos recordó que los profesionales de la Sanidad Penitenciaria la llevan “sufriendo desde el punto de vista remunerativo y de los derechos laborales”. De ahí que se insista desde dicha organización para solicitar “cumplimiento y el transferir las competencias al Ministerio de Sanidad”, con el objetivo de “acabar con la desigualdad asistencial de cara a la población reclusa y la inoperancia política de los Gobiernos anteriores, que no dieron respuesta”.

En este sentido, la coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales de la SESP indicó que “los políticos hacen leyes para que los ciudadanos las tengan que cumplir y, en este caso, no es así. Se promulgan leyes para ser cumplidas y no ignoradas”.

Sin médicos en Morón de la Frontera

Como ejemplo de esta situación de “precariedad” que padece la Sanidad Penitenciaria, Hoyos comentó el caso del Centro penitenciario de Morón de la Frontera, en Sevilla, en el que se está produciendo “la progresiva pérdida de efectivos personales en el área sanitaria, hasta el punto de que en marzo se quedará sin el único médico que, hasta la fecha, se encuentra atendiendo a un total de 1.060 internos”.

“Precisamente, por esta falta de efectivos sanitarios en los centros penitenciarios, nos han llevado a no seguir adelante con la huelga prevista de todos los profesionales de Sanidad Penitenciaria (médicos, enfermeras y auxiliares de Enfermería), porque es absurdo hacer un paro con unos servicios mínimos que más escasos no pueden llegar a ser”.

Así, Hoyos reiteró el “apoyo desde la SESP a la Plataforma de Sanitarios Penitenciarios” y “también a las autoridades sanitarias y políticas responsables de la de la Sanidad en general y de la Sanidad Penitenciaria en particular”, así como “nuestro compromiso para trabajar, ayudar y colaborar en el objetivo de la integración de esta última en el SNS”.

Una defensa que reflejó dicha organización en un documento de posicionamiento ante la asamblea convocada por la Plataforma de Sanitarios Penitenciarios el pasado a 8 de febrero, para hacer pública “la grave situación que vive actualmente la Sanidad Penitenciaria y dar su apoyo a las decisiones que se tomen en dicha asamblea”.

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