Punto de vista ante una gobernanza sanitaria nada participativa

Salvar la cara tratando como vasallos a los profesionales

El debate desatado en torno al personal que debe cubrir la asistencia en el hospital de pandemias de Madrid, el Enfermera Isabel Zendal, lleva al director de la Revista Madrileña de Medicina, editada por el sindicato AMYTS, a cuestionar la actuación nada participativa en el gestión del personal sanitario. 

Hace un par de meses publicaba, en la web de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), un artículo titulado “Una gobernanza sanitaria nada participativa”. En él hacía una crítica a la forma de gobierno que mostraba la publicación, por parte del Gobierno de España, y sin diálogo previo con las organizaciones profesionales, del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Se trata del decreto que permite el acceso temporal a la práctica profesional de médicos sin la titulación correspondiente y facilita la movilización de profesionales sin la exigencia de una serie de requisitos mínimos que limiten dicha facultad dentro del contexto de la crisis. Hablaba entonces de falta de diálogo y de una actitud de “comité central” o “comité de expertos” que, de forma prácticamente “autista”, creía estar en posesión de la verdad sobre la mejor forma de gobernar el sistema sanitario. Hoy se puede decir lo mismo ante la evolución de la situación del hospital de pandemias Isabel Zendal, de la Comunidad de Madrid, y ejemplificar con ello las derivas en que puede llegar a incurrir ese estilo de gobernanza.

Pero antes de pasar a analizarla detenidamente, me gustaría dejar claro desde el principio que lo que sigue no es un análisis ideológico, en absoluto, o “político” (de parte, entiendo), como se suele calificar desde las instancias de poder cuando no reciben una valoración positiva de su gestión. Reitero lo que ya he dicho en algún otro lugar: tan defendible me parecen la idea de libertad e iniciativa personal y los derechos individuales como la idea de responsabilidad y bien común junto a la protección de los denominados derechos sociales. Es más, creo que la convivencia social se basa en el equilibrio entre ambos, lo que requiere del máximo respeto hacia las diversas posiciones (actitud que, por desgracia, no es la dominante entre nuestros políticos). Desde ese máximo respeto, lo que sigue es tan sólo una crítica a determinado modelo de gestión, de gobernanza no participativa, que por desgracia vemos a uno y otro lado del espectro político. Quien espere otra cosa puede perfectamente abandonar aquí la lectura, pues lo que sigue le va a defraudar absolutamente.

Lo aprendido (y no aplicado) en la primera oleada

Cuando en marzo del pasado año nos encontrábamos inmersos en la primera oleada de la pandemia, se hizo necesario “improvisar” un espacio hospitalario para tratar de evitar el desbordamiento hospitalario que se estaba produciendo. En un par de semanas estaba disponible un amplio espacio de IFEMA que, afortunadamente, no llegó a ser necesario en su totalidad porque su apertura coincidió prácticamente con el pico de la ola, y en pocos días comenzó a reducirse la presión sobre los hospitales. Muchos profesionales se presentaron voluntarios para dotar ese hospital, pero lo que también se hizo muy visible fue la debilidad del sistema sanitario en cuanto a disponibilidad de dichos profesionales, que de alguna manera fueron “hurtados” sobre todo de los niveles de Atención Primaria y Urgencia Extrahospitalaria, dejándolos en absoluta precariedad.

Al final de la primera oleada de la pandemia era claro que el sistema sanitario necesitaba hacer una apuesta contundente por el refuerzo de los profesionales, pero la Comunidad de Madrid dejó escapar a muchos profesionales debido a la cicatería de su oferta de contratación.

No es de extrañar, por tanto, que nuestra posición al final de esa primera oleada fuera clara: el sistema sanitario necesitaba hacer una apuesta contundente por el refuerzo de los profesionales, aprovechando entre otras cosas la disponibilidad que estaba a punto de producirse con la finalización del período formativo MIR de muchos facultativos a finales del mes de mayo, tratando de mejorar las condiciones laborales dentro del sistema y ofreciendo contratos estables, para tratar de frenar la huida de médicos a otros países. Sorprendentemente, la Comunidad de Madrid dejó escapar a muchos de esos profesionales debido a la cicatería de su oferta de contratación.

Simultáneamente, el gobierno de la Comunidad de Madrid iba cambiando su planteamiento en torno al hospital de IFEMA de momento en momento: en un primer momento, se habló de prolongar su funcionamiento varios meses para garantizar la transición hospitalaria hacia un modelo de atención compartida COVID-noCOVID que permitiera la atención al resto de necesidades de salud de la población; posteriormente, nos sorprendió la noticia del cierre precoz de las instalaciones sanitarias en IFEMA, al parecer por exigencia de la dirección del recinto ferial; y poco después, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos cambiaba el paso a todos los ciudadanos (y posiblemente a algunos miembros de su gobierno) anunciando la construcción de un hospital específico para pandemias, para el que no tenemos conciencia de que hubiera existido un debate previo y bien fundamentado. Y mientras tanto no se dotaba al sistema sanitario madrileño de los más que necesarios “rastreadores” y de los adecuados refuerzos para la Atención Primaria.

Incremento de camas sin incremento de profesionales

Nadie duda de la bondad del incremento de capacidad hospitalaria, pero lo que sí queda totalmente en entredicho es la apuesta por dicho incremento sin un incremento paralelo en los recursos humanos que deben atender ese aumento de camas.

De ahí que la crítica de las organizaciones profesionales y laborales no se hiciera esperar. El horizonte de la pandemia necesitaba prioritariamente de profesionales, mientras que el tema del espacio para posibles olas posteriores podía volver a gestionarse con los recintos de IFEMA que, en caso de pico pandémico, vería muy limitada su utilización como recinto ferial;  o, como se ha planteado posteriormente, con la disponibilidad de espacios que ya existen en el parque inmueble sanitario de la Comunidad (como es el caso del viejo Puerta de Hierro o de las camas no utilizadas en los hospitales madrileños, que en número superan con creces la capacidad final del ahora ya abierto hospital Isabel Zendal).

Y lo que sí teníamos claro es que la inversión derivada a la construcción del nuevo hospital restaría presupuesto para la contratación de los profesionales que ya en aquel momento se necesitaban. De hecho, habría que preguntarse si la falta de contratación de profesionales y el parón del Plan Integral de Atención Primaria anunciado a bombo y platillo en septiembre por la propia Presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del que no se ha llevado a la práctica ninguno de sus contenidos, no se pueda deber al agujero presupuestario dejado por el incremento de coste del citado hospital.

Y lo que estamos viendo ahora confirma la previsión profesional: que la inversión en el nuevo hospital ha dificultado la contratación de nuevos profesionales, que se ha mantenido la precariedad de muchos de dichos profesionales con contratos COVID, y que ahora la Administración madrileña se encuentra con un colectivo con la motivación muy dañada tras la primera ola y la mala gestión percibida de las siguientes, viéndose obligada a forzar a muchos compañeros a que pasen a cubrir sus servicios en el Hospital Isabel Zendal, gracias a la posibilidad abierta por el Real Decreto del gobierno central mencionado más arriba (al que precisamente por ello se opusieron con encono tanto AMYTS como el conjunto de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos). Y lo hacen, además, con amenaza incluida (probablemente en abuso ilegal de autoridad) de no volver a contratar a quienes renuncien a sus contratos ante la movilización forzosa a esas instalaciones.

Esta actitud “rastrera” muestra las consecuencias de una forma de gobierno, como decíamos al principio, escasamente participativa y muy centrada en las iluminaciones de un “comité central” más o menos reducido en torno a la presidenta, que parece actuar mirando más a la repercusión mediática de sus acciones de gobierno que a la eficacia real de las mismas. Nadie duda de la bondad del incremento de capacidad hospitalaria, pero lo que sí queda totalmente en entredicho es la apuesta por dicho incremento sin un incremento paralelo en los recursos humanos que deben atender ese aumento de camas.

Gestionar positivamente desde la idea de calidad total

No somos los profesionales quienes, siendo meros peones en manos de la Administración, debamos pagar el pato de decisiones tomadas con una coherencia cuestionable

Salvo lo referido en último lugar en torno a la actitud de la Administración forzando el desplazamiento de profesionales, el resto es ya “toro pasado” y, desgraciadamente, no podemos cambiarlo. Por ello, lo mejor que se puede hacer es aprovechar lo que ya hay y lo que ya está invertido, y utilizarlo adecuadamente, en un contexto justo y provechoso para todos. Por eso estamos en absoluto desacuerdo (y nos parece una actitud totalmente reprobable e impresentable) la de utilizar los traslados forzosos, en unos colectivos profesionales (y en concreto el de los médicos) que se ha comprometido al máximo en la respuesta a la pandemia. Eso da imagen de una absoluta incapacidad para la gestión de un capital humano tan valioso. Y proponemos que, desde una gestión humana y de calidad, la alternativa sea ofrecer el traslado incentivado al hospital Isabel Zendal, que habría de ser reconocido, por su temporalidad, su habitabilidad y su especial dedicación, como centro de difícil cobertura, con especial penosidad y merecedor de un elevado nivel de reconocimiento del compromiso con la institución sanitaria (y con la salud de la población).

En definitiva, no somos los profesionales quienes, siendo meros peones en manos de la Administración,  debamos pagar el pato de decisiones tomadas con una coherencia cuestionable, sino que debe haber, de una vez por todas, una apuesta clara por una gestión de capital humano motivadora y de calidad, que sea capaz de recuperar la ilusión y la motivación de los profesionales para hacer frente a una situación difícil y que, de una vez por todas, haga que, de verdad, la opción por el hospital Isabel Zendal acabe siendo una opción de calidad total, y no sólo un escaparate de acción política que hay que salvar a toda costa. No es nada que no se enseñe y no se promueva desde cualquier escuela de gestión.

Miguel Ángel García Pérez

Médico de Familia, doctor en Medicina, máster en Bioética y Derecho. Secretario CESM de Estudios Profesionales

1 Comentario

  1. Isidoro Jiménez Rodríguez says:

    (Otro punto de vista)
    No hay que confundirse.

    En mi modesta opinión, cada vez que un médico habla de “profesionales sanitarios”, en general, escondiendo su enfermizo ego, es para ponerse a temblar. Seguro que pretende enmascarar su patológico corporativismo para engañar y sacar provecho para los suyos. Y si adornamos con un engañadizo titular, mejor que mejor.
    Me pregunto por cuanto tiempo más, se va a seguir engañando a la sociedad con la quimérica falta de médicos en nuestra sanidad.
    Más que de “práctica profesional sin la titulación correspondiente”, veo más coherente hablar de los injustificados estudios a la carta de que disponen los galenos para graduarse en España, donde además cuentan con una forma de especialización también ilógica e interesada.
    Siento mucho decir, por la proveniencia del autor del artículo, que nuestra Atención Primaria “no remata”, como se dice de los garbanzos del bello pueblo toledano de Gálvez. La cuestión de fondo es que en este ámbito asistencial, se propicia un artificial protagonismo médico. Pero lo cierto es que, ni el rol profesional de dicho colectivo, ni lo demostrado hasta ahora, justifica el dejar la gestión de dicho espacio sanitario en sus manos. Infinidad de casos, situaciones y ejemplos, ahora con la pandemia, y también, desde antes, así lo aconsejan.
    Habla el clínico opinante sindical de la contratación de profesionales, cuando la dotación de médicos de nuestra sanidad es bastante generosa y en concordancia con la de otros países de nuestro entorno. El sabe muy bien que no pasa lo mismo con otros colectivos sanitarios, pero eso mejor que no se conozca por nuestra sociedad.
    Desconozco que entiende por “peones” el opinante galeno autor de las reflexiones precedentes. Le puedo asegurar que estos trabajadores a los que hace referencia tienen un horario que cumplen “a rajatabla” y deben dar cuenta de su rendimiento laboral a sus superiores. No he observado, en mi ya larga vida, que sea una característica de estos el actuar como “semidioses”, imponiendo muchos de ellos, su despotismo y soberbia, con total impunidad, sobre el resto de mortales.
    Habla de “capital humano”, pero quiero entender que se refiere lo que el considera “capital clínico” o “capital facultativo”. “Craso error” del opinante, pues es incapaz de advertir que, hoy día, otras profesiones sanitarias son tan clínicas y facultativas, como la Medicina. Sirva de ejemplo la Enfermería.
    Habla finalmente de gestión y la enseñanza de esta en escuelas. Yo más bien diría “negocios de directivos sanitarios”. Pues bien, opino que en un país mínimamente serio, con la gestión y administración que han llevado a cabo los colegas profesionales del opinante, la gran mayoría de ellos habrían sido cesados por su incompetencia e ineptitud en el abordaje de la presente pandemia.
    Y claro que hay vasallos y (buenos) profesionales en nuestra sanidad, como señala el titular. Pero no menos cierto es que hay muchos miles de impresentables “reyes de taifas”.