Valencia ampliará la atención residencial del trastorno mental grave y la hará universal

Sacará a concurso cien plazas más

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La Vicepresidencia y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana ha anunciado que sacará a concurso público, el próximo año, la adjudicación de cien nuevas plazas para personas con trastorno mental grave, lo que, según los organismos valencianos, permitirá ampliar la red de recursos residenciales dirigida a este colectivo; además, informaron de que esta atención tendrá un carácter universal, ya que cualquier persona con esta dolencia podrá acceder a una plaza, con independencia de cuál sea su grado de dependencia.

Mónica Oltra Mónica Oltra

La vicepresidenta, Mónica Oltra, recordó el modelo de gestión del anterior ejecutivo en esta área, en el que las personas con trastorno mental grave "desaparecieron de las agendas políticas" y en el que no existía "ninguna coordinación ni colaboración entre las distintas consellerias".

Oltra explicó que su departamento quiere liderar la firma de un "pacto autonómico para la atención integral social y sanitaria de las personas con trastorno mental grave", en el que también estén representados la sociedad civil, el movimiento asociativo, las universidades, las organizaciones sindicales, los partidos políticos y la Sindicatura de Greuges, entre otros, con una coordinación sociosanitaria "colaborativa y no competitiva" entre las consejerías de Sanidad Universal y Salud Pública y la de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Más plazas y universalidad
La vicepresidenta destacó que el nuevo concurso en el que se está trabajando desde la Consejería es el "primero" de estas características que se convoca en diez años, y apuntó que permitirá ampliar "hasta 2.000 plazas la oferta del sistema público de atención a las personas con trastorno mental grave".

Oltra insistió en el hecho de que su departamento garantizará que esta red residencial sea de "carácter universal" y atienda a todas las personas con este tipo de enfermedad, ya que se decidió reconocerles el derecho a un servicio residencial, con independencia del grado de dependencia que tenían reconocido, cosa que hasta ahora no sucedía.