Salud Mental En un nuevo informe de Salud Mental España

Denunciadas “graves lesiones” sobre los derechos en Salud Mental durante la pandemia

— Madrid 7 May, 2021 - 11:35 am

El movimiento asociativo Salud Mental España ha denunciado, en su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, 2020‘, que “si las personas con un trastorno mental ya sufrían discriminación y vulneraciones de sus derechos antes de la pandemia, con ella, estos episodios se han agudizado y agravado, provocando graves lesiones sobre su dignidad”.

En este documento, que se lanza por sexto año consecutivo y gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se recogen las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España. En 2020, se atendieron 128 demandas, un 68 por ciento efectuadas por mujeres, y un 32 por ciento, por hombres.

Aunque las cifras y los ámbitos en los que se producen las demandas coinciden, en muchas ocasiones, con años anteriores, las circunstancias específicas de la pandemia y el confinamiento hacen que muchas de las vulneraciones, que ya se producían antes, se intensifiquen y agraven, e incluso, que parezcan algunas nuevas.

Así, por ejemplo, el Servicio de Asesoría Jurídica recibió denuncias de situaciones en las que, durante el confinamiento estricto, cuando se permitía la movilidad solo a personas con discapacidad, en el caso de las personas con un problema de Salud Mental que salieron a la calle, este derecho no se garantizó en igualdad de condiciones con las demás, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y la Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, y se vieron “expuestas a conductas violentas o a la mofa”.

Uso de la Ley mordaza

Según explica este informe, muchas personas no tenían tramitado el reconocimiento del grado de discapacidad, por lo que quedaron en un limbo legal, aunque pudieran aportar informes médicos o psicológicos que justificaran la necesidad de la salida. Además, muchas otras se encontraban fuera del sistema sociosanitario, por lo que no disponían de documentación acreditativa ni medios de obtenerla en situación de emergencia.

Por otro lado, este documento denuncia que “con frecuencia” se recurrió a la conocida como ‘Ley mordaza‘ (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), “para sancionar a personas afectadas con problemas de Salud Mental, que revelaban síntomas que deberían haber implicado la activación de los servicios de salud, en lugar de ser calificados como resistencias a la autoridad”.

Irene Muñoz, que es asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España y la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la misma, explica que, en aquellos momentos, “la consideración hacia las específicas circunstancias de este colectivo fue ignorada a nivel general. La información no llegaba y si lo hacía, era de forma muy confusa”.

En cuanto al contenido de las quejas relacionadas con la interacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con personas con problemas de Salud Mental, durante estos meses, este informe destaca que la mayoría se produjeron debido a comportamientos de agentes de Policía, que eran los que en aquellos momentos más trataban con la sociedad.