Política y Sociedad se aprueba, sin consenso, una Declaración de Actuaciones de obligado cumplimiento

Sanidad impone que la hostelería cierre a la 1 y el ocio nocturno a las 3 horas en zonas de bajo riesgo

— madrid 3 Jun, 2021 - 10:20 am

El Ministerio de Sanidad y las Administraciones de las comunidades autónomas, han aprobado, aunque no de forma unánime, la Declaración de Actuaciones Coordinadas frente a la Covid-19, que obliga a los Gobiernos de las regiones a cumplir ciertas medidas, entre ellas, que el horario de cierre de la hostelería sea, como máximo, a la 1 y, en el caso de aquellos territorios fuera de niveles de riesgo o en nivel de alerta 1, se puedan abrir los locales de ocio nocturno hasta las 2 horas, ampliable a las 3 horas.

Dicha declaración, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), hace referencia a la actualización de las ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19’, aprobadas por la Comisión de Salud Pública.

Esta declaración, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los Ejecutivos autonómicos al cumplimiento de las medidas recogidas en la actualización, como el aforo máximo del 50 por ciento en el interior del local de ocio nocturno en los casos es los que puedan abrirse, con seis personas por mesa, mientras que en las terrazas se podrán ocupar todas las mesas, con 10 personas por cada una de ellas.

La cartera sanitaria del Gobierno central indica que cuando un territorio esté en nivel de alerta 2 y con evolución favorable, se podrá valorar la apertura de estos locales con las restricciones obligatorias. En cuanto a la hostelería, en los territorios fuera de niveles de riesgo, el aforo permitido será de 50 por ciento en interior, pudiéndose incrementar en un 10 por ciento si se aplican medidas de control; mientras que en las terrazas se podrán ocupar todas las mesas. El máximo de personas por mesas es igual que en el ocio nocturno.

Prohibido fumar en la vía pública

Este documento prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Esta limitación será aplicable, también, para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas y asimilados. Además, no se permitirá fumar, consumir otros productos del tabaco, ni consumir cigarrillos electrónicos en el área destinada al público de los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias al aire libre.

Este texto cuenta, por primera vez, con un anexo de recomendaciones para la organización de eventos y actividades multitudinarias en condiciones de seguridad. Por otra parte, el Consejo Interterritorial del SNS acordó realizar la quinta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID cuando se alcance el objetivo de cobertura de vacunación del 70 por ciento de la población y, en todo caso, antes de que finalice 2021. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, expresó que, actualmente, “una de cada cinco personas en nuestro país cuenta ya con la pauta completa de vacunación”.

Oposiciones

Los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía se encuentran entre aquellos que votaron en contra de la declaración que obliga a cumplir las citadas medidas. El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, señaló que “las competencias en materia de Salud Pública son de las comunidades autónomas y, por tanto, entendemos que dichas propuestas deben quedar en recomendaciones, ya que no aportan nada nuevo a las que ya están vigentes en Andalucía a propuesta del Consejo de Alertas de Salud Publica de Alto Impacto”. 

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que “los establecimientos de hostelería son lugares seguros y aliados para superar esta crisis y no pueden pagar la ineficacia del Gobierno de Pedro Sánchez”, por lo que se niega a aplicar estas normas. “La Comunidad de Madrid seguirá aplicando la normativa autonómica”, asegura en su cuenta de Twitter.

Igualmente, este jueves, 3 de junio, Isabel Díaz Ayuso reiteró que “no es una cuestión de rebeldía” porque “no estamos obligados a cumplir una norma de que no parte de un organismo que no tiene la capacidad de hacer ley algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial”.