Política y Sociedad evento organizado por reder con la presencia del ministerio

Organizaciones piden a Sanidad que la Ley de Cohesión del SNS sea “garantista” con la universalidad

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER) ha organizado el evento online ‘El camino hacia la Sanidad Universal en España’, en el que diferentes personalidades del sector sanitario analizaron, entre otros asuntos, el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya consulta pública ya está finalizada, y sobre el cual las organizaciones presentes pidieron que sea “una ley garantistas” y “muy clara y concisa”, con el objetivo de alcanzar “una Sanidad Universal real” en España.

En este encuentro, inaugurado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, intervinieron la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz; el doctor Javier Padilla, que es médico de Familia; la doctora Blanca Gispert, que es miembro del grupo de trabajo de Inequidades en Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); y el doctor José Félix Hoyo, que es miembro de REDER y que fue presidente de la ONG Médicos del Mundo.

Silvia Calzón

La secretario de Estado de Sanidad recordó que, el pasado 2 de diciembre, “finalizó la consulta pública del Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS“. Así, Patricia Lacruz comentó que este proyecto en trámite pretende “resolver cuestiones indeseadas y no previstas en cuanto a cobertura sanitaria universal y ampliar la cobertura a los colectivos que, actualmente, no disponen de ella” por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SNS, ahora vigente y que también fue abordado en este evento.

“La consulta pública ha finalizado y hemos organizado un grupo de trabajo para analizar las observaciones de la consulta, con el objetivo de cumplir el programa de Gobierno. Este Proyecto de Ley no aborda solo la universalidad, sino otros aspectos, como el enfoque de salud en todas las políticas y el objetivo de que no aparezcan nuevos copagos”, concretó la director general de Cartera Básica del SNS y Farmacia.

Los problemas del Real Decreto 7/2018

A este respecto, la representante de semFYC en este encuentro puso el foco sobre la necesidad de que la nueva norma “sea muy clara y concisa, porque se necesitan reglamentos que faciliten la aplicación del derecho. Tal y como está ahora redactado el Real Decreto 7/2018, se da pie a interpretaciones arbitrarias e inequidad territorial”, subrayó. José Félix Hoyo, por su parte, solicitó que “sea garantista y flexible, que no esté sujeta a un tiempo mínimo de estancia ni que dependa del empadronamiento, y se reconozca, entre otras cosas, el derecho a la tarjeta sanitaria de personas reagrupadas”.

Tal y como explicó Javier Padilla, después del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el cual “truncó ocho meses de Sanidad Universal conseguida en nuestro país”, se lanzó el Real Decreto 7/2018, “que resulta insuficiente, pues muchos colectivos se siguen quedando fuera de la Sanidad”, con lo cual se mostró de acuerdo Hoyo, que denunció la cantidad de “lagunas” que contiene esa norma.

Javier Padilla

“El problema que existe es la diferencia entre lo que pasa en el día a día y lo que describe la ley de 2018. Hay carencias en su redactado, no tiene en cuenta a determinados colectivos. Actualmente, no solo las mujeres extranjeras embarazadas pueden quedar excluidas de la atención, sino que nos encontramos menores de edad, personas ascendientes reagrupadas, personas comunitarias que no cotizan a la Seguridad Social, extranjeros en situación administrativa irregular cuyo tiempo de residencia es inferior a 90 días, etc. Estos colectivos, a pesar de la existencia del Real Decreto de 2018, siguen sufriendo exclusión”, concretó Blanca Gispert.

En opinión de esta especialista, “hay una brecha entre la declaración de las intenciones políticas del Real Decreto y la concreción de ese redactado y cómo se lleva a la realidad”. Asimismo, Lacruz aclaró que “el propósito de la ley de 2018 era recuperar los derechos arrebatados en 2012 y cambiar el modelo de asistencia sanitaria vinculándolo a la residencia y no al concepto de asegurado, pero se dan situaciones que no deberían suceder, por interpretaciones que se realizan. Por eso, trabajamos con las comunidades autónomas para homogeneizar la aplicación del Real Decreto”.

Recomendaciones del Ministerio

Los procedimientos de cada comunidad autónoma, si bien deben ajustarse a la ley actual, pueden ser diferentes. Por ello, el Ministerio de Sanidad emitió un Documento de Recomendaciones al respecto, que no es de obligado cumplimiento para las Administraciones de las regiones, pero que debe tenerse en cuenta, tal y como argumentó la directora general de Cartera Básica del SNS y Farmacia, para “homogeneizar las actuaciones”.

“En estas recomendaciones se aborda el procedimiento en el caso de personas con una estancia en España superior a 90 días. En el caso de las personas con estancia inferior a 90 días, estamos trabajando en las recomendaciones para ello; esperamos, antes de Navidad, consensuarlas en breve y compartirlas con las comunidades y con REDER. El horizonte es que estas recomendaciones para menos de 90 días sean publicadas no más allá del primer trimestre de 2021, pero no dejan de ser recomendaciones que pretenden que el procedimiento sea homogéneo, no pueden cambiar la ley, que establece que aquellas personas con menos de 90 días de estancia necesitan un informe social para la asistencia sanitaria, que se producirá en las mismas condiciones que para el resto de nacionales”, profundizó Lacruz.

Patricia Lacruz

Lecciones de la pandemia

Hoyo expresó, al hilo del contexto actual, que “las pandemias no se curan, se previenen” a través de una Sanidad Universal y un sistema sanitario público “que potencie la Atención Primaria”. “Para prevenir, necesitamos detección precoz, con una Atención Primaria potente. Teniendo en cuenta que las crisis son oportunidades, ojalá seamos capaces de empezar a hacer esto bien, porque se ha puesto de manifiesto, con la Covid-19, que la Atención Primaria y la Salud Pública están poco consideradas”, manifestó y enfatizó en que “España tiene poca experiencia con crisis globales de salud o catástrofes, por lo que estamos poco prevenidos para ello”.

En este sentido, Lacruz remarcó que “la pandemia nos ha dejado claro que la salud no es solo un motor de cohesión social, sino también económico”. Por su parte, Gispert constató que la emergencia sanitaria actual evidencia “que no teníamos una Atención Primaria fuerte, accesible y universal, pues muchos inmigrantes no han podido acceder a la salud, y las nuevas formas de acceso ensanchan el impacto de los determinantes sociales”. “No puede darse por clausurada la pandemia sin que consigamos una reforma de la cobertura sanitaria que no excluya a nadie”, reafirmó Padilla.

Blanca Gispert

Durante su intervención inaugural, Silvia Calzón señaló que “la pandemia nos ha enseñado la necesidad de acceder a medidas de prevención, no solo de tratamiento”. Además, “hemos presenciado el efecto de los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, con los brotes de los temporeros, por la precariedad laboral y de vida; de viviendas que no presentan adecuadas condiciones para aislamientos o cuarentenas; situaciones en las que, quien más debería hacerse la prueba, no se la hace y personas que no acudían a los centros a pesar de tener síntomas porque no se podían permitir dejar de trabajar”, detalló.

“Un motor, no una carga”

Padilla confirmó que “los sistemas sanitarios que son sostenibles lo son gracias a que son universales, la universalidad es un motor, no una carga. Los sistemas sanitarios universales se relacionan con disminución de mortalidad infantil y mayor esperanza de vida. Por tanto, excluir a colectivos concretos, empeora la salud. En España, ya constatamos que excluir a los inmigrantes indocumentados se asoció con un incremento de 70 fallecimientos de inmigrantes al año”.

Además, “preservar la salud es la mejor forma de tener una economía activa y los países sin asistencia sanitaria pública y universal ven un incremento de sus costes, como es Estados Unidos. Por tanto, restringir la asistencia sanitaria normalizada a determinados grupos no ahorra”, comentó Hoyo, que agregó que “nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, por eso, los ricos deben preocuparse de la salud de los pobres”.

“Reclamamos un Pacto por la Sanidad en España, para que los vaivenes de las elecciones no puedan cambiar el derecho a la Sanidad Universal, que sea un derecho real”, declaró Hoyo, que aseguró que “los sistemas sanitarios públicos basados en impuestos e inclusivos son los mas rentables y eficientes, la inclusión de todas las personas de un territorio es mucho más eficiente que excluir a grupos. Un sistema universal es más barato, económico y mejor que un sistema como el de Estados Unidos”.

José Félix Hoyo

Testimonios de afectados

Por último, este acto contó con el testimonio de Mercedes Rodríguez, representante de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que evidenció que “la Covid-19 ha provocado mayores desigualdades de las que ya sufríamos” y destacó que “en la Comunidad de Madrid es especialmente notable la falta de acceso a tarjetas sanitarias” para colectivos excluidos por el Real Decreto de 2018.

Por su parte, Ariel Serrano, que es miembro de la Agrupación de Afectados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), relató como él y sus compañeros, después de conseguir la ciudadanía española, trajeron a sus padres en calidad de personas reagrupadas y, sin embargo, son “sistemáticamente excluidos de la Sanidad”. “Las leyes de extranjería nos exigían un seguro privado para nuestro padres, pero es que esos seguros no cubren prácticamente nada de las enfermedades de los mayores. Estamos condenando a nuestros padres a la muerte. Hemos llevado estos casos a los juzgados, pero el INSS recurrió y el Tribunal Supremo nos quitó la razón“, describió.