Derecho Sanitario y no al contencioso-administrativo, según el tribunal supremo

Las reclamaciones por gastos sanitarios a mutuas corresponden al orden jurisdiccional de lo social

— Madrid 30 Ene, 2020 - 5:05 pm

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en el marco de un litigio entre Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social, y la Administración de Castilla-La Mancha, a través de una sentencia en la que establece que “no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y sí al orden social, conocer de las reclamaciones que formule el servicio público sanitario por los gastos de asistencia sanitaria que prestó en un supuesto en que la responsabilidad corresponde a la mutua aseguradora del accidente de trabajo”.

Así, la cuestión que interesa al Alto Tribunal es “si debe conocer la jurisdicción del orden contencioso-administrativo de las reclamaciones que formule el servicio público sanitario correspondiente de gastos de asistencia sanitaria prestada, frente a la mutua aseguradora del accidente de trabajo, como tercera obligada al pago en virtud de lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad”.

Los hechos se trasladan a marzo de 2009, cuando un trabajador sufrió un accidente laboral y Asepeyo figuraba como la encargada de la cobertura de las contingencias profesionales del trabajador y, específicamente, de la asistencia sanitaria. “El trabajador fue asistido en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, prestándole asistencia sanitaria y girándose las correspondientes facturas a Asepeyo por un importe total de 106.655,08 euros”, ya que “el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha considera que Asepeyo es responsable de sufragar la asistencia sanitaria prestada por el servicio público de salud”, explica el Tribunal Supremo en su sentencia.

De esta manera, “el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha formuló ante la jurisdicción de lo civil reclamación contra la mutua por el importe de 106.655,08 euros”. La aseguradora interpuso un recurso de apelación en el que declaraba “la falta de competencia del orden jurisdiccional civil debiendo ejercitarse las acciones que de ella derivan ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo”, informa el órgano judicial en cuestión, el cual establece, sin embargo, que la competencia final corresponde al orden jurisdiccional de lo social.