Punto de vista frente a la política sanitaria neoliberal del pp

Por qué es importante y necesario un Ministerio de Salud y Servicios Sanitarios

Ante la inminente formación de un gobierno progresista, el autor apunta que puede ser el momento de conformar un Ministerio de Sanidad fuerte que supere las políticas neoliberales puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular (PP) en que se llegó a cuestionar la existencia del propio departamento ministerial.

En los próximos días conoceremos la composición del nuevo gobierno de España después de un proceso largo, complejo y lleno de dificultades que dará lugar a un profundo estudio para los expertos en ciencia política, sociología e historiadores, y, sobre todo, que quedará en la memoria de los ciudadanos que han estado en general por encima de su clase política dando una importante lección de firmeza en la defensa de la democracia, de la convivencia y de la modernidad que significa la globalización y la integración supranacional que ello requiere y su convivencia emocional con la diversidad.

Llevamos cinco años sin afrontar los problemas estructurales que este país demanda

Llevamos cinco años sin afrontar los problemas estructurales que este país demanda: unos vienen de bastante atrás y otros son sobrevenidos de forma aguda y causados por la larga y profunda crisis que hemos padecido y que, si hay que resumir en una sola consecuencia intolerable para la ciudadanía, es la desigualdad que ha incrementado y exacerbado, con el consiguiente sentimiento de injusticia por la insolidaridad que ha puesto de manifiesto.

La política de ajuste del gobierno del PP

El gobierno del Partido Popular (PP). desde 2011 a 2018, no solo tuvo que gestionar una parte dura de la crisis, sino que la utilizó, también, para aplicar una política de ajuste parcial de las magnitudes macroeconómicas y una redistribución interesada de las políticas sociales, intentando ser los primeros de la fila en la pugna de los ideólogos del neoliberalismo, con la lógica consecuencia de esa tremenda desigualdad que se ha generado.

Uno de los elementos fundamentales de esas políticas ha sido el mantenimiento de una baja presión fiscal para los mayores patrimonios, una sobreexplotación de una gran parte de las clases medias y, lógicamente, una descapitalización profunda de los servicios públicos esenciales como elementos de gasto y que deberían ser siempre la herramienta lógica de redistribución solidaria, pero muy especialmente en los momentos de crisis.

Dentro de esos servicios esenciales, la sanidad pública fue desde el primer momento uno de sus objetos de deseo más destacados. Ya había dado muestras de ello el PP en los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana con sus modelos concesionales, como generadores de grandes beneficios privados, a la vez que fuentes de corrupción hoy en día bien conocidas, y sin demostración rigurosa alguna de que con ello se lograra un mejor servicio sanitario a la comunidad.

La sanidad como principal objetivo

El PP en estos años ha acompañado de forma coherente su política sanitaria con una minusvaloración del Ministerio de Sanidad

Solo a los cuatro meses de empezar a gobernar, en abril de 2012 y por Real Decreto Ley el gobierno del PP dejó claro cuál era su objetivo a medio y largo plazo: cambiar un modelo universal público de los más eficientes entre los de sus características, para volver a un añorado modelo de aseguramiento que había sido derogado por la Ley General de Sanidad de 1984, a la vez que diseñaba un amplio catálogo de servicios a los que se aplicaría copago, entre los que se acabó haciendo realidad inmediata el copago farmacéutico para pensionistas en función de su renta, con topes, que hacía aún más cruel el efecto de la crisis en aquellos que menos capacidad tienen de reaccionar a la misma y que son los grandes consumidores de medicamentos debido al envejecimiento acompañado de cronicidades y pluripatologías.

Para rematar el efecto sobre una política farmacéutica solo pensada en el ahorro de gasto público a costa de los pacientes y en parte de las oficinas de farmacia, se aprobó una desfinanciación de más de 400 medicamentos de mucho consumo y efectividad, que disminuyó de forma fulminante el número de recetas y el gasto, en más de 400 millones de euros (M€), medicamentos que han seguido en gran parte consumiéndose, con y sin receta, a precios mucho más elevados, pero sin financiación.

La sanidad pública afectada

El resultado fue devastador para la sanidad pública. No solo disminuyó el gasto, sino que generó una profunda desigualdad e inequidad al dejar fuera de la atención sanitaria a muchos ciudadanos inmigrantes, especialmente los que tenían situaciones no regulares, que se vieron absolutamente desprotegidos, con una mínimas cobertura. Vuelta a esa beneficencia tan querida por el nacionalcatolicismo. Poniendo a su vez en riesgo al conjunto de la población al debilitar la protección de la salud pública. Se disminuyeron las plantillas de personal, se aumentó la precariedad en el empleo, tanto por los incrementos de jornada no retribuidos, como por la temporalidad llevada a extremos nunca vistos. Disminuyeron en paralelo las plazas de formación tanto de MIR como del resto de profesionales.
Una clara política activa contra un servicio público esencial, uno de los más valorados, sino el que más, por la población y uno de los más reconocidos internacionalmente a pesar de sus defectos y dificultades conocidos y diagnosticados y que es preciso abordar, estando ahora en un momento de especial singularidad para afrontarlos.

Al cabo de 10 años y con un crecimiento de la economía sostenido a partir de 2014 se recuperó el presupuesto público sanitario en 2018 desde 2010, en una cifra próxima a los 72.000 M€ constantes, no reales, lo que significa una pérdida real debida a la inflación, superior en esta década, a los 15 puntos.
Con esta política frente a la sanidad pública, inevitablemente se resintió en alguna medida la calidad de los servicios. Se fue especialmente duro en el capítulo de inversiones, que ha quedado prácticamente en todo este tiempo en unas cifras testimoniales, con lo que significa de empobrecimiento tecnológico, al servicio sobre todo del diagnóstico, en un tiempo en el que la tecnología ha experimentado unos avances muy notables.

Listas de espera y gasto sanitario privado

Al mayor gasto de las familias en sanidad asistencial privada ofrece la sensación de empeoramiento de la sanidad pública, idea que no responde a la realidad

Una de las dificultades de un servicio público como el sanitario cuanto se le aprieta de esta forma y en un entono de empobrecimiento de una gran parte de la sociedad, es el aumento de las listas de espera, que debe claramente afirmarse que no forma parte estructural del modelo universal, sino que ese desajuste oferta-demanda deriva en gran parte de una inadecuada gestión, que en estos años ha sido claramente incentivada política e ideológicamente.

En este escenario de inequidad y de efecto redistributivo inverso, con mayores beneficios para la parte de más ganancia retributiva, o en general de rentas, mientras se bajaban los recursos de la sanidad pública, se han ido incrementando los gastos de esas familias en la sanidad privada, lo que era una de las consecuencias esperadas y deseadas de ese modelo ideológico, aprovechando la crisis como gran disculpa.

Cada año, hemos asistido, a partir de 2014, a crecimientos anuales del orden del 5-6% en el número de primas privadas sanitarias y, con ello, de incrementos simultáneos de ingresos de las compañías sanitarias privadas, que se han ido además reestructurando en sus papeles aseguradores y proveedores con importantes concentraciones. Al final en 2018, y pronto tendremos los datos finales de 2019, la sanidad privada representa más del 30% del total del gasto sanitario, lo que es totalmente excepcional en los modelos universales de nuestro entorno. Superaba con poco el 20% al comienzo de la crisis. Claro resultado de la política del PP.

A ese mayor gasto de las familias en sanidad asistencial privada, conviene tener claro que no solo afecta una mayor renta disponible de un segmento más beneficiado, sino también la sensación de empeoramiento de la sanidad pública que, además, no responde a la realidad, sino a la información sesgada e interesada sobre la misma, con especial atención a las listas de espera y su permanente utilización en la confrontación política, especialmente en las Comunidades Autónomas responsables de una gran parte de la asistencia sanitaria pública.

Respuesta profesional

Los datos objetivos reales de actividad, de atención, de calidad asistencial de la sanidad pública en estos duros años, ponen de manifiesto que todos los profesionales de esta han respondido de forma colectivamente ejemplar a tanto recorte y a tanta política de acoso. Así lo expresa también la ciudadanía en las encuestas de evaluación del sistema, y así lo siguen reconcomiendo en los organismos internacionales expertos, que siguen destacando la eficiencia del sistema publico español con sus defectos a corregir, pero con sus virtudes de servicio indiscutibles.

Esa política de favorecimiento político de la sanidad privada no ha tocado ni un céntimo de euro la desgravación de las pólizas sanitarias colectivas de las empresas, que también han sabido utilizar, ante los recortes salariales, como salario diferido las pólizas individuales o familiares no solo para frenar incrementos monetarios, sino para ofrecer una posibilidad de atención sanitaria que permitía huir del bien “utilizadas” listas de espera. De esta forma de los casi 8,5 millones de pólizas sanitarias privadas el 40% o algo más, ya son colectivas y son las que han experimentado un incremento superior a las individuales. El gasto fiscal que conllevan es importante para las cuentas de beneficios, especialmente, de las grandes empresas.

Modelo mutualista

Los datos objetivos reales de actividad, de atención, de calidad asistencial de la sanidad pública en estos duros años, ponen de manifiesto que todos los profesionales han respondido de forma colectivamente ejemplar

A eso debe unirse también el inmovilismo, durante todo este tiempo de crisis, del modelo mutualista de determinados empleados públicos a través de MUFACE, MUGEJU e ISFAS. Mientras se disminuían los presupuestos púbicos sanitarios, los presupuestos de estas mutualidades han seguido incrementándose en acuerdos con frecuencia bianuales, superando la inflación e incluso el crecimiento del PÎB en alguno momento. Estos modelos son herencias de un pasado no muy remoto, pero que no dejan de ser privilegios, aún más acentuados en momentos tan duros de ajuste del sector público en general y sanitario en particular que han tenido lugar.

Esos casi dos millones de beneficiarios totales, directos y familiares, aportan una base económica muy sustancial, del orden de 2.000 M€, de gran estabilidad a la sanidad privada, a pesar de su carácter sustitutorio, porque por la libertad de paso del sistema de aseguramiento privado al de asistencia pública en dos momentos a lo largo del año, se da mucha flexibilidad a esos colectivos, que no tienen el resto de los ciudadanos, ni tampoco el conjunto de empleados públicos.

Los claros defensores del modelo ponen legítimamente de manifiesto que esa posibilidad de elección entre la asistencia publica o privada, es voluntaria y la ejercen a favor de la privada el 80% de los mutualistas y que, además, descarga asistencialmente así al sector público, y no solo lo descarga, sino que le significa un importante ahorro, al ser menor la prima percibida del presupuesto público, que lo que este se gasta de media en la atención sanitaria pública. Si se hicieran en su conjunto bien todas las cuentas, mucho había que hablar sobre esta valoración. Diálogo que sería, además, conveniente y necesario para no vivir de espaldas entre ambos sectores.

Momento oportuno

El PP en estos años ha acompañado de forma coherente su política sanitaria con una minusvaloración del Ministerio de Sanidad

Por todo ello es un muy buen momento para que un gobierno progresista, con una destacada vocación social, con un objetivo nítido de lucha contra las desigualdades y, sobre todo, de reparación de las derivadas de la política neoliberal interesada del gobierno del PP y su gestión han incrementado, tenga una apuesta nítida por la potenciación de un departamento como el encargado de la política sanitaria, que es la política de la salud, de la salud pública en toda su complejidad, transversalidad y solidaridad. Un departamento que lleve la salud a todas las políticas, conociendo como conoce lo que a la salud global, como derecho constitucional reconocido, aportan otras muchas políticas: medioambientales, alimentarias, educativas, pero especialmente las derivadas de la ignorancia, la pobreza y la exclusión.

El PP en estos años ha acompañado de forma coherente su política sanitaria con una minusvaloración del Ministerio de Sanidad. Lo ha empobrecido en su estructura, no ha repuesto el personal necesario, ni lo ha incentivado, ha puesto al frente del mismo a personas de poca relevancia política, baste recordar a Ana Mato y a Dolors Montserrat como claros ejemplos. Su presupuesto ha sido insuficiente y su organigrama y competencias variables en función de ajustes coyunturales demandados por el partido y no por la función. Renunció a darle protagonismo y liderazgo, incluso cuestionando su necesidad dada la transferencia de competencias de gestión a las CCAA y queriendo convertir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en una más de las comisiones autonómicas o en un foro de debate político y de confrontación.

Del Sistema Nacional de Salud (SNS) lo que más ha querido poner siempre de relieve es el riesgo de su sostenibilidad económica. Un sistema que, por su importancia, por su significado, por los derechos que protege y coordina, no solo es sostenible por su propia naturaleza, sino incuestionable en su capacidad política, económica técnica y solidaria para toda la ciudadanía residente en España

El departamento que se ocupe de la salud es fundamental no solo por lo que significa el gasto público sanitario, superior al 17% del gasto público total, gestionado por las CCAA casi en su totalidad. Sino porque lo que se transfirió de forma global a partir de 2002, con lo que se mejoró de manera significa la equidad, fue la gestión de los servicios sanitarios, pero no las políticas del SNS, que está claramente definido en la ley General de Sanidad vigente desde 1984 y que llevó adelante el inolvidable ministro Ernest Lluch, como la integración coordinada y armónica de todos los dispositivos sanitarios asistenciales disponibles, empezando por los públicos de las CCAA y no olvidando los privados, que llevan ya casi 20 años desde entonces viviendo de espalda, o en falsa competencia con el Sistema y no asumiendo la necesaria y leal complementariedad que pueden, saben y deben aportar al conjunto de la ciudadanía.

Fernando Magro

Ex director general del Insalud

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