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Suspendida la instrucción del País Vasco que permitía a Enfermería vacunar sin prescripción médica

Por ser contraria al Real Decreto 954/2015

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha dictado una sentencia por la que confirma la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco de Salud del mes de mayo de 2016, que instaba a los profesionales de Enfermería de esta comunidad autónoma a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada, "una premisa contraria al Real Decreto 954/2015 que regula la prescripción enfermera", según informa el Consejo General de Enfermería.

"Esta sentencia del TSJ del País Vasco viene a refrendar un anterior Auto, dictado en noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Victoria-Gasteiz, que acordaba la suspensión cautelar de la Instrucción número 7/2016, de 2 de mayo, del Director General del Servicio Vasco de Salud", prosigue el organismo enfermero.

En la Instrucción número 7/2016 suspendida por esta sentencia del TSJ del País Vasco, la Consejería de Salud del Gobierno Vasco determinaba que los enfermeros del Servicio Vasco de Salud tenían la obligación de vacunar a los pacientes sin necesidad de exigir una prescripción médica individualizada de cada vacuna. Dicha Instrucción basaba sus argumentos en que el calendario vacunal o las campañas de vacunación se derivaban de una decisión adoptada por la autoridad sanitaria en materia de Salud Pública.

"Cabe recordar que el Gobierno Vasco no es el único que ha hecho valer dichos argumentos para obligar a los enfermeros a vacunar: este tipo de Instrucción ha sido replicada en prácticamente todas las comunidades autónomas con idéntica justificación y los argumentos han sido replicados por los consejeros de Sanidad de toda España y la Secretaría General del Ministerio de Sanidad, entre otras autoridades", expresa el Consejo General de Enfermería.
Una sentencia "demoledora"
Según este mismo organismo, la sentencia es "demoledora" al asegurar que la Instrucción "pretende evitar artificiosamente la aplicación del Real Decreto a algunos actos sanitarios”. Además, manifiesta que "donde realmente se observa lo artificioso del argumento es en la creación de una nueva acepción del verbo prescribir, ya que se dice que por el mero hecho de haberse introducido la vacuna administrativamente en el calendario de vacunaciones ya cabría hablar de prescripción".

"Este razonamiento serviría también para estimar prescritos todos y cada uno de los medicamentos permitidos en el sistema de salud y, por ello, en ningún caso haría falta ya la intervención del medico, odontólogo, ni del podólogo y dejaría sin contenido a las normas que expresa e inequívocamente reconocen a estos profesionales la facultad de expedir recetas, de prescribir, de individualizar el tratamiento indicando a cada paciente la medicación que debe utilizar, eso y no otra cosa es prescribir", prosigue la sentencia.
Satisfacción de los profesionales
La Mesa de la Profesión Enfermera -integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (SATSE)- muestra su satisfacción, ya que "la Justicia refrende lo que ya venía advirtiendo desde la aprobación en diciembre de 2015 del Real Decreto de Prescripción Enfermera: los cambios en el texto, introducidos a espaldas de la Enfermería, han tenido efectos perversos para el normal funcionamiento del sistema sanitario convirtiendo en 'ilegales' actuaciones cotidianas que garantizan el correcto y normal funcionamiento del sistema sanitario y la colaboración entre los distintos profesionales".

Las entidades enfermeras alertan de que, al poner en marcha lo dispuesto por el Tribunal, los usuarios del Sistema de Salud tendrán que ser previamente valorados por el médico para que los enfermeros puedan administrar una vacuna, "lo que va a acentuar, aún más si cabe, los problemas en la atención sanitaria hacia ciudadanos y pacientes, dado que, por otro lado, no se puede inducir a los profesionales, ya sean enfermeros o médicos, a mantener una actitud que provoque su inseguridad jurídica por acción o por omisión, respectivamente".

Por último, el Consejo General de Enfermería y SATSE añaden que "sólo la modificación de este Real Decreto devolverá a médicos y enfermeros la seguridad jurídica para propiciar el trabajo en equipo interdisciplinar garantizando los derechos de los pacientes". "Mientras no sea así, si un enfermero administra una vacuna sin que exista una prescripción previa del médico, estará vulnerando la legalidad y realizando una actividad que es competencia de otro profesional y, por tanto, podría estar cometiendo un delito de intrusismo profesional", concluyen.