Esta organización sindical insiste en "la urgente necesidad de dar una solución definitiva a un problema enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos". En la actualidad, "hay, de media, solo una enfermera o enfermero para atender a 100 personas privadas de libertad", denuncia.
"Transcurridos más de 15 años desde que se debía haber producido el traspaso de la Sanidad Penitenciaria, un total de 15 Gobiernos autonómicos siguen aún sin gestionar los servicios sanitarios que se ofrecen a las personas privadas de libertad en los centros de sus respectivos territorios, manteniéndose así una clara discriminación con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones", apuntan desde SATSE.
Ante esta "lamentable realidad", el citado sindicato reclama a Fernando Grande-Marlaska que "priorice las negociaciones con los Gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes. Las últimas informaciones apuntan que las conversaciones se encuentran bastante avanzadas en el caso de Andalucía, Baleares y Navarra", añade.