Durante un encuentro, celebrado en la sede del Defensor del Pueblo, las organizaciones lamentaron que las personas privadas de libertad tengan una salud "extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad", a pesar de que la ley establece que han de tener los mismos derechos, en lo que a atención sanitaria se refiere, que las personas libres.
"La práctica ha demostrado la ineficacia del sistema", aseguraron. Es por ello que una ley resolvió, en 2003, que las competencias tenían que ser transferidas a las comunidades autónomas. A día de hoy, denunciaron, solo el País Vasco tiene traspasadas las competencias y su "exitosa experiencia" avala una mejora para la sanidad de las personas internas.
"El deber de la administración y el correspondiente derecho de las personas privadas de libertad es el de garantizar la salud de estas personas que se encuentran bajo su responsabilidad, sin embargo, el Estado no cumple", afirmaron.
Entre los inconvenientes de la situación actual, que tanto los médicos como los defensores de los derechos humanos señalan en el informe presentado en el evento, está la dependencia de los facultativos del Ministerio del Interior, lo que en ocasiones hace difícil prevalecer el criterio médico, orientado a la salud del paciente, con el de la autoridad penitenciaria.
Medicamentos distintos al exterior

Al tratarse de Administraciones y sistemas distintos, ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena. "Entrar o salir de prisión es tanto como cambiar de país o, peor aún, como si durante ese tiempo el paciente no hubiera existido", destacan las organizaciones médicas y de Derechos Humanos.