Este es el contexto general en que se mueven las organizaciones sanitarias que se verán muy afectadas cuando se aplique la medida y que aseguran que no se pronunciarán al respecto hasta que no tengan la información del propio Ministerio de Hacienda, que ha trabajado junto con patronales sanitarias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para tratar de minimizar el estropicio
Manuel Vilches
En caso de que la jurisprudencia europea se tuviera que aplicar desde este mismo mes de enero sería adentrase en el peor de los escenarios posibles, tanto para la ya maltrecha sanidad pública como para la privada que ya echó números en su día y que, según el director general del IDIS, Manuel Vilches, que se lo tiene muy estudiado, supondría una pérdida del Ebitda (el resultado operativo del negocio) del 11 por ciento, un riesgo para el empleo (solo en el sector privado hay más de 20.000 profesionales) y un incremento de los costes y de los ingresos de facturación de más de un 1 por ciento. Todo ello llevaría, calcula, a que al menos un 18 por ciento de los hospitales privados se vieran seriamente afectados.
Todos saben que deberán aplicarlo, aunque esperan rebajar la intransigencia de Bruselas
Los cálculos de la sanidad pública, en caso de que IVA afectara a todos los productos sanitarios que marca Bruselas, son casi más desalentadores puesto que algunas de nuestras CCAA dedican casi el 50 por ciento a esta partida y en los momentos presentes están haciendo malabares para cumplir con proveedores y evitar más despidos en el sector. Los afectados están convencidos de que la normativa hay que cumplirla, puesto que el no aplicarla va acompañada de fuertes sanciones económicas, más el escarnio de la divulgación del incumplimiento, pero todos entonan “el pase de mi este cáliz”.Manuel Vilches sigue argumentando con resignación que la actual alerta no es otra cosa que la crónica de una muerte anunciada, si bien al igual que el resto del sector, argumenta que no es lo mismo que la subida se aplique en enero, en junio o a final de este mismo 2014. También alberga la esperanza de rescatar algunos productos de la estricta lista presentada por Bruselas. Son esperanzas fundamentadas en un grupo de trabajo en el que están la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Secretaría General de Sanidad, la Dirección General de Tributos y la patronal Fenin, que aglutina a 500 empresas (entre las que están IDIS y la FNCP que preside Cristina Contel).
La principal misión de esta agrupación ha sido tratar de mitigar el impacto de esta subida fiscal y rescatar al mayor número de productos de ir gravados al 21 por ciento. Por cierto que nuestros interlocutores hablan muy bien del comportamiento de las autoridades sanitarias e impositivas, por la comprensión que están mostrando en todo momento a los problemas que plantea la infausta medida. Uno de los escollos a los que pretende asirse el informe elaborado por funcionarios y empresarios es que las diferencias en el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) son “abismales” entre los países de la propia UE.
Grandes esperanzas
El informe que salió del trabajo de esta agrupación ya fue enviado a Bruselas y, según Vilches, se pidió que se reevaluara el alcance de la medida, para lo que envió una lista alternativa con los productos que creen que pueden quedar exentos del 21 por ciento y tributar en la modalidad reducida. Ahí es donde están puestas las grades esperanzas, tanto de las habitualmente autoridades impositivas como por parte de las sanitarias públicas y las privadas. Todos a una, ya que "nos afecta a todos", incide Vilches, que introducía el dato de que necesitan tiempo para poder acoplar el modelo de las nuevas facturaciones. Y el meollo de la cuestión está en que la directiva comunitaria establecía que tan solo se puede aplicar un IVA reducido a los productos farmacéuticos para el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, así como a los equipos médicos e instrumental para aliviar o tratar enfermedades para uso personal y exclusivo de minusválidos.Ante el panorama que se presentaba, el gobierno anterior hizo una interpretación mucho más amplia de esos dos conceptos. En el caso de los productos farmacéuticos extendió el tipo reducido a los principios activos y en el de los equipos traspuso lo que fijaba la normativa nacional del IVA. En esta última se incluían las gafas graduadas, las lentillas y todos los equipos y productos “que solamente puedan utilizarse para prevenir, tratar, diagnosticar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales”. Aquí entraban los costosísimos aparatos de rayos X, escáneres; además de vendas, camillas, tiritas o mobiliario sanitario.