Los Presupuestos Generales del Estado 2018 mantienen la pobreza y la desigualdad

Según la Alianza Española Contra la Pobreza y la Desigualdad

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La Alianza Española Contra la Pobreza y la Desigualdad, a la que pertenece la Federación de Asociaciones Para la Defensa de la Sanidad (FADSP), ha comunicado que considera que los presupuestos presentados por el Gobierno para 2018 reducirán, por tercer año consecutivo, la proporción del Producto Interior Bruto (PIB) que se destina a políticas como Sanidad, educación, dependencia, igualdad, cooperación y protección social.

Esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Ejecutivo en el Plan Presupuestario para 2018 que remitió a Bruselas el pasado 16 de octubre. Desde la Administración central se defiende la reducción argumentando que, en términos absolutos, la inversión en estos conceptos aumentará. Los datos, por su parte, apuntan a que el gasto total con respecto al PIB se encuentra en su nivel más bajo desde 2007.

Numerosos informes sobre la situación económica y social del Estado español reiteran, desde hace algunos meses que, aunque la recuperación de las cifras macroeconómicas indique que España salió de la crisis económica, la pobreza y la desigualdad generadas tras las diferentes reformas económicas y sociales aplicadas desde 2011 persisten.

En el comunicado emitido por la Alianza contra la Pobreza, se indica que las políticas de ajuste que se sucedieron desde 2009 profundizaron la brecha entre ricos y pobres. Entre 2008 y 2015, el 20 por ciento de la población más pobre vio reducidos sus ingresos en un 15 por ciento. Situación que se acentúa en las capas más vulnerables de la sociedad.
Elevar el capítulo de ingresos
Según los datos facilitados por el Gobierno, en Sanidad, a pesar del aumento de un 3,9 por ciento con respecto al presupuesto de 2017, las partidas continúan estando unos 350 millones de euros por debajo de su máximo histórico (2009). En este sentido, la Alianza señala que, si se analizan las partidas de los PGE 2018, se detecta que lo que realmente aumenta son aquellos fondos destinados a la privatización. Especialmente los relacionados con las mutualidades de funcionarios, que se sitúan en 2.249 millones de euros, 195 millones más que en 2009; un 9,49 por ciento más que en 2017.

Por su parte, la Alianza Española Contra la Pobreza y la Desigualdad considera que los PGE para 2018 llegan tarde y, sobre todo, no solo no abordan los graves problemas de pobreza y desigualdad del país, sino que los mantienen o los profundizan.

Dada esta situación, dicha Alianza insta al Gobierno de España a que tome medidas para elevar el capítulo de ingresos en los PGE, con el objetivo de conseguir los ingresos necesarios para destinarlos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Todo ello en un contexto en el que, además, la deuda pública para 2018 se estima que ascenderá a un 97,6 por ciento del PIB.